Cómo acabar con la regresividad de las contribuciones laborales

La palabra ‘regresividad’ está tan asociada al IVA que casi nadie advierte que los impuestos más regresivos que hay en Colombia son las contribuciones laborales para salud. Todo asalariado tiene que pagar 4 por ciento de su salario para el régimen contributivo de salud.

Ahí empieza la regresividad, pues los empleados en los puestos más altos de las empresas camuflan parte de sus salarios en otras formas de remuneración, como los bonos no salariales y los gastos de representación, sobre los que no se cobra el 4 por ciento.

Pero eso no es lo más grave. La peor regresividad ocurre con los trabajadores independientes, que están obligados a cotizar 12,5 por ciento de sus ingresos para salud. Y si tienen la mala fortuna de ganar menos de un salario mínimo, pues peor para ellos, porque de todas formas el 12,5 por ciento aplica sobre un salario mínimo. ¿Puede haber algo más regresivo?

Con razón, todo trabajador de bajos ingresos trata de escaparse de esta situación, convirtiéndose en informal. Lo cual es una tragedia económica y social, porque los informales son menos productivos y están más desprotegidos, aunque tengan acceso al sistema subsidiado de salud.

Fedesarrollo ha propuesto una fórmula muy sencilla para acabar con este problema: que la contribución para salud se haga con una tasa progresiva que arranque en cero para trabajadores que ganen igual o menos a un salario mínimo y aumente gradualmente hasta un máximo de 9 por ciento para los trabajadores de más altos ingresos. Más exactamente, la contribución sería 9 por ciento del salario recibido por encima del salario mínimo.

Esta fórmula ha sido calculada para que no cambie el monto total de las contribuciones de todos los asalariados, de forma que no haya costo fiscal y no quede desfinanciado el sistema de salud. El principal efecto de esta reforma sería eliminar el incentivo que tienen actualmente los trabajadores de bajos ingresos para ser informales. Las empresas encontrarían más fácilmente los trabajadores que necesitan y tendrían menos dificultad para retenerlos.

Pero hay algo más: quienes ya son empleados formales y ganan cerca del salario mínimo tendrían mayor ingreso disponible, porque les quitarían menos para salud, lo que sería bueno para ellos y para la economía en su conjunto, ya que habría más demanda de bienes de consumo masivo.

Ahora bien: ¿por qué no hacer algo parecido con las contribuciones del 4 por ciento que pagan las empresas por sus trabajadores para las cajas de compensación? En este caso, los trabajadores de bajos ingresos no verían ningún cambio en el dinero que les queda disponible, pero las empresas sí verían que esos trabajadores les resultan menos costosos. Por lo tanto, las empresas estarían dispuestas a contratar más trabajadores de baja calificación, lo cual es fundamental para crear el empleo destruido por la crisis económica causada por la pandemia.

Por supuesto, las más beneficiadas serían las empresas intensivas en mano de obra de baja calificación, incluyendo las exportadoras, que ganarían competitividad.

Pero la reforma de las cajas de compensación no tiene por qué parar aquí. Al igual que otras entidades, Fedesarrollo está proponiendo que, o bien se recorte sustancialmente el flujo de recursos de las cajas, o bien se les exija que amplíen la cobertura del mecanismo de protección al cesante a todos los trabajadores de hasta 1,5 salarios mínimos que estén desempleados, hasta por seis meses, a condición de que estas personas busquen empleo activamente y participen en programas de capacitación.

Las cajas fueron concebidas en los años 50 como un sistema para redistribuir ingreso de las empresas hacia las familias de trabajadores formales de bajos salarios y con hijos. Ese era el contrato social corporativista de esa época. Esta responsabilidad debe ser asumida ahora por el Estado por medio de una renta mínima de monto fijo para todas las personas pobres, no solo los hijos de los trabajadores formales.

Al respecto, Fedesarrollo ha propuesto, como parte del paquete de reformas ‘Hacia un Nuevo Contrato Social’, que dicha renta mínima sea 35.000 pesos mensuales por persona, absorbiendo el programa Familias en Acción. Esto significa que la renta mínima por hijo en edad escolar sería condicionada a que asistan a la escuela y tengan periódicamente chequeos de salud.

Estas ideas deberían ser discutidas en la nueva legislatura del Congreso como parte de la “reforma fiscal” que propondrá el Gobierno.

Esta es una oportunidad para hacer un conjunto de reformas que mejoren la distribución del ingreso y la protección social, y no simplemente reduzcan el déficit fiscal.

Fui parte del equipo de Fedesarrollo que preparó dicho paquete de reformas, que comprende diversos aspectos de las políticas social, laboral, pensional y tributaria, como puede verse aquí.

Los invito a leer nuestras propuestas, criticarlas y preparar el ambiente para mejorar el contrato social colombiano.