¿Gratuito o no gratuito? He ahí el dilema del transporte público

Sin duda alguna, la propuesta del presidente Gustavo Petro para financiar el uso del transporte público con una “pequeña” cuota en la factura de la luz de los ciudadanos para ampliar el acceso y disminuir la evasión creó toda una revolución mediática. Y, de por sí, no sólo han llovido las críticas sino también una gran cantidad de desinformación que ha planteado, erróneamente, que esto es una iniciativa para tener transporte público “gratis” en las ciudades.

Sin embargo, este tipo de iniciativas ya se han tenido en otras partes del mundo y, como siempre, es conveniente evaluar qué ha pasado con estos referentes cuando decidieron eliminar las tarifas en sus sistemas de transporte locales.

En 2018, la ciudad de Dunkerque, al norte de Francia, hizo “gratuito” su sistema de transporte público; una medida que financió a partir de un pequeño aumento al impuesto sobre las empresas y con la que pudo dar libre acceso a 200.000 residentes de la zona metropolitana a diversas rutas de autobús. Un año después, 65 millones de euros habían sido invertidos para mejorar la operación y remodelar las zonas y corredores que albergaban mayores concentraciones, por lo que se estimó que el costo adicional para mantener este transporte público gratuito sería de 13,5 millones de euros anuales.

Luego llegó 2020 y Luxemburgo empezó a anunciar que sería el primer país del mundo en ofrecer un transporte público gratuito. Buses, trenes y tranvías no tendrían precio alguno ni para residentes (poco más de 600.000) ni turistas y así lo hizo, repartiendo el costo de la operación entre todos los contribuyentes en el cobro de sus impuestos. Tres años después, el país tiene un transporte público gratuito, pero mucho más caro; para 2023 se estimó que este sistema costará 800 millones de euros gracias al aumento de precios en las tarifas de energía, una mayor inflación que demandó mejorar los salarios de los trabajadores y el incremento en general de la demanda.

Un dato curioso fue que uno de los aumentos en Luxemburgo incluyó siete millones de euros para instalar separadores dentro de los buses para proteger a los conductores de diversos ataques, dado que en 2022 se recibieron dos casos de conductores que tuvieron que recibir algún tipo de tratamiento hospitalario tras recibir ataques violentos de grupos de jóvenes.

Uno de los mayores problemas asociados al proponer un transporte público gratuito es que las personas en realidad llegan a creer que es gratis y se pierde la percepción de que es un servicio con diversos costos, bien sea el costo del combustible, los espacios que ocupan en el estacionamiento, los seguros asociados, la depreciación, reparaciones y hasta los costos ambientales. Y por todo ello tiene que pagarse, de algún lado tienen que salir los recursos para cubrir estos costos.

Pues bien, en el caso de Dunkerque-Francia y Luxemburgo los costos no han parado de crecer y, afortunadamente, al no tener una densidad poblacional tan grande, los experimentos sobre el transporte público sin tarifa alguna han tenido éxito, pero con mayores costos acumulados. Así, en gran parte de Europa se ha optado mejor por la creación de políticas de tarifas inteligentes para ofrecer opciones de pago flexibles y/o exclusivas para estudiantes, personas mayores de edad o suscripciones con descuento cuando se compran tiquetes para el transporte público válidos para un número significativo de personas (en Alemania hay un billete local de un día válido para grupos de hasta cinco personas) o para un determinado periodo de tiempo (semanal o mensual).

Por tanto, en el caso de Colombia, no hay que tomar literalmente que este transporte público debería ser gratis. En realidad, la propuesta que se puso sobre la mesa, desde una perspectiva financiera, es hacer al sistema más asequible y tener ingresos anticipados que den una mayor libertad de movilidad a las personas, en la medida en que se disminuye la evasión en el pago de estos pasajes. Aunque no parezca, la carga financiera que tienen los “colados” es importante y afecta la prestación del servicio, por muy criticado que pueda ser.

Y ahora, ante la ola de inseguridad que ha golpeado a las ciudades capitales, los costos en seguridad se deben multiplicar para apoyar este tipo de iniciativas dado que lo más probable es que aumenten los hurtos, robos, riñas y hasta potenciales accidentes porque el sistema va a ser un blanco seguro de la delincuencia.

Si bien los objetivos que resaltan a la vista son hacer al transporte público más atractivo, mejorar la calidad del aire al reducir el número de carros particulares circulando (aunque, según investigadores finlandeses, el cambio se ve realmente es en el número de peatones y ciclistas) y hacer sostenibles financieramente los sistemas de transporte, pareciese que este tipo de iniciativas se realizan bajo un status quo: si hoy día los sistemas de transporte público no operan eficientemente con la demanda y los problemas de seguridad que tienen actualmente, no sé qué les hace pensar que pueden hacer posible este tipo de propuestas en las que no se han valorado las mejoras estructurales y operacionales necesarias para poder sostener algo así.

Tal como en otras partes del mundo, los costos no van a parar de acumularse si se opta por la iniciativa propuesta por el presidente. Y poco a poco, ya no será “pequeña” la cuota en la factura de la luz porque los costos deben financiarse sí o sí, y esos incrementos se convertirán en todo un dilema para la ciudadanía.

Es preferible que, antes de saltar a una alternativa que cuesta tanto, se opte primero por alternativas similares a las políticas de tarifas inteligentes. De seguro van a seguir publicitando más formas para darle viabilidad a esa propuesta, pero por lo pronto, hay que dejar de hablar de un servicio gratuito que no es gratuito, y de seguir presionando el bolsillo de los colombianos para elevar el recaudo sin evaluar plenamente el impacto y las fuentes de recursos que financian la iniciativa.