Economía
Tarifas de energía subirán hasta 8% en el país: la advertencia de los gremios al ministro de Minas
Varias asociaciones elevaron algunas peticiones por proyectos frenados en esa zona y nuevas tasas tarifarias.
Hace poco más de un mes, el gabinete del presidente Gustavo Petro sufrió un polémico movimiento. La salida de la ministra de Minas, Irene Vélez, quien provocó múltiples escándalos durante su paso por el cargo, debido a la inexperiencia en el tema y las salidas en falso con cifras e informes.
La funcionaria se apartó del cargo luego de que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra, luego de que Vélez hubiera presionado a un trabajador de Migración Colombia, para que este autorizara la salida irregular del hijo de la ministra. La Procuraduría también inició una indagación.
En su reemplazo, el actual mandatario designó al ministro Omar Andrés Camacho, quien ha sido fuertemente criticado dadas las dudas sobre su experiencia en el sector.
La misiva de gremios por preocupación en el sector energético colombiano
Recientemente, varios gremios enviaron una misiva a Camacho, debido a preocupaciones por el decreto de emergencia de La Guajira, aprobado hace algunas semanas por el presidente Gustavo Petro y su gabinete.
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Fueron nueve las asociaciones que firmaron la misiva, en la que se refieren específicamente al impacto que tendrá el Decreto 1276 de 2023, que establecería un nuevo régimen tarifario diferencial en ese departamento. “Nos permitimos plantear algunas consideraciones e impactos estimados de la implementación de las medidas establecidas en el decreto”, dijo la carta.
Al inicio de la misiva, los gremios reconocen la importancia del departamento de La Guajira para el país, además de la transición energética de Colombia. Asegurando que muchas compañías han concentrado grandes esfuerzos e inversiones, inclusive superando el alcance energético y de obligaciones, para apoyar al Estado en su tarea de garantizar la cobertura de las necesidades básicas.
Por esa razón hacen un llamado urgente por la entrada en operación de los proyectos de generación y transmisión de energía. Estos no solo permitirían ampliar la oferta eléctrica del país, sino también la creación de nuevos empleos.
Reconocen además que la atracción de nuevas inversiones puede aumentar las condiciones de prosperidad de la región, que calificaron como “un polo de riqueza en los años por venir”.
Se refieren además a los retrasos respecto a la fecha planteada inicialmente para operar. Aseguran también que existen algunas medidas que tomó el decreto y que no son “conexas, ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica”.
Además de eso, los gremios aseguran que la mayoría de las disposiciones causan un impacto negativo, en especial para los usuarios. El primero de ellos es el cambio en el cargo por confiabilidad, que estaría afectando a largo plazo a los usuarios, debido a “injerencias en la libre competencia en la oferta, la formalización eficiente de los precios, la seguridad jurídica de los prestadores y la confianza de los inversionistas”.
Además de ello, también se precisa una preocupación por el denominado “Aporte Departamento de La Guajira”. Con esta medida se hace un cobro de $1.000 obligatorio por factura para usuarios de estratos 4, 5 y 6. Además, se hace un recaudo de $5.000 para usuarios comerciales e industriales.
Respecto a la subida de tarifas de energía, aseguraron que debido a la suspensión de varios contratos adjudicados en 2019 y 2021, se generarán incrementos en las tarifas de gran parte de los usuarios del país, de entre un 3 % y 8 %.
“Este incremento representa, hasta diciembre próximo, mayores costos para cerca de 16 millones de hogares del país, incluyendo los de La Guajira, cercanos a los 170.000 millones de pesos mensuales”.
Esta medida, según el documento, impone una carga adicional a los usuarios, contradiciendo además el Pacto por la justicia tarifaria, que buscaba precisamente generar alivios en las facturas de electricidad de todos los colombianos.
“Este aporte ocasiona riesgos de aumento de cartera para los comercializadores, que se suman a las dificultades financieras antes mencionadas por los saldos acumulados de la opción tarifaria”, dice la carta.
La carta terminó por agradecer la atención por los planteamientos realizados, asegurando que buscan aportar a la construcción de soluciones para el departamento y a su vez minimizar los impactos para la zona.
