De la cláusula Petro al “incentivo empresarial para salvar la democracia”

En las últimas semanas se han venido sumando empresarios a la idea de promover la defensa de la democracia en las elecciones presidenciales de los próximos días. Muchos ven con preocupación las constantes arremetidas que uno de los candidatos promulga en contra del empresariado, pero que de fondo atacan de frente la estructura productiva y el modelo económico de nuestro país, sin distingo de sector o ideología política.

En los discursos de plaza pública – porque el “mesías” se ha negado a asistir a los debates –, no ha quedado títere con cabeza. El candidato “progresista” se ha metido con todo el mundo y la constante es anunciarles su extinción en su eventual mandato.

Se habla del “gobierno del amor”, pero solo promete persecución y guerra sin tregua en contra de los que generan empleo. Irónicamente, está dispuesto a “perdonar socialmente” a los delincuentes más peligrosos del país, pero ataca con inclemencia a quienes nunca han cometido un delito o empuñado un arma, por el simple hecho de ser los “dueños del capital”.

Empezó con banqueros y fondos de pensiones a quienes propone expropiarles todo, incluyendo el ahorro pensional de cerca de 18 millones de colombianos. Después trató a varios medios de comunicación de “neonazis” e indicó la necesidad de “reemplazarlos” por la “verdad” de los medios “públicos y libres” en una clara violación de la libertad de prensa. Desde hace tiempo propone acabar con los cultivos de caña de azúcar para presuntamente entregarle esa tierra a los indígenas y no pierde oportunidad para embestir en contra de los productores de palma de aceite, a quienes tacha de “paramilitares” y “tierreros”.

La semana pasada llegó al extremo de comparar a los productores de carbón y de petróleo con traficantes de droga y prometió que su primer acto de gobierno será acabar, sin fórmula de juicio, con la exploración petrolera, lo cual, de hecho, nos llevará a la inviabilidad económica como nación en unos pocos años. Ni siquiera su compañero de lucha y mentor ideológico, el brasilero Lula da Silva, comparte esa absurda idea y abiertamente lo critica.

Esta semana arremetió, a punta de denuncias penales y en redes sociales, en contra de la cooperativa lechera más grande del país, simplemente porque el presidente de esa organización promovió una carta en la que clama por el respeto de la democracia y por evitar caer en ideas populistas. En esa carta no se hace referencia a ningún candidato presidencial, sin embargo, el mesías tiránico automáticamente asumió que se referían a él y enfiló a todos sus lacayos para que atacaran inmisericordemente a una empresa que es un modelo mundial de emprendimiento de los pequeños lecheros de varias zonas del país, en especial de Antioquia y del Eje Cafetero.

Ante semejante situación, los empresarios están reaccionando y se están uniendo para promover una campaña que impida que el “progresismo” llegue al poder y los destruya. Es un acto básico de supervivencia. Como están las cosas, muchos sectores han asumido estas elecciones como una gesta libertaria. Literalmente estamos presenciando una batalla donde se debaten dos modelos económicos: el socialismo puro y duro en contra de la libertad de empresa y la democracia, así de fácil.

En ese caótico escenario algunos empresarios también han caído en la trampa discursiva y se les ha ido la lengua. Es claro que amenazar a los trabajadores con el despido si votan por uno u otro candidato es ilegitimo e ilegal. Ese tipo de conductas, aun comprendiendo la angustia del empleador que avizora el fin de la fuente de empleo, no deben promoverse ni celebrarse. Eso, sin cortapisas, debe rechazarse; ¡punto!

Ahora bien, otros industriales y comerciantes han ofrecido el pago y el reconocimiento de beneficios a sus trabajadores a cambio de que, después de las elecciones, “siga imperando la democracia”. En otras palabras, no sugieren por quién votar, pero es claro cuál sería la campaña que, en su criterio, pone en riesgo su subsistencia, dando a entender implícitamente que estarían dispuestos a pagar auxilios y dar días libres si los trabajadores reflexionan sobre su voto y evitan que el candidato que todos los días los atemoriza llegue al poder.

Esos bonos e incentivos, que no buscan motivar un voto a favor de ningún candidato concreto, podrían tener la misma lógica de la llamada “cláusula Petro”; la cual indica que determinados negocios están sujetos a una condición extintiva en el evento en que el mesías populista llegue a gobernar el país. Hay muchos que plantean que esos acuerdos son ilegales, muchos otros creen que no.

La verdad no hay consenso sobre la legalidad o legitimidad de esas promesas, sin embargo, lo cierto es que ese tipo de “acuerdos” se están masificando y el candidato populista incluso le pide a la gente que reciba la plata, pero que igual vote por él, en una conducta igualmente reprochable y bastante cínica.

En mi opinión no son cláusulas o acuerdos ilegales, pero tampoco me gustaría suscribirlos porque creo profundamente en los principios democráticos, sin embargo, no juzgo a aquellos que, motivados por el miedo a la extinción empresarial, están dispuestos a hacerlo.

Lastimosamente a esto nos ha forzado el discurso de lucha de clases y de destrucción total del contradictor. El mesías del progresismo construyó su campaña haciéndole creer al pueblo colombiano que somos un país inviable y que la culpa de todo la tiene la “oligarquía” que genera empleo. Eso es radicalmente falso, pero además muy peligroso. Nos están llevando a un abismo en donde la gente está dispuesta a todo para no sucumbir en una guerra ficticia que nadie quiere pelear. Hoy, como nunca, está en riesgo la democracia; todavía estamos a tiempo de reflexionar y reaccionar. Dios cuide a Colombia.