Mantener la virtualidad

La pandemia dejó grandes dificultades para nuestro país y para todos los colombianos, pero, en materia de justicia, permitió pasar del siglo XIX al XXI en apenas cuestión de horas gracias a la valentía y la grandeza de nuestros magistrados y magistradas del Consejo Superior de la Judicatura, nuestro ministro de Justicia y, sobre todo, nuestros jueces y juezas, que una vez más pusieron todo de sí para que, a pesar del enclaustramiento por cuenta de la tragedia del covid-19, no se suspendiera la prestación del servicio de Justicia. Desde marzo de 2020, la Justicia en Colombia se imparte a través de medios virtuales y los beneficios han sido inmensos.

Comencemos por imaginarnos el ahorro que eso representa para todos los colombianos, y, en particular, para quienes tienen algo que ver con un proceso que se ventila ante la Justicia. Nuestro país bien podría entregar las costosas sedes judiciales que tiene en arriendo, dejar de lado el uso del papel, cortar los contratos con las empresas de mensajería que envían los telegramas de citación, y ahorrarse lo que le cuesta trasladar a funcionarios o personas privadas de la libertad a diligencias fuera del lugar en el que se encuentran. Los usuarios del sector, igualmente, se ahorran el tiempo y los costos de los traslados, mientras observan que las diligencias dejan de aplazarse por las dificultades que surgen de los traslados y los cruces de audiencia. La ecuación no puede ser más fácil: mejor justicia a menor costo.

Pero el beneficio no pasa solamente por lo económico, sino, ante todo, por la seguridad y el bienestar de todos los que tenemos que ver con la Justicia. Un ciudadano que es citado en presencialidad tiene que concurrir a primera hora, entregar su cédula y esperar las horas, los días y hasta semanas a que sea llamado al estrado, mientras que, en la virtualidad, basta con hacer un clic y está en la sala judicial. Una víctima, que tenía que pasar por varias audiencias canceladas aguardando junto a su victimario en una sala de espera, hoy no tiene que confrontarse con su agresor y puede, además, seguir su proceso en tiempo real. Un abogado ya no pasa la mayoría de su tiempo en trancones o aeropuertos y ahora puede preparar mucho mejor sus diligencias. Funcionarios, abogados y ciudadanos, hoy tenemos más tiempo para compartir con los nuestros y ese bienestar emocional debe ser un factor a considerar. Además, hoy competimos con calidad en todo el país, el ciudadano escoge al abogado que quiere, y no al que le toca.

Que hay inmensos desafíos, es una verdad de Perogrullo. Por una parte, hay un gran reto en la conectividad y alfabetización digital, pero lejos de ser este un argumento para regresar a lo que teníamos, es un motivo para afianzar en la mejora de la conectividad y el acceso en todos los rincones de Colombia. El gran obstáculo para que se mantenga la virtualidad en la Justicia ha sido cultural. Una generación acostumbrada al papel sellado; al abogado que, como cacique, domina una plaza; al rito sin sentido y a pensar que solo trabaja quien está sentado en su despacho, nos enseña que el juez debe mirar a los ojos a las partes, para así encontrar a quien miente y al que dice la verdad. El derecho es una ciencia mucho más compleja que eso, hay quienes pueden mentir tranquilamente, así como quienes se intimidan al contar su verdad y más en un juicio penal. Es por ello que la ciencia del derecho hoy cuenta con un robusto marco teórico que impone la obligación de corroborar de manera periférica todo lo que afirma una persona ante un estrado, de manera que los gestos y miradas son lo de menos a la hora de decidir a quien se cree y a quien no.

Es por ello que el gran reto de la justicia de hoy en Colombia es que la virtualidad sea una política de Estado. Resulta incomprensible el que el mismo Ministerio de Justicia, que impulsó de manera irrestricta la implementación de las TIC, hoy dude de sus bondades. La implementación de esta política demanda la entrega de las sedes judiciales que se tienen en arriendo, el impulso de la digitalización de los expedientes, la alfabetización de los usuarios y, por sobre todo, aportar para que haya una mejor conectividad.