Los líos con la Triple A

Una de las objeciones de la SAE para no transferir las acciones de la Triple A ha sido el hecho que no es directamente el Distrito de Barranquilla quién actúa como comprador de las acciones, en su lugar, es el Alumbrado de Barranquilla, ahora llamado K – Yena la cual es una empresa de economía mixta donde el Distrito de Barranquilla posee el 65 % de las acciones, y el otro 35% es propiedad de la empresa Barranquilla Capital de Luz S.A.S., la cual es conformada por varios socios privados.

Eso implica que las acciones de la Triple A que se transfieran tendrán como dueño indirecto a los demás socios de K - Yena, la ciudad se quedará con el 53,3 % de las acciones y el otro 28,7 % es propiedad de los demás socios de K – Yena, que poseen el 35%. Si la transacción terminara así, el traspaso del 82 % de las acciones de la Triple A, que hoy administra la SAE, no quedarán en su totalidad en manos de la ciudad, sino entre ella y los propietarios indirectos del 35 % es decir, de los varios socios de K - Yena. En síntesis, la propiedad de la Triple A no quedaría en manos 100 % públicas, sino en los socios que suman casi el 30 % de la propiedad.

La venta de acciones de la Triple A al Distrito de Barranquilla inició en el año 2021 con la valoración de la empresa por parte de una firma consultora contratada por la SAE para vender el 82% de las acciones de la empresa, en ese momento por petición del Alcalde Jaime Pumarejo, se solicitó que se vendieran las acciones con el fin de que Barranquilla recuperara el control de su empresa de servicios públicos, el acuerdo incluyó facilidades de pago para que la ciudad se hiciera a la propiedad de la Triple A que presta los servicios de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo, en Barranquilla y en 14 municipios del departamento del Atlántico entre ellos Soledad.

Otra de las objeciones desde la SAE es que el 82,16% de las acciones de la Triple A fueron valoradas por $565 mil millones de pesos, lo que quiere decir que el 100% de la empresa valdría cerca de $687 mil millones, una cifra que luce baja al comprarla con el valor de las concesiones de servicios públicos que maneja principalmente en Barranquilla, y 14 municipios del Atlántico.

Más aún cuando la valoración no determinó un valor de continuidad del negocio de la empresa, más allá de la finalización de la concesión de acueducto, alcantarillado, y aseo de Barranquilla y 13 municipios hasta 2033, pues a la fecha de la valoración la concesión de Soledad fue tomada en cuenta hasta el 2022. Sin embargo, eso no quiere decir que pasado el periodo de concesión necesariamente la empresa detenga su negocio, que ninguna de las múltiples concesiones vaya a ser renovada, los activos pierdan por completo su valor, y no exista ningún valor por continuidad del negocio. No es solo tasar el valor de explotación de las concesiones, sino también el valor de la Triple A con un negocio en marcha.

Bajo esas consideraciones, la SAE objeto la transferencia de las acciones, previendo que eventualmente no iban a quedar 100% en manos del Distrito de Barranquilla, y que, por otro lado, podrían estar siendo vendidas por un precio inferior a su valor.

En medio de la controversia, la Procuraduría suspendió al presidente de la SAE Daniel Rojas, como si estuviera haciendo algo indebido al objetar un negocio donde la Nación y un municipio son el vendedor y comprador. Pero ¿qué pasa si el modelo de valoración debe actualizarse para reflejar adecuadamente el valor de las acciones, o sí la intención del contrato de enajenación de las acciones entre la SAE y Barranquilla, es que la Triple A sea de propiedad 100% pública, y no se esté cumpliendo a cabalidad? No debe pasar que los funcionarios queden contra las cuerdas cuando con integridad hacen advertencias sobre la ejecución de los contratos públicos, so pena que en el desacuerdo con la contraparte y por temor a una sanción o una demanda no actúen en favor del interés público.