¿Reducir la jornada laboral?: Vuelve la burra al trigo

A finales del 2020 fue noticia el trámite de un proyecto de ley que pretende reducir la jornada de trabajo sin afectar los salarios de los trabajadores. En su momento, existió meridiano consenso en que se trataba de una iniciativa altamente inconveniente y, en mi opinión, inoportuna.

Contra todo pronóstico, el proyecto ha seguido su trámite en la Cámara de Representantes y en los últimos días el congresista ponente, representante Jhon Arley Murillo, ha convocado a audiencias públicas para escuchar la posición de los diferentes sectores y grupos de interés sobre la conveniencia del proyecto.

En los “chismes” políticos se indica que existe un acuerdo del partido de gobierno (autores del proyecto) para que otras bancadas apoyen la iniciativa y se convierta en norma, sin embargo, han acordado darle un “bajo perfil” para “sorprender” a la gente con miras a las elecciones legislativas que se avecinan. En otras palabras, al parecer, se está fraguando un típico escenario de populismo legislativo que pretende convertir esta “gabela” en votos.

En buena hora los gremios han reaccionado y de forma juiciosa participaron de las audiencias públicas presentando las cifras y los estudios que demuestran que la iniciativa, si bien puede “lucir” justa y de alto impacto social, también representa una catástrofe para el mercado de trabajo, en especial, considerando que estamos atravesando la peor crisis económica y social de nuestra historia reciente.

Según la Andi, “En promedio, para cubrir las ocho horas no trabajadas en la semana, las empresas cargarían con un costo semanal promedio de $85.309 por persona. Esto, escalado a los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas, significaría un costo anual de 26,9 billones de pesos para la economía, es decir, un impacto de cerca de 2,7% del PIB de 2019”.

Para tener claro el impacto económico del proyecto, podemos tener como referente la última reforma tributaria del Gobierno Duque (Ley de Financiamiento – Ley 1943 de 2018), que tan solo generó poco más de 6 billones de pesos. Esto significa que el proyecto de ley implicaría para los empresarios un esfuerzo cinco veces mayor; que sumado a la reforma fiscal que ha iniciado su trámite, literalmente acabaría con las expectativas de recuperación de la economía en el corto y mediano plazo.

Igualmente, los gremios de la producción indican que de llegarse a convertir en ley el proyecto, no va a generar mayor empleo y tampoco se reducirán realmente las jornadas de trabajo, simplemente porque los empresarios preferirían pagar más horas extras en lugar de vincular nuevos trabajadores. Es decir, la reducción de jornadas, en realidad se convertiría en un incremento de los salarios por la puerta de atrás; así de sencillo.

Incluso el Ministerio de Hacienda, al ser requerido para que se pronunciara sobre la procedencia fiscal del proyecto, indicó lapidariamente que “si bien la iniciativa legislativa (..) persigue un fin loable no sería conveniente impulsar esta propuesta ante el panorama actual descrito como consecuencia de la pandemia”, es decir, incluso el Gobierno Nacional considera que el proyecto es inviable y está fuera de toda lógica en las actuales circunstancias.

Acá la pregunta es: ¿Sí es claro que reducir la jornada de trabajo afectará a todos, por qué seguir insistiendo en ese proyecto? Las respuestas pueden ser muchas, pero es evidente que el fin último no es incentivar el empleo, simplemente porque en las actuales circunstancias nadie, ni siquiera los trabajadores, encontraríamos una ventaja real.

Arriesgarnos a “probar” a ver cómo nos va y alegar que la implementación será progresiva, es ponerle pañitos de agua tibia a lo que se convertirá en un gran dolor. Lo que está quieto y funcionando desde hace siglos, sin reparo de casi nadie, como es el caso de la jornada laboral… ¿para qué cambiarlo?

Es posible que la sociedad avance hacia la reducción del tiempo de trabajo para tener más espacios personales, pero para llegar a eso, primero deberíamos solucionar temas más urgentes como reducir el desempleo, cerrar la brecha de equidad y en desarrollarnos como nación.

Los países que tiene jornadas inferiores a las 48 horas semanales son todos, sin excepción, países desarrollados que pueden darse ese lujo porque han solucionado nuestros actuales problemas, pero con una pequeña diferencia, los resolvieron hace varias décadas.

Es el momento de pedirle sensatez al Congreso. Ese proyecto, sin mayores discusiones o lamentaciones, debe archivarse. Ya habrá tiempo y espacio para esa discusión, por ahora tenemos el deber ético de concentrarnos en sacar el país adelante, reactivarnos y generar empleos de calidad; eso es lo verdaderamente urgente.