Traslados a Colpensiones implicarán la salida de $13 billones de los fondos privados de pensiones en 2023, dijo MinHacienda, Ricardo Bonilla

Como un desorden catalogó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el traslado de cotizantes a pensión, desde los fondos privados a Colpensiones, situación que continúa y en volúmenes altos.

Así lo sostuvo el funcionario que dirige las finanzas públicas del país, durante un foro convocado por el Congreso de la República, para escuchar a todas las partes, de cara a la evolución del trámite de la reforma pensional.

De hecho, Bonilla presentó sus cuentas y estimó que, si en 2022 se trasladaron cotizantes de las AFP (Fondos privados de pensiones) que llevaron 11 billones de pesos a Colpensiones, en 2023 se estima que la cifra alcanzará los 13 billones de pesos.

Para el ministro de Hacienda, “el desorden en los traslados genera preocupación” y es, de hecho, uno de los puntos claves del proyecto de ley que radicó el gobierno, para reorganizar el sistema pensional que, en la actualidad, tiene la ecuación al revés: mucho gasto, poca cobertura, inequidad al subsidiar más a las altas pensiones y desamparo de millones de personas que no lograron cotizar para un seguro en la vejez.

Ser afiliado es solo un número

En la presentación realizada por Bonilla, durante la audiencia pública, salieron a relucir las cuentas que evidencian los problemas de sostenibilidad que tiene el sistema pensional. “Ser afiliado es solo un número, una cuenta”, sostuvo el ministro.

Esto se refiere a que hay 25 millones de afiliados en total, 18 millones de ellos en los fondos privados y 7 millones en el modelo público de aseguramiento en pensiones que maneja Colpensiones. “Esa cifra está por encima del total de la población económicamente activa”, dijo Bonilla, lo que implica que si todos aportaran, sería el escenario ideal, pero la realidad es otra. “De 18 millones de afiliados en el esquema de ahorro individual que administran las AFP, solo son cotizantes permanentes 7 millones. En Colpensiones hay 7 millones de nombres, pero solo ponen recursos 3 millones”.

Teniendo en cuenta que las normas en términos de ahorro pensional en Colombia señalan que no se puede sacar la plata hasta cumplir la edad de pensión, permanece allí, pero no aumentan los recursos.

Ahora bien, luego de que en 1993, cuando se aprobó la reforma al sistema, a través de la Ley 100, hubo una estampida de gente hacia los fondos privados recién introducidos en el esquema, porque la gente quería salir despavorida del Seguro Social. No obstante, 30 años después la situación es al revés. “Desde 2010 se observa una salida masiva hacia Colpensiones. En los últimos 10 años se han venido 85 billones de pesos de los fondos de capitalización hacia Colpensiones”.

Tras poner en el debate que el traslado hacia Colpensiones sigue dándose, Bonilla dijo que si no se hace reforma, la situación continuará. “No se necesita una fuerza de ventas para que la gente llegue de un lado a otro”. Lo complejo es que, a todas luces, esos traslados de manera desordenada no son benéficos para las finanzas públicas.

Hay que recordar que en la reforma pensional, la propuesta es que se pasen todos los cotizantes que están en los fondos privados, que tienen ingresos de hasta 3 salarios mínimos, a Colpensiones, con lo cual, se pretende reducir la destinación de recursos que tiene que hacer el Estado, para subsidiar pensiones altas.

Justamente, ese ha sido uno de los puntos más controversiales en el debate que hasta ahora ha tenido el proyecto de ley, pues, desde el lado técnico, varias voces argumentan que ese umbral desde el cual se pasarán los cotizantes, desde lo privado a lo público, debería ser menor, de 1 o 1,5 salarios mínimos, según sostuvo Fedesarrollo en la audiencia, pero la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha manifestado que si se baja el umbral, no tendría sentido la reforma.

En medio de esas polémicas está la reforma, que, según mencionó en la audiencia el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, avanza hacia la construcción de la ponencia definitiva, que sería radicada y aprobada para surtir su segundo debate en el Legislativo.