Un salario mínimo con un riesgo máximo

El salario mínimo para el año 2024 fue finalmente fijado de forma unilateral a través de decreto por el gobierno nacional en 12.07% para establecerse en un total de $1.300.000. El auxilio de transporte subió un 15% y se ubicó en $162.000. Este incremento no logró ser concertado entre los representantes de los trabajadores, los gremios y el gobierno y, de hecho, ha provocado serias -y fundadas- advertencias por parte del sector productivo.

En efecto, durante todas las sesiones de negociación los gremios económicos se mostraron altamente preocupados por un incremento del salario mínimo que fuera potencialmente peligroso para la generación y conservación de empleo formal y pusiera en peligro la sostenibilidad de las empresas. Hay que recordar que la postura formulada postreramente por los gremios en aras de intentar favorecer una concertación fue de 11.5%, cifra que incluso fue muy superior a la que era considerada “óptima” para la conveniencia económica del país. No obstante, fue desoída por el gobierno nacional.

No se discute que muchas familias colombianas pasan cotidianas afugias para cubrir todos los gastos inaplazables que deben atender. Sin embargo, un incremento económicamente irrazonable del salario mínimo resulta siendo un remedio peor que la enfermedad, porque pone en gravísimo riesgo el empleo formal y arroja a miles (o millones de personas) a la informalidad, es decir, a la desprotección social.

Los defensores gobiernistas de un incremento del salario mínimo alto argumentan que entre más salario se ponga en los bolsillos de los trabajadores más dinero circulante habrá en la economía, y por ende, mayor consumo. Esto haría que las empresas produzcan más y, entonces, por esta vía reactivar la economía.

Empero, los datos que suelen soslayar los optimistas de la demanda agregada es que el efecto perverso que ello puede generar es un potentísimo desincentivo a la formalidad, allanar el camino para la informalidad (que hoy en día es nada menos que del 55%) y disparar la inflación (que golpea principalmente a las clases menos favorecidas).

De otro lado, no se puede perder de vista que el 45% de los trabajadores del país ganan menos de un salario mínimo (incluidos los informales, autoempleados, independientes y tiempo parcial), lo que convierte en un espejismo el efecto real de la cobertura del incremento del salario mínimo, por lo que el foco debe estar en otras políticas públicas como el incremento de la productividad laboral y la creación de empleo formal.

Y, como si ello fuera poco, precisamente la productividad (otro de los elementos a tener en cuenta para la definición del salario mínimo) tuvo un valor negativo según las cifras que el mismo DANE compartió a la mesa de concertación y aguaron la fiesta. Conforme esta entidad, la denominada Productividad Total de los Factores (PTF) fue del -1%, la productividad por hora de 0,76% y por trabajador ocupado fue -0,7%.

El incremento del 12.07%, entonces, si bien para los trabajadores va a resultar siempre insuficiente, es una bandera roja de muchísimo peligro para el sector productivo dado que los esfuerzos de avanzar en la formalización laboral y la creación de empleo se podrán ver seriamente afectados en el corto y mediano plazo.

Para una consolidación económica de largo aliento lo que el país requiere es un tejido empresarial cada vez más sólido y capaz de generar nuevos empleos formales y crear riqueza, por lo que los mayores obstáculos a la formalidad (como el salario mínimo alto) va en franca contravía a aquellos propósitos.

Celebrarán con legitimidad un puñado de trabajadores que podrán efectivamente contar con un mayor ingreso por su servicio, pero el júbilo de hoy podrán ser las lágrimas de mañana si no existen más y mejores políticas públicas económicas para facilitar la expansión del sector privado.

Por: Carlos Arturo Barco Alzate

Socio Director de Litigios y Formación

Álvarez Liévano Laserna