Líderes políticos contra la libertad de prensa

Colombia es un país con una amplia tradición en lo que se refiere a la libertad de prensa. Desde la primera Constitución, la de Cundinamarca en 1811 hasta la actual de 1991, se ha enarbolado este derecho. Antonio Nariño, padre de la patria, también lo fue de la libertad de prensa, pues la defendió a ultranza desde su periódico, La Bagatela, el cual fuera fundamental para la lucha por la independencia. Camilo Torres, se referiría a la libertad de imprenta como “el vehículo de las luces y el conductor más seguro que las puede difundir”.

A pesar de tener un respaldo jurídico significativo, la libertad de prensa al igual que la de expresión, han sido reprimidas de manera continua en Colombia. Asesinatos, amenazas y atentados contra periodistas y medios de comunicación han protagonizado las páginas de nuestra historia. Nadie olvidará el asesinato de Guillermo Cano Isaza, Silvia Duzán, Diana Turbay y Jaime Garzón, por sólo mencionar algunos nombres, de una larga lista de crímenes execrables contra la prensa, la mayoría de ellos inmersos en procesos inconclusos, siendo decenas de periodistas no solo víctimas de la violencia que les costó la vida, sino de la negligencia y corrupción rampante que está presente en algunos juzgados y tribunales del país.

Es ejemplar la incansable lucha de Jineth Bedoya en búsqueda de la verdad. Aunque sabe que no serán enjuiciados todos sus perpetradores, tanto materiales como intelectuales, logró una condena histórica no solo a favor suyo sino de toda la prensa y muy especialmente de aquellas mujeres que en el mundo son víctimas de violencia de género. El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano pone de relieve la situación de cientos de mujeres periodistas que se ven sometidas a violencia física, sexual y psicológica por ejercer su profesión.

Preocupa como a pesar de tanta sangre y dolor que ha generado al país la violación de derechos humanos, algunos líderes políticos quieran seguir prácticas propias de regímenes dictatoriales coartando a la prensa. Las acciones desplegadas recientemente por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y algunos miembros de su administración, demuestran con contundencia que en Colombia de manera deliberada se atenta contra el periodismo y su ejercicio. La semana pasada la FLIP rechazó públicamente los hostigamientos y el ambiente hostil generado en contra del periódico El Colombiano por parte de Quintero, teniendo incluso que recordarle que “Los servidores del Estado deben ser garantes de la libertad de expresión y respetar la independencia editorial de los medios. Restringir los derechos a la libertad de prensa, información y expresión, constituye falta disciplinaria de acuerdo con lo previsto en la Ley 734 de 2002″.

Ya en el pasado la FLIP le había hecho un llamado de atención al alcalde Quintero, por haber presionado a los equipos periodísticos de la W Radio y de El Espectador con el fin de evitar la publicación de una investigación sobre actos de violencia sexual que el habría ejercido sobre dos mujeres. Funcionarios de su administración incluso ofrecieron a Caracol Radio, conglomerado del que hace parte la W, suscribir un contrato de pauta publicitaria en el que se incluiría una cláusula que tendría como alcance el hacer dos entrevistas a Daniel Quintero sobre su papel como padre de familia, en un intento por mejorar su imagen.

La utilización de recursos públicos con fines personales es un delito, que miembros de la administración de Quintero quisieron cometer. El ingreso atípico a las cuentas de Twitter de Viviana Bohórquez, Isabel Escobar y Juan David Ortíz, periodistas que estaban promoviendo la investigación sobre los posibles abusos a mujeres por parte del Alcalde de Medellín, así como el funcionamiento atípico de la cuenta de correo electrónico de Ana Cristina Restrepo, ocasionando la llegada tardía de una columna en la que se pronunciaba sobre las denuncias contra Quintero Calle, hacen parte de los atropellos que se vienen orquestando desde la Alcaldía de Medellín. El despido de Hernán Muñoz como director de noticias de Telemedellín son prueba del alto nivel de censura que ejercen Quintero y su séquito.

La libertad de prensa también ha sido blanco del candidato presidencial Gustavo Petro, quien frecuentemente ataca a RCN y Semana por sus publicaciones. En 2018 Pedro Vaca, quien en ese entonces se desempeñaba como director de la FLIP, cargo al que renunciaría al ser designado como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  se refirió a Petro y a sus ataques continuos a RCN, expresando que “los señalamientos sistemáticos e injustificados se parecen más a la persecución y son peligrosos, no sólo para los medios, sino sobre todo para los periodistas que los representan”.

Luis Carlos Vélez, director de la FM, en su momento expresó qué si le llegaba a pasar algo a un periodista de RCN el principal culpable era Gustavo Petro, mostrando con ello la gravedad de las afirmaciones del candidato presidencial hacia ese medio de comunicación. Años después las agresiones continúan, las instalaciones tanto de Semana como de RCN han sido afectadas, y Petro sigue desacreditando a todo aquel que no esta a favor suyo, como a María Andrea Nieto, a quien hace pocos días calificara en su cuenta de Twitter como “seudoperiodista”, denigrándola como mujer y como columnista.

La democracia se fortalece cuando se le permite a la prensa ejercer su papel. La conducta de Petro y Quintero es reprochable y deleznable desde cualquier punto de vista. La Constitución debe respetarse, pero cuando se invita a que sea desconocida, atacando a la prensa, se manda a la guillotina. Quizás tanto Petro como Quintero estén en el lugar equivocado, a lo mejor su escenario natural sea una dictadura, no una democracia como la colombiana.