Víctimas del conflicto claman por vivienda, mientras la plata está en fiducias: Contraloría

Un exponencial crecimiento ha tenido en Colombia el universo de víctimas del conflicto armado. A las que ya tenía el país, se suman las que surgen como producto de la agudización de enfrentamientos en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales.

El fenómeno más común en estos casos es el desplazamiento masivo, alrededor del cual las cuentas presentadas por los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo señalan que se duplicaron las estampidas de personas que huyen de la violencia en 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Se necesitarán $328 billones

En el listado de víctimas hay 9 millones de personas, de las cuales 7,3 millones son sujeto de derechos, según sostuvo el contralor general Felipe Córdoba, quien alertó sobre la insuficiencia de los $135,5 billones destinados por el Gobierno nacional para la reparación, desde 2012, cuando se implementó la ley a la que le hicieron seguimiento este miércoles.

De hecho, un cálculo realizado por el organismo de control da cuenta que de aquí a 2031 se necesitarán más de $328,3 billones para indemnizaciones, vivienda, alimentación, retornos y ubicaciones.

Entre los datos presentados –en este componente, por la Defensoría– se evidencia que, “durante el primer semestre de este año se han registrado 102 eventos de desplazamiento masivo, con 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias que han tenido que movilizarse a otros lugares por huir de los efectos del conflicto armado. En el mismo periodo del año anterior se registraron 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias”.

¿Qué pasa con la vivienda?

La reparación de las víctimas requiere un tratamiento integral. Sin embargo, el tema de la vivienda es crucial, pues, por lo general, son personas que salieron despavoridas de sus tierras, asustadas, sin saber a dónde ir, muchas veces a engrosar los cinturones de pobreza en las grandes urbes. Por ello, en particular, el contralor general destacó lo que está sucediendo con la vivienda para las víctimas, pues, si bien entre 2012 y 2021 se han asignado 107.585 subsidios, la cifra de hogares víctimas en lista de espera es de 1 millón de familias.

Otra situación que se presenta alrededor de la vivienda para las víctimas, según el contralor, es que hay 10.414 subsidios familiares de vivienda urbana sin legalizar.

La efectividad en la entrega de subsidios no es precisamente la mejor. “De 64.708 hogares víctimas que calificaron en las convocatorias de 2004 a 2007, solo al 33 % han recibido efectivamente el subsidio de vivienda urbana”, dijo el contralor.

Agrega que “en marzo pasado 43.354 hogares estaban pendientes de la asignación de los subsidios”.

Pero, eso sí, lo que más llama la atención al organismo de vigilancia y control es que mientras las víctimas están necesitadas de un techo, los recursos para sus viviendas estén anclados en cuentas de ahorro y fiducias.

Los números hablan por sí solos

De acuerdo con los resultados del seguimiento presentado este jueves por las entidades que son parte del Ministerio Público, “desde 2003 hay en cuentas de ahorro programado, 21.408 subsidios de vivienda urbana teóricamente ya asignados, por $317.113 millones”.

Entre tanto, en fiducias permanecen 12.375 subsidios asignados por $527.855 millones.

En 2020 no se movió la aguja de la meta

Si bien 2020 fue un año de bajo ritmo para todo, en lo que tiene que ver con subsidios de vivienda rural, las cifras son bajas. “Se asignaron únicamente 12 subsidios de vivienda rural, de una meta de 7.250 establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020″, estableció la Contraloría.

Entre tanto, en el Banco Agrario están pendientes por entregar 11.946 subsidios de vivienda de interés social rural.

A ello se le suma que la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A., por su parte, debe hacer entrega efectiva de 8.999 subsidios, expresó el organismo.

El llamado

En ese contexto, el llamado general al Gobierno nacional es a “redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para atención y reparación de las víctimas del conflicto”.