Oleada de una deuda mundial

Los niveles de deuda están desbordados en casi todas las economías, un hecho que está al borde de desatar una grave crisis financiera mundial en los próximos años. Y en medio de un contexto económico en el que toma protagonismo la inflación, si los países no toman medidas para reestructurarse, la pobreza tomaría más fuerza y un colapso en el crecimiento económico.

Según la Base de datos del FMI sobre la deuda mundial, el endeudamiento general aumentó 28 puntos porcentuales en el año 2020, lo que equivaldría al 256 % del PIB mundial. De esta, el 40 % corresponde a deuda pública, siendo el porcentaje más elevado en casi seis décadas.

Por supuesto, lo primero que viene a la mente es echarle la culpa a la pandemia. Pero el problema y las advertencias venían desde mucho antes. Después de una década de aumento de la deuda, lo que hizo la pandemia del covid-19 fue ampliar el endeudamiento total a un nivel máximo; pero según el Banco Mundial, casi el 60 % de los países más pobres ya estaban sobreendeudados o presentaban un alto riesgo de sobreendeudamiento.

En medio de la crisis que más fuerte nos ha impactado, en 2020 las políticas extraordinarias estabilizaron los mercados financieros y flexibilizaron la liquidez y las condiciones de crédito; pero los déficits se fueron a pique y la deuda se acumuló mucho más rápido a comparación de una recesión como la de la crisis financiera mundial.

Así, esta pudo considerarse la cereza en el pastel de la crisis de la deuda. Pero las bases, según un análisis del Banco Mundial, se estaban sembrando desde mucho antes: entre 2011 y 2019 la deuda pública aumentó 18 % del PIB en promedio, pero se evidenciaban casos mucho más graves en regiones como África subsahariana, en donde la deuda aumentó 27 %. Y no hay evidencia de ninguna sorpresa económica, solo fue cuestión de malas políticas.

Volviendo al caso de África: los aumentos de déficits se fueron por las nubes y no precisamente por inversiones productivas a largo plazo. El Gobierno se endeudó mucho para pagar aspectos como los salarios de los trabajadores del sector público y no para construir carreteras, edificaciones o escuelas y resultó que el gasto corriente superó a la inversión de capital en una relación de 3 a 1.

La historia nos ha mostrado que todas las crisis de deuda comienzan con advertencias ignoradas y terminan como limitaciones graves en el presupuesto de sectores que siempre se han declarado claves, como la salud y la educación. Por ejemplo, la “década perdida” disparó en los años ochenta la mayor crisis de deuda sufrida por América Latina cuando Estados Unidos hizo malabares para poder frenar la inflación.

Bajo el contexto de inicios de este año, se esperaba que entre el primer y el segundo trimestre del año entrante una decena de economías en desarrollo podría no estar en condiciones para atender su deuda. Pero si ahora se suma el aumento del dólar para la región latinoamericana, este incremento en el costo complica mucho el panorama de deuda en varios países. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los pagos de los servicios de deuda externa entre 2022 y 2026 pasarían de 117 a 147 billones de pesos si el dólar se mantiene en 5.000 pesos. La presión es enorme y latente.

Los sistemas de alivio de deuda se consolidaron en 2020 para abordar la insostenibilidad de la deuda acarreada por la crisis de la pandemia (y lo que venía desde antes), bajo un Marco Común al que llegaron el G20 y el Club de París, que trascendía la anterior Iniciativa de Suspensión de Servicio de la Deuda (ISSD). Pero el hecho de que la ISSD solo suspendiera temporalmente los pagos bilaterales de la deuda, junto con la falta de participación del sector privado en el plan, contribuyó a que este mecanismo fuera ineficaz.

Al respecto, también hubo muchas advertencias de la sociedad civil y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, a la final, los países reanudarían los mismos pagos de la deuda en medio de una recuperación asimétrica y muy desigual de la pandemia, socavando así la capacidad de los gobiernos de proteger los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos.

Pero ahora la ONU aboga por un alivio de la deuda para los 54 países que más afectados están por sus servicios de deuda, suponiendo un mayor esfuerzo para los más ricos, mecanismos de reducción de deuda con los canjes de deuda por proyectos asociados al cuidado del medio ambiente, mejores mecanismos de alivio, etc. Pero la refinanciación o la reestructuración vendría siendo el eje transversal.

Muchos organismos han hecho un llamado para que se pueda garantizar un futuro de préstamos y endeudamiento más responsable con una regulación centrada en derechos humanos. Allí es importante analizar cuestiones estructurales también como la política de recargos del FMI. Pero bien debe haber una convergencia entre políticas más responsables de parte de las organizaciones que emiten deuda como de las naciones que la reciben para que den un uso adecuado a los recursos y pueda disminuirse esta asimetría que se percibe en la senda de recuperación.