Las necesarias reformas a la justicia

Se han celebrado los 30 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, hecha bajo la perspectiva de construir una sociedad renovada, democrática y equitativa; se sentaron las bases para cambiar las estructuras del Estado liberal por el Estado social de derecho, con fundamento en una institucionalidad que afirmara el rostro de la justicia, cuyo eje central sería la consagración del derecho fundamental al acceso a la justicia.

Se ha de subrayar que la ruptura que hiciera el constituyente del 91 incorporó nuevos paradigmas con la creación del Estado social, cuya materialidad se consagró en los derechos sociales. Esta dimensión, que se soporta en una democracia sustantiva antes que procedimental, reconocerá en la carta política un escenario de derechos fundamentales como centro de convivencia social, que no son otra cosa que un pacto social renovado. Sin embargo, la evaluación de esta ruta ha debilitado la confianza en las instituciones, motivada, entre otras, por las prácticas políticas ilegales, el tráfico de drogas, las violencias prolongadas, la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos: una justicia administrativa y jurisdiccional con respuestas insuficientes.

Es de entender que las condiciones para el ejercicio de los derechos corresponden al Estado social en su conjunto, bajo la organización de los distintos poderes; sin embargo, se ha acentuado la tendencia privatista de los asuntos públicos, desarrollada mediante la administración por colaboración, la privatización del régimen legal de las entidades públicas y la privatización del capital público, “desdibujando la naturaleza de lo público”.

El diseño constitucional de la justicia avanzó con la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional como garantías máximas para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Toda esta constelación de instituciones abre el camino para superar el modelo de justicia legalista, propio de las sociedades de intercambio competitivo y suscrito por la corriente positivista del derecho. La carta política generará un enfoque de justicia constitucional que permeará todos los conceptos normativos; ello permitió desarrollar, además del sistema penal acusatorio, otras reformas procesales y de afectación a los derechos fundamentales.

A pesar de esto, permanecen brechas entre el Estado-Justicia y los ciudadanos, tales como:>>La noción de Justicia, cuya visión entre los ciudadanos corre el riesgo de transformarse en una simple “administración” o un aparato de “punibilidad” (penal), que, según el profesor Ost, la reduce a un componente más del aparato estatal, cuando esta encarna un poder independiente. A pesar de la complejidad del concepto de justicia, esta, en su estructura, según el profesor Perelman, expresa que “la noción de justicia sugiere a todos inevitablemente la idea de una cierta igualdad”.

Repensar un modelo de justicia, para una sociedad como la nuestra, ha de tocar profundas raíces en la desigualdad. >>Se ha constituido una nueva demanda de justicia que algunos investigadores denominan “la revolución judicial”, que representa universalmente el aumento del poder del derecho y la institución judicial en el funcionamiento y regulación de toda la vida ciudadana (DeLaloy).>>Interferencia del poder político y de otros órganos del Estado en los asuntos de la justicia, que desestabilizan la autonomía y la independencia de los jueces.>>La desconfianza en las decisiones de la justicia.

Una reforma a la justicia debe remover muchas brechas, que se manifiestan en cifras contundentes, según el estudio del MinJusticia-Dane y DNP (2021): “En términos generales, el 19,8 por ciento de las necesidades declaradas por los colombianos fueron satisfechas, mientras que el 80,2 por ciento no encontraron solución”. ¿Una reforma a la justicia para qué sociedad? Para una sociedad desigual, que ha de atender a los criterios de solidaridad e integralidad del sistema. Una justicia con rostro de ciudadanía.

*Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.