Política de libre competencia en Colombia

Cuando uno se refiere al liberalismo económico, se combinan una serie de factores importantes como mecanismos en la redistribución del ingreso, una política fiscal justa e inclusiva, mejores condiciones laborales en cantidad y calidad. De hecho, países como Noruega, Dinamarca y Suecia tienen sistemas basados en el liberalismo económico, combinando altos niveles de ingresos y una sociedad igualitaria.

En realidad, estos son referentes de categoría mundial para muchos otros ámbitos. Pero en materia de política económica nos han mostrado la importancia de unos mecanismos de regulación que establezcan reglas de juego claras para todos los involucrados de tal manera que no se facilite la formación de barreras a la entrada o estimule algún tipo de oligopolios ineficientes.

Para hablar de un capitalismo eficiente se hace indiscutiblemente necesaria la formación de autoridades modernas y eficientes que no teman sacar las uñas cuando haga falta. En ello, la política de libre competencia económica en el país ha avanzado en los últimos años en nuestro país, siendo Colombia, incluso, uno de los primeros países en el desarrollo de normas de competencia en conjunto con otros países de la región como Argentina, México y Chile.

A mediados del mes pasado se publicó un interesante estudio de Alejandra Jaramillo, Ana Milena Gómez y Juan Sebastián Rodríguez, análisis titulado Política de Libre Competencia Económica en Colombia: Diagnóstico y recomendaciones de política pública, que consolida algunos de los puntos más importantes, nutre el debate de un tema tan relevante, y que hoy día los hacedores de política y las entidades reguladoras no deberían pasar por alto.

Según cifras de la Ocde, Colombia figura como uno de los países de la región que mantiene alto el indicador de Regulación del Mercado de Productos, cuyo objetivo es medir las barreras regulatorias a la entrada de firmas y algunas distorsiones ocasionadas por la intervención estatal, tema indispensable para hablar de mejores prácticas en competencia.

Prueba de ello es el progreso en la reducción en las distorsiones de impuestos y subsidios sobre la competencia, manteniendo incluso la intensidad de la competencia local. Sin embargo, como en muchos de nuestros pilares, el componente institucional aún presenta variados retos y oportunidades de mejora. aún se presenta como un talón de Aquiles sobre estas políticas.

El estudio afirma que en Colombia no hay una independencia entre quien investiga y quien toma la decisión final. Por supuesto, esto puede conllevar a que la decisión sea, simplemente, una confirmación de las conclusiones de la investigación. Asimismo, las decisiones de competencia no tienen revisión por parte de una entidad diferente a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por otro lado, bajo el componente de protección de la competencia, se encontraron aspectos relevantes como que el listado de conductas contrarias a la libre competencia era demasiado extenso y rígido o, incluso, que no se implementa aún un análisis de efecto económico profundo en la sanción de algunas conductas anticompetitivas y simplemente se aplican cosas como la presunción de ilegalidad.

Los procedimientos para llevar a cabo alguna investigación por prácticas anticompetitivas son costosos, aspecto que justifica el uso de otros mecanismos para la solución de casos como el “ofrecimiento de garantías” que ya ha perdido valor por cosas como el análisis de la solicitud bajo parámetros subjetivos y/o porque no se consolidan las garantías adecuadas para corregir o compensar las distorsiones del mercado.

En paralelo, un estudio realizado por Fedesarrollo a finales de año pasado dirigido por Astrid Martínez afirma que las fallas del mercado siempre impedirán alcanzar el estado de una competencia perfecta, siendo las fallas más comunes las externalidades, los monopolios, los bienes públicos y la existencia de información completa y asimétrica. Pero de igual manera, ante ellas se debe definir un marco conceptual del grado de intervención estatal para prevenir o reducir la pérdida del bienestar social que se deriva de la ineficiencia en ámbitos competitivos.

Y aunque uno de los pilares que más se mueve dentro del discurso político es la promoción de la libre competencia, los descuidos frente al marco institucional y el marco regulatorio de protección a la competencia no permiten avanzar rápidamente hacia una consolidación de una política de competencia de referencia a nivel mundial. El hecho de que exista una institución dedicada al control y vigilancia, y sobre ello se genere un exceso de normatividad, no equivale a una política de libre competencia integral y progresiva.

No se trata de demeritar los esfuerzos del país para consolidar un marco que garantice la libre competencia económica en el mercado. De hecho, año tras año se escuchan significativas sanciones a importantes empresas por violar las normas de competencias. Pero hasta los informes de competitividad de los últimos años concluyen casi siempre lo mismo, y se sigue haciendo caso omiso.

Trabajar en una base institucional día a día más capacitada será el primer paso. Pero aspirar a ser una economía de mercado libre y eficiente se puede pensar una vez se reconozca que la política de libre competencia no solo otorga derechos, sino también responsabilidades y acciones contundentes de la mano de un régimen regulatorio estatal más moderno para regular y más, y potenciando día a día mejores prácticas en eficiencia, para investigar y sancionar.