Facebook y la primera línea

Las declaraciones de Frances Haugen, quien hasta hace poco tuviera un alto cargo en Facebook, han encendido las alarmas de lo que esta red social representa y como puede amenazar la democracia en el mundo. En sus recientes declaraciones ante el Senado estadounidense, Haugen ha advertido que “Facebook daña a los niños y debilita a la democracia”, quedando claro cómo el mal manejo de esta red está poniendo en peligro la seguridad de infantes y adolescentes, así como de los Estados de Derecho del mundo entero.

Escándalos como el de Cambridge Analítica que probó cómo la información de millones de usuarios se utilizó, sin su consentimiento, para enviar publicidad política que manipuló a miles de votantes a favor de la candidatura de Donald Trump en 2016, son tan solo una parte del lado oscuro de esta red social.

El 60 % de la población mundial tiene una cuenta en Facebook. Si para los Estados es difícil controlar los comportamientos delictivos de sus ciudadanos, para Facebook debe ser aún más difícil regular todo el contenido que sus usuarios publican en esta y en sus plataformas asociadas, como Instagram, Messenger y WhatsApp. Sin embargo, esto no es excusa, pues más allá de evitar actuaciones antidemocráticas, en múltiples ocasiones esta red social las fomenta, y en otros casos es permisiva porque son más importantes sus intereses comerciales, dando prioridad a la facturación que al bienestar de los ciudadanos.

Más allá del negocio, existen las realidades de millones de usuarios que sufren las consecuencias de la falta de regulación de esta red social. La trata de personas y el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de los carteles de drogas mexicanos, son hechos de los cuales Facebook tenía conocimiento, sin que hiciera nada al respecto. Un informe de un expolicía contratado por Facebook reveló cómo el cartel Jalisco Nueva Generación, invitaba a jóvenes mexicanos a unirse a sus filas. También en los perfiles que tenía este grupo delincuencial en esa red social mostraban decapitaciones y asesinatos, sin que esto fuera reprimido por la plataforma. Solo luego de las denuncias del expolicía se tomaron ciertas medidas, lo que hizo que se suprimieran algunos perfiles, pero no todos, pues muchos continuaron activos.

En Medio Oriente esta red social ha permitido también la trata de personas, promovido la violencia perpetrada por la minoría rohingya en Myanmar, así como también la convocatoria a las movilizaciones violentas que dieron como resultado la toma del Capitolio de los Estados Unidos. Lo más grave, en especial para países como el nuestro, es que Facebook sólo dedica el 13 % de su tiempo en atender posibles casos de violencia en el mundo entero, pues el 87 % de su atención se concentra exclusivamente en Estados Unidos y Canadá.

El caso colombiano

Es innegable que varias de las movilizaciones que terminaron en actos vandálicos se citaron a través de esta red social. Los mensajes violentos, en pro de tendencias políticas que van en contravía del Estado de Derecho y de nuestras instituciones, favoreciendo la desinformación, son pan de cada día.

Hasta ahora el actuar de la Policía y de la Fiscalía para perseguir delitos cometidos en las redes sociales es bastante limitado, en especial porque no existe una regulación frente al tema.

La violencia promovida a través de estas plataformas solo podrá ser detenida mediante una estructura legal que le ponga coto no solo a la promoción de acciones subversivas, sino a la trata de personas, la pornografía infantil, la extorsión, ciberbullying, grooming y suplantación personal.

El consumo de cigarrillos ha sido replegado por varios ordenamientos jurídicos del mundo por los peligros que representa para la salud y el ambiente. Similares regulaciones deben desarrollarse frente al consumo de redes sociales, pues puede afirmarse que son más nocivas que el cigarrillo, generan problemas graves a nivel de salud mental de niños y adolescentes, al igual que cientos de muertes.

Urge igualmente iniciar acciones legales contra los promotores de actos vandálicos que instiguen a la violencia con el fin de que paguen una condena por sus reiterados ataques contra la democracia no sólo en Colombia, sino en el mundo.

Asimismo, el Congreso de nuestro país, al igual que ocurrió en los Estados Unidos debe iniciar un debate y citar a los responsables de esta red social en nuestro país, pues es claro que ha habido permisividad en su actuar frente a los violentos, lo cual amerita un debate de fondo que hasta el momento no se ha dado.