Colpensiones: así será el desafío de asumir traslados exprés de afiliados a fondos privados

Durante estas semanas, Colpensiones ha salido a relucir, tanto por las dos decisiones que tomó la Corte Constitucional alrededor del llamado Piso de Protección Social, como por la polémica medida incluida en el Presupuesto de 2022, para autorizar los traslados exprés desde los fondos privados hacia el régimen público, así se haya pasado la edad reglamentaria prevista en la ley vigente: 47 años en mujeres y 52 en hombres.

Los traslados no son una novedad para Colpensiones. La entidad, que este año pagará mesadas por 40 billones de pesos, recibió 64.000 trasladados en 2020 y la cifra en 2021 superará los 100.000. Sin embargo, el artículo incluido en el proyecto de Presupuesto no deja de ser un desafío, según dijo Juan Miguel Villa, presidente de la entidad, quien habló de ese y otros temas relacionados con uno de los tópicos más sensibles para los colombianos: las pensiones.

SEMANA: Los fondos privados de pensiones sostienen que el traslado incluido en el proyecto de Presupuesto 2022 solo beneficiará a los ricos, que reciben pensiones altas y en el régimen público son subsidiadas. ¿Está de acuerdo con la propuesta de traslado exprés incluida en el proyecto de Presupuesto?

JUAN MIGUEL VILLA: Estoy de acuerdo con lo que definan los ministerios de Hacienda y de Trabajo en cuanto a pensiones. Mi misión es desplegar todo el operativo para que se cumpla lo que se disponga en materia de política pública. Cumplimos la ley, no la hacemos.

SEMANA: Pero, técnicamente, ¿le parece viable recibir 19.000 traslados, con los que probablemente habrá que poner plata para completar los ahorros que traen de los fondos privados?

J.V.: El régimen de prima media está definido desde la ley 100 de 1993 para que la gente tenga una pensión liquidada, según el promedio de los últimos 10 años, partiendo del ingreso base de cotización. Obedeciendo a esa disposición es que también se prohíbe que la gente se pase de un lado a otro si no toma la decisión 10 años antes de cumplir la edad. Se trata de no distorsionar la fórmula con la cual Colpensiones liquida las pensiones.

Ahora, el Ministerio de Hacienda tendrá otras consideraciones. Si a mi me preguntan si es conveniente diría que lo conveniente es lo que defina el Gobierno nacional, pero en cuanto a Colpensiones, le corresponderá hacer la liquidación de pensiones con esas distorsiones.

SEMANA: ¿Colpensiones está preparada para el traslado, si se aprueba la medida en las plenarias del Congreso?

J.V.: Es un desafío operativo para poder adaptar la llegada de los nuevos con ese tipo de traslado (750 semanas cotizadas y más de 47 años en el caso de las mujeres o por encima de los 52, en el de los hombres).

SEMANA: Es decir, ya está resignado…

J.V.: No es un asunto de resignación, es un reto para la entidad. En condiciones normales lo hacemos. El año pasado se pasaron 64.000 personas de los fondos privados a Colpensiones.

SEMANA. ¿Eso fue a punta de demandas?

J.M.V. No. Por vía administrativa normal. Con doble asesoría. Del lado contrario, de Colpensiones a los fondos, se pasaron 980. Eso habla de la confianza que tienen los colombianos en la entidad.

SEMANA. Los críticos dicen que la gente se pasa para Colpensiones porque en el régimen público se subsidia la pensión y en los fondos les dan solo lo que ahorraron…

J.M.V. Nadie va tras un subsidio donde no se sienta a gusto.

SEMANA. ¿Cree que si pasa esta medida tiene riesgo de ser tumbada en la Corte Constitucional? Ya este alto tribunal lo hizo con decretos emitidos en la emergencia sanitaria, y dijo que no le juntaran temas pensionales con otras normas...

J.V.: Es probable que lo demanden, pero este tema está en el proyecto de Presupuesto porque también es una disposición presupuestal.

SEMANA: Es una medida que genera gasto y el Gobierno está hablando de ajuste en el gasto...

J.V.: El Presupuesto de la Nación es de ingresos y de gastos. En el caso de los traslados, ingresan los ahorros que traen los afiliados y, por otro lado, se gastan en las pensiones.

SEMANA: ¿A Colpensiones le conviene tener esa liquidez de los traslados? ¿La pueden usar?

J.V.: Más que a Colpensiones, la evaluación de si es conveniente o inconveniente le corresponde a la nación. Sobre si se puede usar o no, la plata de la seguridad social es de la seguridad social. Pasa a Colpensiones y se paga el año entrante en pensiones, como es la razón de ser del régimen de prima media.

SEMANA: ¿Cuántas demandas por ineficacia del traslado hay contra los fondos, teniendo en cuenta que Colpensiones debe ser notificada?

J.V.: Hay 40.000 demandas en contra de las AFP. Nos vinculan los jueces, condenan a la AFP y ordenan a Colpensiones recibirlos. Cumplimos las sentencias judiciales. En el 92 por ciento de los casos, las acciones jurídicas se resuelven a favor del demandante. Casi nunca gana la AFP.

SEMANA: Aunque también Colpensiones sale a relucir por ser una de las entidades más entuteladas. ¿Cuántas hay?

J.V.: En 2018, cuando llegué a Colpensiones, se recibían al año 58.000 tutelas en contra de la entidad. Alegaban por prestación económica, pagos de incapacidades o medicina laboral. En 2020 cerramos con 32.000 tutelas. Hemos reducido sustancialmente esas cifras, respondiendo con más eficiencia para que la gente no tenga que acudir a tutelas.

Sin desconocer que el número sigue siendo alto, ha sido un alivio. También en demandas. Teníamos 90.000 en contra y de todo tipo: por reliquidaciones e incrementos pensionales; hoy estamos en 67.000.

SEMANA: ¿Por qué los fondos privados tienen tan pocos pensionados?

J.V.: Colpensiones va a pensionar este año a 75.000 personas, los fondos llevan 200.000 en 27 años. Pero hay una razón clave: la población afiliada a las AFP es un poco más joven.

SEMANA: Con todo ese tema de demandas, de fraudes con pensiones que se reclaman sin tener derechos y similares, deben existir sobrecostos. ¿Cómo está Colpensiones financieramente?

J.V.: La administradora está muy sólida. Recibió calificación AAA de Standard & Poor’s. Tenemos 247.000 millones de pesos en excedentes financieros. En 2018 eran 126.000 millones. Es decir, casi duplicamos la cifra. Y aún con esos excedentes financieros somos la administradora más barata. Las privadas les cuestan a los afiliados 1,29 por ciento del aporte. Nosotros cobramos en promedio 0,77 por ciento. Los excedentes implican que tenemos más plata de administración que se traslada –por ley– a pagar pensiones.

SEMANA: Pero los ahorradores no reciben ningún beneficio por los excedentes y es lo que ponen de presente los fondos privados…

J.V.: Pero nosotros administramos el Piso de Protección Social, para tenderles la mano solidaria a los que no tienen y con la cual estamos comprometidos.

SEMANA: Hablemos del Piso de Protección Social, porque aunque suena como algo bueno para la gente, ha motivado demandas que llegaron a la Corte Constitucional.

J.V.: Las personas que ganan más del salario mínimo tienen derecho a toda la seguridad social: salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación. En cambio, quienes ganan menos, y que son casi la mitad de los trabajadores del país, no tenían acceso a nada.

Este Piso de Protección Social, como su nombre lo indica, es para que ellos comiencen a hacer las contribuciones a seguridad social por medio de un mecanismo flexible, que tiene dos esquemas: uno obligatorio, para los empleadores, y uno voluntario, para las personas que trabajan por cuenta propia y que son independientes.

Considero este Piso de Protección Social como el hito más importante para la seguridad social desde el principio del siglo pasado, cuando se empezaron a sacar leyes sobre el tema y se le dio forma con la creación del ISS, en 1946. Desde ese momento hasta ahora, no se había hecho nada por esa gran proporción de trabajadores que llegan a viejos sin una semana cotizada.

SEMANA: ¿Cómo es el mecanismo, porque no es muy fácil que alguien que gana menos del mínimo pueda disponer de plata para ahorrar?

J.V.: Las personas que ganan menos de un mínimo ya tienen salud subsidiada, pueden ahorrar para la vejez por medio de los Beps y si además se acogen al Piso de Protección tienen un seguro inclusivo que los cubre durante 30 días con una indemnización ante alguna contingencia, como una hospitalización, una enfermedad grave o un amparo exequial. Con el Piso de Protección la persona puede aportar individualmente, desde 5.000 pesos, en el momento en que quiera, diario, semanal, mensual. Pero cuando alguien lo contrata, por ejemplo, con una remuneración de 100.000 pesos para realizar un trabajo de jardinería, el empleador debe aportar el 15 por ciento: 15.000 pesos adicionales al pago por la labor.

SEMANA: Hubo cierta confusión por dos sentencias distintas sobre el Piso de Protección Social que emitió la Corte, luego de una demanda que lo consideró discriminatorio. ¿Cuál es la situación de la norma?

J.V.: El Piso de Protección Social comenzó su operación el primero de febrero. La Corte revisó ese artículo que estaba en el Plan de Desarrollo y emitió dos sentencias, la primera se refería a la forma, es decir, por qué esta medida fue incluida en el Plan y no en una ley por sí sola. Esto fue lo que declaró inexequible, pero la decisión fue diferida a dos años para que, en ese lapso, el Gobierno y el Legislador puedan hacer el trámite por la vía legislativa. Mientras tanto, el piso tiene vida. La segunda sentencia sí fue de fondo.

La Corte estableció que el Gobierno puede amparar a las personas que no tienen nada, pues esa tarea hace parte de la política social; por lo tanto, valida el Piso de Protección Social como una alternativa para quienes ganan menos del salario mínimo. Cuando conocimos esa exequibilidad prendimos los motores, y en la actualidad ya hay 8.000 personas acogidas al Piso de Protección Social. Ojalá podamos llegar a cubrir los diez millones de colombianos que actualmente ganan menos del salario mínimo.