Distraídos con los escándalos menores, mientras destruyen el Sistema de Salud

Este país es muy extraño. Llevamos cuatro semanas lamentándonos de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 como consecuencia de la desidia, el desorden, la inexperiencia, el caos y la mezquindad del actual Gobierno, que no soportaba la idea de verse obligado a invertir varios billones de pesos en Barranquilla, la ciudad que más ha progresado en la última década en manos de una misma vertiente política con evidentes buenos resultados.

Todos los días nos duelen los casi 1.000 millones que ha gastado la primera dama en su séquito de colaboradores y los varios viajes “diplomáticos” que ha emprendido sin sentido ni propósito claro. Nos preguntamos cómo y para qué el Gobierno decidió gastar más de un millón de euros en el alquiler de una casa en Davos (Suiza), para usarla poco más de una semana, para presuntamente hacer promoción turística de nuestro país durante una cumbre económica en la que casi nadie se moviliza de las sedes principales y de los hoteles porque las bajas temperaturas lo impiden.

Nos indignamos porque uno de los sindicatos más grandes e influyentes del país decidió destinar los recursos de sus afiliados para financiar irregularmente la campaña presidencial del actual presidente. Probablemente, esos recursos los hubieran disfrutado más y mejor los miles de maestros funcionarios públicos, a los que les descuentan cuotas sindicales todos los meses y que nunca se les consultó si estaban dispuestos a financiar campañas políticas, entre otras razones porque no podrían ni deberían hacerlo.

Es lógica la indignación nacional ante la magnitud de los errores no forzados que todas las semanas comete el actual gobierno. Lo raro, lo absurdo, es que están pasando cosas mucho más graves y peligrosas, y la gente, aunque se molesta, no reacciona con la misma vehemencia.

Desde hace seis meses las EPS, las sociedades médicas, los exministros de salud y las asociaciones de pacientes vienen advirtiendo que el sistema de salud está a punto de colapsar, en gran parte porque el Ministerio de Salud literalmente decidió ahogarlas negándoles el flujo de recursos que se requieren para atender a los colombianos, demandando judicialmente a las entidades por presuntos malos manejos, vilipendiando a los directivos de las entidades de salud y haciendo todo lo posible para que el sistema explote.

Lo que la tristemente recordada exministra Corcho maquiavélicamente anunciaba como una “crisis explícita”, hoy es una tragedia nacional. Con el mezquino interés de justificar una reforma a la salud para estatizar el sistema y apropiarse de varios millones de pesos para seguir repartiendo subsidios y utilizando la salud como moneda de cambio de favores políticos, están destruyendo todo y poniendo en riesgo la vida de millones de personas.

A finales de 2022, la sociedad se distrajo con las almohadas de plumas de ganso, con el uso abusivo de los helicópteros por parte de la vicepresidenta Márquez y con los estrafalarios gastos para dotar las casas presidenciales, mientras en el Congreso aprobaban la reforma tributaria más regresiva y recesiva de los últimos 40 años. Hoy, dos años después, estamos viendo las consecuencias de la inacción de los colombianos ante los “cambios” absurdos que propone este gobierno. Empresas, personas naturales y emprendedores dejaron de invertir y consumir para poder pagar impuestos, poniéndose en la senda de una recesión económica que ya es evidente.

Llegó la hora de actuar. La sociedad civil tiene que manifestarse y exigirle al Gobierno que enderece el camino, desista de su cruzada para acabar con las EPS y gire los recursos para garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población. En dos semanas se reinician las sesiones en el Congreso y lo que hagamos en este semestre será transcendental para salvar la institucionalidad colombiana. No podemos permanecer impávidos mientras acaban con el sistema de salud, con las pensiones y con el débil mercado de trabajo.

La Corte Constitucional está en mora de declarar un estado de cosas inconstitucional para forzar al Gobierno a hacer lo que ha dejado de hacer y tirarle un salvavidas al Sistema de Salud. Las decisiones de las altas cortes siempre han sido necesarias e históricamente acertadas, pero en este momento, como nunca, tienen que entender y hacer prevalecer su rol de contrapeso, frenar la frenética destrucción de las EPS y empezar a salvar la vida de miles de colombianos que están en riesgo ante las aventuras delirantes del actual Gobierno.