Se contagió la productividad

Decir que Colombia es un país de baja productividad se ha vuelto un lugar común, y un caballito de batalla cada vez que se negocia el aumento del salario mínimo. Las estadísticas internacionales no solo evidencian que acá se trabaja en promedio más horas a la semana que en otras naciones, sino que, además, en ese lapso a los trabajadores les rinde menos que a sus colegas de otros países.

Inicialmente, se pensó que con la pandemia, los aislamientos y la forzada digitalización de miles de procesos se habría impactado positivamente la productividad de Colombia, pues muchas empresas aprendieron a hacer más con menos; no obstante, un reciente análisis del Consejo Colombiano de Seguridad sostiene lo contrario.

Se estima que cerca de 3 millones de personas de entre 18 y 62 años, que son las que se consideran en edad de trabajar, han tenido covid-19. Si se tiene en cuenta una ausencia laboral de 14 días por causa de la enfermedad, en el Consejo estiman un millonario efecto económico.

“Considerando como referencia un salario mínimo y un factor prestacional de 1,56 por 14 días, el impacto económico de la pandemia sobre la productividad llega a 1,92 billones de pesos”, sostienen en la entidad, y añaden que si bien todos los trabajadores contagiados no se ausentan los 14 días –unos más y otros menos–, se deben sumar las situaciones fatales, que no solo afectan a la familia y al entorno de los fallecidos, sino también su trabajo y al sector productivo.

A esto se agregan las dudas con respecto a las incapacidades a cargo de las EPS, pues existe la idea de que el año pasado, cuando eran pocos los casos, las personas contagiadas tenían días para recuperarse así teletrabajaran. Pero ahora que los casos han aumentado exponencialmente, son más los infectados que deben seguir laborando desde sus casas, sufriendo toda la sintomatología de una ‘gripa severa’.

En las EPS aclaran que esa es una percepción errónea, pues la covid-19 no ha sido ni es considerada una enfermedad incapacitante, como lo es la gripa, y al igual que esta, solo si el caso es de gravedad se da incapacidad. Lo que sí establece la ley, y en particular el Decreto 1374 de octubre pasado, es que quienes se contagien de coronavirus deben ser priorizados para teletrabajar.

Sin embargo, no quedó muy claro quién responde por los afiliados al régimen contributivo, cuyo empleo no permite el trabajo en casa (celadores, vendedores, cajeros, etcétera). Necesariamente, se deben aislar, así la enfermedad sea leve, y al no ser declarados incapacitados por las EPS, en teoría sería el empleador el que debe pagar los salarios de quienes no pueden asistir al trabajo, un pedido complicado si se tienen presentes las dificultades que vive hoy el sector productivo del país.

En el único caso en que la covid-19 se considera una dolencia laboral, y, por ende, implica incapacidad sin importar la gravedad, es en los empleados del sector salud. En ese grupo quien paga la incapacidad es la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Precisamente, uno de los ramos cuya productividad se ha visto más impactado por la pandemia es el de la salud. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Salud del Consejo Colombiano de Seguridad, en 2020 las enfermedades laborales calificadas entre estos trabajadores crecieron más del 7.300 por ciento (35.242 dolencias más que en 2019). Además, 58 empleados del sector salud murieron por causas asociadas al trabajo, 55 casos más que en 2019.

Datos del Instituto Nacional de Salud indican que durante 2020 se registraron 47.450 casos de covid-19 en el personal de la salud, y en lo corrido de 2021 (al mes de mayo) se han presentado 9.298 casos.

“Tomando en cuenta las mismas consideraciones planteadas para el análisis del impacto económico de la pandemia por ausencia y aislamiento de los trabajadores a nivel nacional, el impacto en el sector salud el año pasado fue de más de 30.322 millones de pesos, y en 2021 asciende a más de 6.149 millones”, sostienen en el Consejo, y aclaran que esas estimaciones no contemplan el impacto de periodos de ausencia prolongados ni la muerte de trabajadores, lo que implica más secuelas en la productividad.

“Es necesario armonizar las medidas de reactivación económica con las acciones para la protección de la salud de los colombianos; este impacto económico puede marcar una necesidad urgente para fomentar el empleo, mejorar la productividad y aumentar la actividad social y económica, pero no se puede descuidar la bioseguridad y demás acciones que prevengan el contagio porque se puede agudizar el impacto sobre el sector salud”, asegura Adriana Solano L., presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad.

Rezago en ocupados

Este informe sobre productividad coincide con el más reciente reporte del mercado laboral del Dane, en el que si bien se evidenciaron mejoras entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2021, también se conoció el rezago que aún tiene el país frente a las épocas de prepandemia.

La tasa de desempleo se redujo de 21,4 por ciento en mayo de 2020 a 15,6 por ciento un año después. Pero si se compara con mayo de 2019, se ve que aún falta mucho por mejorar, pues en ese momento la desocupación era del 10,5 por ciento. Paralelamente, se evidencia una brecha aún grande en generación de trabajo. El número de colombianos ocupados –que para algunos expertos es un indicador más diciente que el del desempleo– pasó de 22,1 millones en mayo de 2019 a 17,2 millones en el mismo mes de 2020, y, luego, a 20,4 millones este año. Esto ratifica que la recuperación sigue siendo insuficiente, ya que todavía faltan 1,6 millones de ocupados para alcanzar el nivel de hace dos años.

“El desafío es crear esos 1,6 millones de puestos, algo que no es fácil, y menos en un país como Colombia. Es un reto de política pública muy importante; hay que buscar cómo llenar esa brecha, que es uno de los motores del descontento social que vive hoy el país”, dice Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas para la Región Andina en BTG Pactual.

Al presentar estas cifras, el director de Dane, Juan Daniel Oviedo, pidió que en las políticas para fomentar el trabajo se tenga en cuenta un enfoque de género, pues desde 2019, por cada tres hombres que perdieron su puesto, siete mujeres se vieron en la misma situación.

La pandemia no solo ha afectado el mercado laboral en el frente del desempleo; también en las horas trabajadas de quienes siguen con puesto. En mayo de 2020, 7,93 millones de personas dijeron haber laborado menos horas, y de ellos, 5,14 millones lo atribuyeron a una reducción de la actividad económica de su empresa, y 156.000, a enfermedad, permiso o licencia por covid. En mayo de 2021 se redujo a 3,19 millones el total de personas que dijo laborar menos, debido a una marcada caída de los que atribuyeron esa situación a la menor actividad de su empresa (fueron 1,4 millones); no obstante, aumentó el número de quienes redujeron su intensidad horaria por enfermedad o licencia a 294.000.

Pese a lo anterior, las estadísticas del Dane muestran una reducción de las personas que culpan al coronavirus por trabajar menos horas. En mayo de 2020 eso lo pensaba 96,5 por ciento de los encuestados y un año después lo cree el 53,7 por ciento. Esto se puede deber a que otros factores estarían mermando su jornada laboral, como las dificultades de movilidad por el paro nacional.

La entidad estadística señala que, actualmente, 30,4 por ciento de la población mayor de 10 años dice no haber presentado dificultades por la crisis sanitaria; el resto que sí ha estado afectado ha sentido el golpe tanto en su estado de ánimo como en la reducción de sus ingresos.

Un panorama nada sencillo, especialmente, si se tiene en cuenta que la mayor cantidad de empleos que se han recuperado están en el sector informal, algo que tampoco ayuda a la productividad del país.