Opinión
El oscuro panorama que nos depara el 2030
Por una decisión unilateral de Gustavo Petro, el país ha prácticamente suspendido la exploración de petróleo y gas en Colombia. Si esta decisión, que no solo no tiene ningún sustento ni económico ni técnico, estuviera acompañada de una reducción drástica del consumo de petróleo y gas, vaya y venga. Pero la cruda realidad es que lejos de disminuir el consumo de hidrocarburos, lo que estamos es aumentándolo. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), “la producción empezará a declinar hasta que en 2027 se separará de los supuestos que establece el Marco Fiscal. Esto implica efectos en los ingresos fiscales atados a la industria. De esta manera, entre 2027 y 2035 el fisco colombiano dejaría de percibir $40 billones, equivalentes a dos reformas tributarias, por cuenta de los menores ingresos en impuestos como el de renta, el pago de regalías, derechos económicos, entre otros tributos”.
Frank Pearl, el competente ejecutivo hoy cabeza de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) lo dice con claridad meridiana: “La única manera de incrementar la producción es a través de la exploración e incorporación de reservas: sin exploración no hay reservas y sin reservas no hay producción”.
El editorial del diario Portafolio de este lunes retrata con claridad el panorama que nos espera: “Tras dos años del gobierno Petro y su postura de no promover la nueva exploración, las inversiones, las reservas y otros indicadores vitales de esa industria reflejan una tendencia de declive que debería alarmar a todos los colombianos… La administración Petro se sostiene en la idea de frenar la firma de nuevos contratos de exploración. Las consecuencias negativas de esa postura anti-petróleo, en términos fiscales, de inversión, de reservas y de producción, no han hecho más que acumularse en estos dos años del gobierno. Los efectos de esta situación son desastrosos. La autosuficiencia y la seguridad energética de Colombia deberían ser prioridad para el Gobierno. Desafortunadamente, este debilitamiento de la soberanía energética –que lleva incluso a depender de gas importado desde Venezuela en vez de explorar el propio– no mueve la férrea posición anti-petróleo del Gobierno. Segundo, menor producción petrolera y de gas conduce a menos recursos fiscales”.
Al Gobierno no parece preocuparle mucho este panorama fiscal y argumenta que, al concentrar a Ecopetrol en el sector eléctrico, el impacto será menor o inexistente. Considero esta postura radicalmente equivocada por varias razones: en primer lugar, fuera de floridos, medio infantiles, y vacuos discursos sobre el calentamiento global y la necesidad de trascender los combustibles fósiles, prácticamente nada se ha hecho relativo a la transición energética. El depender cada vez más del petróleo y gas importados, no solo no aliviará la crisis climática, sino que añadirá el profundizar el calentamiento global ya que si incurrirá en la contaminación implícita y en el costo del transporte de los hidrocarburos importados.
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El sector eléctrico para transformarse, lo que requiere son reglas claras, regulaciones modernas y agilidad en los permisos. Del Estado requiere la eliminación de los “peajes” que permiten a las comunidades exigir cada vez más prebendas y dádivas abusivas. Recursos para llevar a cabo la transformación en el sector hay de sobra en el sector privado: una empresa como Ecopetrol, que desconoce a fondo el sector eléctrico, es poco o nada lo que pueda aportar a la transición a energía eléctrica limpia.
En resumen, el 2030 nos va a agarrar con los pantalones abajo: con un altísimo costo para el petróleo y el gas importado; con una economía resentida y con muy menguadas divisas; y con muy poco en materia de transición en energía, especialmente en el sector de transporte. Es el precio que tendremos que pagar por el ingenuo discurso anti-petróleo.