Carrasquilla y su papel de verdugo para el FMI

El gobierno se comprometió a un drástico plan de austeridad fiscal, que incluía: aumento del impuesto al patrimonio y al IVA, sobretasa al impuesto de renta, congelación del gasto público, flexibilización del mercado laboral y pensional. En mayo de 2006, el FMI anunció los éxitos de las medidas implementadas, como la privatización de Granahorrar, la reforma laboral que borró del mapa las horas extras y la pensional que eliminó la mesada 14. Además, exigió otra reforma tributaria para eliminar exenciones de IVA y ampliar la base de contribuyentes de renta proveniente del trabajo.

En febrero de 2021, tras desembolsar un préstamo por USD 5400 millones, el FMI volvió con sus baterías recargadas. Contrario a sus discursos en los que promueve un mayor gasto, llegaron a cobrar los recibos. Dijeron que las medidas de emergencia como subsidios y apoyos fiscales “deberían desmontarse” y focalizar el gasto “a los hogares en situación de pobreza”. Aunque en el ministerio de Hacienda posen de autónomos, lo cierto es que el FMI exigió “la ampliación de la base del impuesto a la renta de personas naturales y la reducción de las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres”.

Son las mismas recetas de austeridad, en medio de la peor crisis de la historia, y agregando un componente con tinte social que solo cubre a los más pobres de los pobres; el resto, que se defienda como pueda. Igual que en 2006, para 2021 este organismo cuenta con el mismo personaje para materializar sus desastres: Alberto Carrasquilla.

La reforma tributaria que presentarán no es resultado de la genialidad de Carrasquilla. Él es simplemente el verdugo de los dictámenes del FMI, que vuelve una y otra vez a la región a garantizar que nunca pueda salir del atraso. Ahora, como refuerzo, han traído a la OCDE dizque para darle un sustento técnico a la propuesta de “una extensión de la base del IVA”, una “reforma pensional”, “ampliar la base tributaria de forma inmediata”, aumentar tarifas del IVA reducido del 5 al 12 % y reconocer que los beneficios de las empresas son muy costosos, pero no se tocarán “porque es un tema complejo que incide en muchas áreas diferentes”. En la banca del equipo pro pobreza siempre está Fedesarrollo, que recientemente propuso IVA de 8 % a la canasta familiar, una pensión de $ 412.000 (no de salario mínimo como lo establece la Constitución), un segundo pilar pensional que depende de la negociación sindical en un país en que el 96 % de los trabajadores no están sindicalizados y un tercer pilar que elimina el régimen de prima media, es decir, a Colpensiones.

En 2006, la reforma dirigida por Carrasquilla era “protuberantemente contraria a la equidad y progresividad”, en palabras del ex ministro Juan Camilo Restrepo y “difícil imaginar una reforma tributaria más inequitativa”, en la voz del analista Mauricio Cabrera. Por eso no se aprobó todo lo que traía y obligó al ministro a renunciar pocos meses después. De todas formas, alcanzó a provocar daños tales como la reducción de la tarifa de renta a las empresas de 38,5 a 33 % sin tocar un solo beneficio tributario, la eliminación del impuesto a las remesas del capital extranjero, el aumento del impuesto a la renta a los trabajadores y del IVA al 10 % a los servicios de aseo y vigilancia, entre otras pilatunas.

Cualquier reforma tributaria exigida por el FMI y coordinada por Carrasquilla, en un contexto de recesión, tendrá el destino manifiesto de aumentar la desigualdad. El discurso del “nuevo contrato social” hacia los más pobres, esconde que los recursos para esta población tan solo compensarán parcialmente la pérdida de la capacidad de consumo de la clase media trabajadora, no de quienes deberían pagar más impuestos: los que obtienen su riqueza de la renta inmobiliaria y del capital especulativo.