Los demandantes piden que se defienda el derecho fundamental a la libre circulación o movilidad. | Foto: Tatiana Ramírez

NACIÓN

Por tutela, juez ordena a los indígenas desbloquear vía alternas a la carretera panamericana  

Una medida cautelar de un juez de Popayán obliga a las organizaciones indígenas del Cauca a permitir el paso en la vía Panamericana, pues el bloqueo afecta hace más de 25 días a Popayán, Piendamo, Morales, Suarez y Santander de Quilichao.

5 de abril de 2019

La enredada situación que se vive por los bloqueos en las carreteras del Cauca se ha complicado aún más luego de que un juez ordenara a los indígenas que obstruyen la Vía Panamericana a cesar las vías de hecho y permitir el paso de personas y vehículos en la vía que va de Popayán a Santander de Quilichao.

La determinación responde a una acción de tutela presentada en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán con la que los demandantes piden que se defienda el derecho fundamental a la libre circulación o movilidad.

El juez admitió la tutela y ordenó una medida cautelar con la que obliga a las organizaciones indígenas a cesar los bloqueos de este corredor vial que es la única alternativa a la carretera panamericana.

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El auto interlocutorio No. 260 ordena “que el Consejo Regional Indígena Del Cauca "Cric", la Organización Nacional Indígena de Colombia "Onic" y demás organizaciones sociales que hacen parte de la denominada "Minga por la Defensa de la Vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz" se abstengan de ejecutar toda vía de hecho que afecte o constituya el bloqueo de la vía Popayán- Piendamo-Morales-Suarez y Santander de Quilichao o impida el derecho fundamental de la libre circulación o movilidad por el único corredor humanitario con que cuenta en este momento esta parte del país ante el bloqueo de la vía panamericana”.

Además, el juez resuelve que las autoridades realicen las acciones necesarias para garantizar “la libre circulación en esta vía”.

“En este caso la autoridad pública, representada por la Nación —Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa—, Ejército Nacional y Policía Nacional, así como los municipios de Popayán, Santander de Quilichao, Piendamó y Suárez deberán de manera coordinada y de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales garantizar la libre circulación por esa vía, incluido su adecuado mantenimiento, hasta tanto se resuelva la situación de bloqueo de la vía panamericana”, señala el auto.

Esta determinación es compleja teniendo en cuenta que en la Sentencia C-179 de 1994 asocia el derecho a la protesta al derecho a la libre expresión que también está consagrado en la Constitución.

“[…] El derecho de reunión que se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Ley Suprema, según lo ha dicho esta Corporación, “ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en las campañas electorales y también de los movimientos cívicos y otras manifestaciones legítimas de apoyo y protesta”.

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Este jueves, el Presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que estos bloqueos constituyen “El secuestro colectivo más grande que se haya dado en la historia de Colombia”.

La cabeza del gremio económico más representativo de la plataforma productiva colombiana afirmó que las pérdidas son “impresionantes” y que los sectores más afectados son la industria pesquera y hotelera.

“Hay una cuantificación de pérdidas de cerca de 2 mil millones de pesos diarios. En 25 días hay que multiplicar, estamos hablando de 50 mil, 60 mil millones hasta ahora”, dijo Mac Master  en el décimo cuarto Encuentro Nacional de Laboralistas que se realiza en Barranquilla.

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , CIDH, y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH invitaron a los indígenas y al Gobierno a retomar los diálogos.

“El diálogo es fundamental para la atención a las demandas sociales y es la única salida que contiene la violencia, y el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho”, expresaron la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada.

En el sentido del derecho a la protesta señala el comunicado emitido por estas organizaciones resalta que “la protesta social es un derecho humano”. “La CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada recuerdan que la protesta social es un derecho humano y que ésta siempre debe ser pacífica en todas sus manifestaciones y acciones”, dice el comunicado.

Además resaltan que “el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”.

El pasado 1 de abril se suspendieron las negociaciones entre el CRIC y el Gobierno, luego de que la organización indígena no accediera a la exigencia de cesar los bloqueos a la vía panamericana.

Por su parte, los indígenas han exigido la presencia del presidente Iván Duque en el Caucapara que escuchen sus exigencias de primera mano y entiendan la problemática que viven como problación vulnerable.

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El presidente ha insistido en que “bloquear las vías es un mecanismo de hecho innecesario, que afecta a los demás. El primer paso para que el país vea esa genuina vocación de llegar a un acuerdo es levantar las vías de hecho”.