Misión de Empleo: mucho diagnóstico, pocas soluciones

La semana pasada el Gobierno Nacional, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, dio a conocer los resultados de la Misión de Empleo que es un proyecto de investigación y análisis independiente que busca establecer las razones que impiden que el mercado de trabajo colombiano mejore, no solo en cobertura (desempleo), sino en calidad (informalidad).

El informe es bastante juicioso, esquemático y la verdad es muy fácil de leer. Cualquiera que se dedique a asuntos laborales y de la seguridad social tiene la obligación ética de estudiarlo, analizarlo y – por qué no – criticarlo.

A pesar de que luce novedoso, no es la primera vez que en Colombia se adelanta una Misión de Empleo. En los gobiernos Lleras Restrepo (1970) y Betancur (1986) se adelantaron estudios similares y en ambos casos fueron auspiciados por la OIT. De hecho, parecería claro que la famosa Ley 50 de 1990 es fruto de las conclusiones y sugerencias que planteó el informe de 1986.

Esta nueva versión 2022, tiene una excelente calidad diagnóstica, sin embargo, es inversamente proporcional a su impacto práctico. Es decir, se concentra mucho en establecer cuáles son los problemas de empleabilidad en Colombia, pero a la hora de las soluciones se queda corto y se cuida mucho en no herir “susceptibilidades”. Un lector informado llega relativamente fácil a las soluciones, pero hubiera sido deseable leer las propuestas de los expertos, sin dejar tanto espacio a la imaginación.

Quizá la conclusión más importante del estudio es que nuestro sistema normativo es anacrónico y que tenemos una colcha de retazos conformada por más de 90 intentos de reforma legal en los últimos 30 años, que no han aportado mucho para solucionar los problemas. En otras palabras, tenemos muchos paños de agua tibia, pero pocas soluciones estructurales, de fondo y con vocación de permanencia en el tiempo.

Palabras más, palabras menos, el informe concluye que no contamos con una política pública de Estado que planifique nuestro mercado de empleo de largo plazo. Parecería que el informe siguiere la necesidad de evitar cambios cortoplacistas y reactivos que son propios de los vaivenes de la política. En este punto se podría concluir que, tal como lo hemos sugerido en esta columna, se requiere un gran acuerdo nacional por la modernización de nuestro sistema legal laboral y hacerlo sostenible en el tiempo.

La Misión formaliza algunas “verdades” que ya sabíamos. Por ejemplo, indica que nuestro sistema de seguridad social, por la vía de subsidios, de la duplicidad de regímenes y de los elevados costos de acceso al trabajo formal, incentiva la informalidad y el incremento de los subsidios. Para un trabajador independiente o por cuenta propia es más cómodo seguir accediendo a salud subsidiada por el Estado, antes que acceder a un sistema contributivo que le resulte más caro. Es un ciclo vicioso y altamente costoso para las finanzas del Estado.

En el caso de los ingresos, advierte que tenemos un salario mínimo distorsionado por las prestaciones sociales y demás cargas derivadas del mismo. La estandarización del salario mínimo se convierte, paradójicamente, es una barrera al empleo. Sin decirlo de frente, parecería claro que el informe sugiere la necesidad de pensar en salarios mínimos regionales o por sectores. En cualquier caso, concluye que entre más alto sea el salario mínimo, la barrera para la formalización seguirá siendo insalvable; algo que ya sabíamos, pero que este Gobierno olvidó recientemente.

La Misión reconoce que existe una desconexión entre las necesidades empresariales y la oferta de formación técnica y tecnológica para el trabajo. Nuestro sistema educativo no está generando los trabajadores y las competencias que los empleadores necesitan, es decir, estamos formando gente para lo que no sirve. Invertimos muy poco en educación para el trabajo y los recursos son ineficientes, porque no se evidencia un retorno de la inversión por falta de calidad y de pertinencia.

Nuevamente nos recuerdan que el desempleo tiene una brecha de género que la sociedad no ha podido superar. Las mujeres siguen siendo las más afectadas y las soluciones no parecen claras, porque no se trata de un fenómeno normativo, sino de una evolución muy lenta de la sociedad y del mercado de trabajo en Colombia, que todavía no ha logrado asimilar la obligación de garantizar equidad y oportunidad en las relaciones de trabajo.

Es un buen trabajo de diagnóstico que este Gobierno no logrará concretar por evidente falta de tiempo y de espacio político. Es claro que su utilidad solo la podremos determinar con el siguiente presidente, sea quien sea. Esa realidad nos lleva a exigirle a los candidatos que se pronuncien sobre el informe, pero en especial, sobre sus propuestas concretas en materia de empleo.

En temas laborales, por la complejidad e impacto social, todos los candidatos presidenciales quieren quedar bien. No obstante, va siendo hora de escuchar programas y caminos para llegar a los objetivos de mejora que propone la Misión. Dios quiera que el próximo gobierno no eche en saco roto este esfuerzo institucional y lo utilice para sustentar los cambios que necesitamos.