Soberanía energética, alimentaria, y regulatoria

Alemania mantuvo durante años un acentuado acercamiento a Rusia, en el que la canciller Angela Merkel, como lo señala el analista Jaume Masdeu, “mezclando las prioridades de sus empresas con una visión geopolítica que se ha demostrado errónea, siguió estrechando lazos con Rusia, pese al comportamiento cada vez más provocador del régimen de Putin. Alemania iba aumentando la dependencia del gas ruso y quería multiplicarla aún más con la construcción del gasoducto Nord Stream 2, a pesar de las advertencias de tres administraciones norteamericanas. En tonos muy distintos, Obama, Trump y Biden avisaron de lo que consideraban un error. Ni la canciller Merkel ni su entonces ministro de Hacienda y actual canciller, Olaf Scholz, rectificaron”. Hoy Alemania, aparte de un elevadísimo precio por el gas y el petróleo, está pagando las consecuencias de sus equivocadas políticas energéticas: o se arrodilla ante Putin, o hace un cambio radical en su matriz energética.

Los colombianos debemos tratar de asegurar nuestra soberanía energética. El construir una nueva Planta Regasificadora en Buenaventura sería un error garrafal ya que nos convertiría en una nación dependiente del gas importado. Igualmente suspender toda nueva exploración, incluyendo el fracking, sería adelantarnos en el camino a la no soberanía energética. Es deseable hacer una transición acelerada hacia energías limpias y renovables, pero mientras no existan las baterías (o cualquier otra tecnología) para almacenar energía (dado que el sol no brilla en la noche y el viento sopla de manera intermitente) que permitan asegurar una total correspondencia entre la demanda y la oferta, es necesario seguir dependiendo de los combustibles fósiles.

La soberanía alimentaria es algo muy distinto. El pensar que debemos producir en Colombia toda la comida que consumimos es un craso error. De alguna manera “soberanía alimentaria” consiste en afirmar que Ucrania debe producir el café que consuma; y nosotros el trigo que necesitamos. Otra cosa es la seguridad alimentaria. Estando en capacidad de reemplazar buena parte de la comida que importamos, principalmente el maíz y la soya, no producirlo en Colombia es una equivocación. Se asume, como es obvio, que podemos producir este maíz y soya a precios competitivos a nivel internacional. La tierra la tenemos: lo que se necesitan son los incentivos, entre ellos el desarrollo de los “paquetes tecnológicos”, para poder iniciar en la Altillanura la siembra de centenares de miles de hectáreas en estos productos.

Mientras se adelantan estos desarrollos es indispensable seguir importando maíz y soya. El no hacerlo paralizaría de manera inmediata la producción de proteína animal, especialmente la de pollo; y aumentaría de manera drástica el costo de la canasta familiar.

De manera inexplicable, al firmar el Tratado de Escazú, el país ha renunciado a su autonomía regulatoria en temas ambientales. De ahora en adelante serán los burócratas extranjeros los que le dirán al país qué proyectos pueden adelantar y cuáles no podrán hacerlo. Como lo mencionan sus detractores, el principal riesgo es que dicho acuerdo genera vacíos jurídicos en nuestro país que conllevan a una violación de nuestra soberanía jurídica. Es decir, que cualquier organismo internacional puede intervenir en los desarrollos productivos del país. Saliendo de una pandemia, en un proceso de reactivación económica, muchos proyectos productivos se van a ver frenados por culpa de este acuerdo. ¡Póngale la firma!