Entre crisis funerarias

En los últimos 10 años han ido surgiendo algunas especulaciones sobre lo que podría pasar con los cementerios en el mediano y largo plazo. Si bien la estimación sobre una sobrepoblación mundial ha sido una constante, durante esta década ya se ha conocido la crítica situación que afrontan algunos países, y Colombia no es la excepción.

En Bogotá se ha venido hablando de una posible crisis sanitaria luego de que el concesionario Jardines de Luz y Paz SAS informara que desde el viernes -6 de octubre- dejaría de prestar los servicios de inhumaciones, exhumaciones y cremaciones. Prácticamente, el consorcio renunció a seguir prestando sus servicios funerarios en los camposantos de la ciudad capital, razón que también llevó a que el fin de semana pasado los cuatro cementerios (Norte, Central, Sur y Parque Serafín) permanecieran cerrados.

Vale la pena adicionar que al consorcio se le han sumado una serie de sanciones por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) por fallas e incumplimientos presentados en estos dos años de servicio. Algunas de ellas tienen relación con inhumaciones y cremaciones realizadas sin el debido cumplimiento de los requisitos legales; por lo cual, al momento, la suma que tendría que pagar este operador ya alcanza los $2.600 millones.

A finales de semana, la UAESP empezó a tomar posesión del cementerio del Norte para iniciar con la operación y pidió la asistencia de la Policía porque, al parecer, la empresa a cargo no ha querido entregárselo. Sin embargo, en otros comunicados el consorcio menciona es el que culpa a la UAESP por no querer recibir los cementerios. Todo un dilema de ires y venires.

Para calmar las aguas, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, y la UAESP han afirmado que este conflicto no desatará una crisis operacional en la prestación de los servicios funerarios; pero hay otros que temen por una posible crisis sanitaria en caso de no poder asumir esta operación. Algunos médicos salubristas han alertado que esto podría desatar una crisis sanitaria por el hacinamiento de cuerpos, lo que expone a mayores riesgos en la bioseguridad de los que trabajan en estos lugares. Al ser cuerpos en descomposición, la salud de la comunidad podría verse comprometida.

No basta con tener en las cuentas del Distrito la – aparente- disponibilidad de los recursos para continuar con la operación. Si esto escala a una crisis administrativa por los líos judiciales y los retrasos en la contratación de un nuevo operador, la crisis sanitaria que muchos temen será inminente. El cierre de los cementerios en una consecuencia que nunca debió ocurrir si el Distrito realmente puede asumir esto.

Pero las crisis operacionales no se limitan a esto. En Polonia, por ejemplo, el precio de las tumbas se incrementó alrededor de un 50% a lo largo del último trimestre del año pasado, algo que generó un muy raro mercado: el alquiler o la venta de las tumbas de los difuntos. Si bien los cementerios en ese país son propiedad municipal o de alguna parroquia, luego de 20 años de ocupación, la familia del difunto ahora debe pagar una alta tarifa para seguir ocupando el lugar en el cementerio. En el país los costes mínimos para organizar un funeral ya se elevaron a los 1.000 euros, casi un 200% más respecto a 2021.

En otros países como Reino Unido, Australia e Italia el problema son temas de espacio. Se está generando una especie de crisis espacial en donde ya no hay suficientes cupos en los cementerios y, de hecho, esta ha sido una problemática de mucho tiempo en Australia. Todos los cementerios de la corona en la ciudad de Sydney podrían cerrar para nuevos entierros dentro de 10 años, según el informe 11th Hour, una revisión legal de la Ley de Cementerios y Crematorios de Nueva Gales del Sur, publicado en febrero de 2021. Y, de hecho, para algunas comunidades, como los ortodoxos rusos, podrían agotarse antes de 2025.

En dichos casos, se han generado soluciones para afrontar este tipo de problemáticas y mejorar los sistemas convencionales para, por ejemplo, ir de la mano con medidas medioambientales. En Australia el equipo de investigación DeathTech, de la Universidad de Melbourne, trabaja desde 2019 para comprender la intersección de la muerte y la tecnología para poder diversificar la oferta de servicios a través de alternativas como la resomación (cremación a base de agua) y el entierro natural.

En contraste, Londres recurrió a una política de reutilización de tumbas para que un nuevo cuerpo ocupe una tumba existente, bajo algunas condiciones que se deben cumplir como que las tumbas elegidas lleven más de 75 años y el debido consentimiento de las familias de los difuntos que las ocupan para compartir el espacio y dar la vuelta a las lápidas existentes para que en el reverso se pueda poder la nueva inscripción. Por su parte, en 2019 Paris puso sobre la mesa la opción de enterrar los cuerpos junto a las carreteras para promover los entierros verdes y la plantación de nuevos bosques; y aunque esta última no se ha adoptado, lo que sí hay son cementerios con secciones disponibles para entierros ecológicos.

Con la situación como va, no cabe duda de que se necesitará urgentemente adquirir nuevos espacios para enterrar a los muertos, renovar los cementerios existentes, explorar otras formas de entierro o hacer las tres cosas al tiempo. Algunas propuestas llegan a sonar un tanto inusuales, pero la crisis global que afrontan los cementerios da para explorar cualquier posibilidad.