¿Quiénes pagan en la tributaria?

Si bien el Gobierno ha radicado el texto de la reforma tributaria con el desconcertante nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, lo cierto es que se trata de la tercera reforma tributaria en igual número de años que el Ejecutivo lleva liderando el país. Como es lógico, tramitar cada año una reforma tributaria evidencia que la planeación fiscal es de extremo corto plazo y se viven tapando huecos mediante la apertura de otros, y otras veces, tomando decisiones fiscales erradas que han incrementado el gasto tributario lo que se traduce en menores ingresos para el erario.

Tristemente las pasadas reformas tributarias en lugar de mejorar la relación de recaudo la deterioraron. Antes de la Ley de Financiamiento (2018) y Ley de Crecimiento (2019), la relación de recaudo de impuestos frente al PIB se situaba cerca del 14,5%, aunque el diagnostico mostraba que se debía incrementar esa relación a como mínimo el 16% del PIB. Pero en el trámite de las mencionadas leyes el Gobierno decidió otorgar exenciones, exclusiones y tratamientos diferenciales dirigidos a las empresas que costaron $13 billones, es decir 1,3% del PIB lo que llevó a que la relación de recaudo versus PIB cayera del 14,5% a 13,2%.

En su momento el Gobierno defendió sus iniciativas diciendo que el mayor crecimiento de la economía aumentaría el volumen de recaudo y ese descalce de $13 billones sería cubierto, e inclusive superado, por un mayor volumen de impuestos producto de la aceleración económica. Sin embargo, los supuestos de crecimiento y de algunas variables económicas eran ya consideradas por diferentes analistas como demasiado optimistas, eso sin contar con la posterior crisis derivada del coronavirus.

Ahora con los pies dentro del barro a causa de los efectos negativos en la economía del coronavirus; de la necesidad de acometer más gasto; y de haber erosionado las finanzas del Estado; el Ministro de Hacienda busca que la factura por $25 billones sea asumida por todas las personas naturales que ganan desde $2,5 millones de pesos, en palabras más sencillas por todo aquel que gane poco más de dos salarios mínimos en adelante. Igualmente busca que lo hogares paguen IVA del 19% en la mayoría de los productos de la canasta familiar, la cual no se limita a los alimentos, sino que incluye el transporte, el vestuario, la educación, y la recreación.

Se busca también que los pensionados con asignaciones desde $4,8 millones de pesos también se conviertan en contribuyentes del impuesto a la renta. De esta manera es la clase media la que va a financiar los costos en la economía de los beneficios otorgados por valor de $13 billones de la Ley de Crecimiento, y de las nuevas necesidades de gasto para afrontar la crisis económica actual. Sin mecanismos de ajuste para rebalancear sus ingresos o sustituirlos por ayudas estatales cuando pierde el empleo o sus ingresos, es a la clase media a la que el Ministro y su propuesta de reforma tributaria le acarrearan la responsabilidad de financiar al Estado y la recuperación económica.

La reforma tributaria tal como esta concebida llevará a que los asalariados de bajos ingresos y los pensionados paguen la ampliación de subsidios y de gasto que se busca incrementar, puesto que el texto presentado al Congreso no busca más recursos desde las empresas o rentas de capital, de hecho, se habla de implementar una tarifa del 1% para los patrimonios de personas naturales superiores a los $5 mil millones. Pero por otro lado se mantiene el régimen especial de tarifas a las mega inversiones y a las zonas francas, y se conserva el descuento del IVA en bienes de capital, el descuento del 50% del ICA y 4x1.000 otorgados en la tributaria de 2019 que en conjunto costaron $13 billones al fisco.

En resumen el texto de reforma tributaria presentado lo que busca es hacer un relevo de contribuyentes, pasando la responsabilidad de financiamiento del Estado a la clase media quien ha sido la más golpeada, por otra parte, el ejecutivo en lugar de implementar una política de generación de empleo, de manera perezosa prefiere extender la base de subsidios financiándolos con IVA a la canasta familiar que será pagado en su totalidad de nuevo por la clase media que no recibirá ningún tipo de ayuda o protección en caso de perder sus ingresos.