Economía
Suspenden giro de la UNGRD a La Guajira por $230.000 millones, en medio de escándalo de corrupción que salpica a más funcionarios
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó la decisión.
El escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es hasta ahora uno de los ‘incendios’ más grandes que hay en el Gobierno Petro y que, antes de sofocarse, se ha avivado con nuevas revelaciones y nuevos personajes involucrados en el caso de corrupción, que ya totaliza más de un billón de pesos destinados a coimas y otros rubros.
Tras la reciente publicación de un nuevo informe de Noticias Caracol, ahora uno de los funcionarios involucrados es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues este habría tenido pleno conocimiento de las maniobras con las que buscaban garantizar el dinero para la compra de congresistas, a través de la UNGRD.
Luego de conocerse algunas de las maniobras irregulares que varios integrantes del actual Gobierno habrían realizado para transar al Poder Legislativo, algunos altos tribunales han tomado decisiones frente a los giros que ya están programados para la entidad. Aunque algunos se han podido suspender, otros no han corrido con la misma suerte.
Hace algunas horas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) decidió suspender una transferencia por cerca de 231.000 millones de pesos, que fue ordenada por la misma Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, para el municipio de Uribia, en La Guajira. Dicha suspensión fue motivada por varias razones.
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Este despacho aseguró que se evidenció la ausencia de un plan de acción específico dentro del giro, además de la omisión del procedimiento de revisión y recomendación del Comité de Contratación y la expedición irregular de la resolución al no cumplir con los requisitos legales aplicables al momento de su expedición.
La medida, de acuerdo con información del mismo TAC, fue decretada precisamente para evitar un perjuicio mayor al interés público, pues aseguran que mantener la vigencia de la resolución podría resultar en una transferencia indebida de fondos públicos.
“Se observa que la demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, debido a que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) utiliza como derrotero para sustentar sus pretensiones que existieron irregularidades internas en actos de trámite que condujeron a la expedición de la Resolución n.º 144 de 26 de febrero de 2024, con vicios de nulidad”, dicta el documento del alto tribunal.
“Al ser inminente el desembolso de los doscientos treinta y un mil millones de pesos ($ 231.000.000.000), si se llegase a realizar el mismo perdería eficacia el presente medio de control haciendo nugatoria la sentencia”, sentenció.
Es por ello que el despacho decretó una medida cautelar de urgencia consistente en suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la resolución, los certificados de depósito presupuestal, así como los demás actos administrativos de trámite incluyendo los RC derivados de la resolución.
Es preciso recordar que el pasado 8 de julio el mismo tribunal tomó una decisión similar. Este ordenó la suspensión provisional de un giro por 180.000 millones de pesos que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres le iba a enviar al municipio de Girón, en el departamento de Santander.
El giro había sido firmado por el entonces subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, uno de los principales implicados en el escándalo por el contrato de la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira y que tuvo un costo de 67.000 millones de pesos.
El Tribunal avaló la solicitud de medidas cautelares presentada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que consideró que no existía justificación alguna para este millonario giro.
“En consecuencia, este Tribunal ordenará que también se suspendan provisionalmente los efectos del CDP 24-184, así como los demás actos administrativos de trámite, incluyendo los RC (Registro de compromiso), relacionados con la Resolución N.° 142 del 26 de febrero de 2024, hasta tanto se dicte sentencia”, señala la decisión que ya fue notificada.
