Tarifas del gas podrían aumentar 32%, con construcción de la Regasificadora del Pacífico: Contraloría

La construcción de la Regasificadora del Pacífico sigue dando de qué hablar. Son muchas las dudas que persisten acerca de la viabilidad del proyecto. Sobre todo, porque desde varios sectores consideran que aún no está clara la necesidad de esta billonaria inversión, para adelantar un proyecto que se encuentra en proceso de adjudicación.

Ahora, la Contraloría General de la República hizo lo que se denomina como función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno Nacional, frente al proceso de convocatoria pública de la Regasificadora del Pacífico que se está llevando a cabo y que fue aplazado hace pocas semanas.

Para el ente del control, existen varios riesgos en torno al proyecto. En primer lugar, aseguran que el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 por ciento en tres años.

Adicionalmente, de acuerdo con la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, se identificó riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria.

Si bien el Gobierno y particularmente la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) basados en estudios técnicos, han afirmado que esta planta es necesaria para cumplir con el abastecimiento de gas en el país para el 2024, son muchas las dudas al respecto.

“Llama la atención a la Contraloría que la UPME plantee la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024, toda vez que si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit”, dice la Contraloría.

El ente de control fiscal asegura que en el estudio de la UPME se contradice, pues por un lado se dice que el país tiene 9 años de reservas de gas de producción nacional, y por otro asegura que el déficit de gas en el país se presentaría en el 2024 y por eso sería necesaria la planta.

Y es que vale la pena recordar que la planta de regasificación tiene un costo de 400 millones de dólares y además el gaseoducto que se necesitará para llevar el gas importado de Buenaventura a Yumbo costará 161 millones de dólares. A esto hay que sumarle la infraestructura de compresión de 150 millones de dólares, lo que significaría un costo total de 711 millones de dólares.

Por eso, la Contraloría le envió una comunicación al ministro de Minas, Diego Meza, en el que advierten que si bien es cierto que la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan.

“Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”, explica la Contraloría.

En ese sentido, la Contraloría indicó que el impacto tarifario que tendría la planta es preocupante, pues la UPME esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado.

“Ejemplifica así que, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32% en tres años, situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible”, asegura la Contraloría.

Pero cabe destacar que no solo la Contraloría ha hecho llamados para que se le ponga la lupa a este proyecto. Desde Naturgas, han afirmado que el país debe priorizar la producción local de gas natural, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el país en costa afuera, yacimientos convencionales, y no convencionales. Y han pedido que se hagan nuevos estudios sobre la ubicación y la eficiencia económica del proyecto.

“Le hemos planteado al Gobierno nacional que, antes de adjudicar la nueva planta de regasificación, se determine la demanda a beneficiar y se encuentren eficiencias económicas que protejan a los usuarios, al sector y le den competitividad al gas natural. Hemos insistido también en la necesidad de reconocer la participación del sector térmico del interior del país en el proyecto, ya que este tendría un uso esperado del 66% de la capacidad”, afirma Andrés Sarmiento Grisales, presidente encargado de Naturgas.