Conozca el bufete de abogados que no pierde casi ningún caso

La balanza en las demandas contra el Estado empieza a inclinarse a su favor. Las entidades públicas pasaron de perder 7 de cada 10 pleitos a ganar más de la mitad de los procesos que afrontan ante tribunales nacionales e internacionales.

Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), desde 2016 al primer trimestre de este año el porcentaje de victorias jurídicas pasó de 74% a 100%. Solo en 2017, los pleitos ganados valían $22,2 billones.

La batalla jurídica sigue con otras 615 demandas por más de $3.000 billones, casi cuatro veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el último año. “Ya no es tan rentable demandar a las entidades públicas, la tasa de éxito para los apoderados de los demandantes ha venido disminuyendo. De hecho, vemos firmas especializándose en defender al Estado”, afirma el director de la Andje, Luis Guillermo Vélez.

El éxito se basa en aplicar una política de defensa pública, explica el exministro de Justicia, Carlos Medellín, que apodera a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en varios litigios. “Hay una unidad de criterio definida. Las instituciones se defienden con sus abogados y nosotros coordinamos con la Agencia las estrategias. Otras veces ellos entran a participar directamente cuando lo consideran”, explica Medellín.

Casos como el de Hidroituango son un buen reflejo de esta táctica, señala el jurista. El proyecto energético cuenta con varias demandas ante el Consejo de Estado. Una de estas controversias, presentada por 11 ONG, pidió suspender su licencia ambiental por romper el equilibrio de las comunidades en la zona. La petición fue negada pero el proceso continúa.

El valor económico de una demanda, su trascendencia o su precedente judicial son los criterios de la Andje para intervenir, tal como ocurrió con la apelación a una condena contra la Nación por $2,1 billones por daño moral a más de 11.000 desplazados que prendió las alarmas del Ministerio de Hacienda y revocada por el Tribunal Administrativo de Sucre.

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En otras disputas, como la interpuesta por Odebrecht contra la ANI por la terminación del contrato y en la que hay en juego más de $ 1 billón, actúan abogados externos como el exministro Medellín, quien apodera a la ANI. El caso será dirimido por los abogados Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González Arévalo y Jorge Arango Mejía, quienes fueron escogidos como árbitros por las partes.

Hoyos y su equipo también han representado a entidades públicas. Uno de esos procesos fue el que entablaron Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para conseguir la devolución de cerca de $400.000 millones de impuestos al patrimonio ante la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, destaca el profesionalismo con que ahora las entidades públicas asumen sus conflictos en los escenarios arbitrales en temas como el minero, energético y de infraestructura. “La contraparte ya no puede basar su estrategia en un Estado mal pleitero”, dice.

El caso que refleja esta realidad fue la demanda de Comcel (hoy Claro) y Movistar contra el Ministerio de Telecomunicaciones, considerada la más grande de la historia jurídica de Colombia y de Latinoamérica, no solo por su monto –$4,7 billones– sino por su complejidad y en la que el Estado salió airoso ante un tribunal de arbitramento.

“El pleito demoró 15 meses. En la justicia ordinaria hubiese durado más de 15 años. Era por unos contratos suscritos en 1993 que, por fortuna, tenían una cláusula compromisoria para resolver los conflictos que se suscitaran ante tribunales de arbitramento, algo en la que la Andje cuenta con una estrategia definida que va desde la selección de árbitros hasta honorarios muy competitivos para asumir una defensa de calidad”, señala el jurista Gabriel de Vega, quien apoderó al Estado.

En el escenario internacional, la estrategia es similar. La agencia coordina con sus abogados externos la representación de los entes nacionales involucrados en controversias ante tribunales de arbitramento internacional.

La agencia se ha ido convirtiendo en la asesora de cabecera de las entidades en acuerdos de inversión y advierte de disposiciones que puedan vulnerar intereses que resulten contraproducentes para el país. Actualmente hay nueve procesos activos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del banco.

Incrementos pensionales

En un hecho inusual, la Corte Constitucional echó atrás hace menos de un mes una decisión de su Sala Plena que ordenaba a Colpensiones incrementar en 14% la mesada pensional de 11 personas por tener a su cargo a cónyuges o compañeros permanentes.

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Los demandantes percibían altas mesadas al acogerse a un sistema de transición pensional vigente antes de entrar en vigencia la Ley 100. Gracias a un concepto de la Agencia Nacional para la Defensa del Estado, acogido por el alto tribunal, la Nación se libró del pago de $3,2 billones.

Según la Agencia, la tutela no solo afectaba la sostenibilidad del sistema, al reconocer mesadas sin una fuente clara de financiación, omitiendo una prohibición legal y constitucional. Además, la falta de claridad jurídica en el régimen de transición habría dado lugar a ventajas pensionales desproporcionadas, violando el principio de igualdad.

Caso Los Ciruelos

La Reserva Ciruelos demandó a la autoridad Nacional de Licencias Ambientales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por vulnerar sus derechos al suspender una licencia para la construcción de un complejo ecoturístico en el parque nacional Tayrona y pedía una reparación que superaba los $8.068 millones.

El caso es considerado un hito jurídico en el país: marcó un precedente que permitirá frenar proyectos en zonas de especial interés ambiental. Según el tribunal, la licencia ambiental que expide la Anla es una autorización, pero ese aval no implica que se adquiere un derecho irrevocable.

La licencia autorizó a la Reserva Los Ciruelos a construir en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta 12 ecocabañas y dos muelles de acceso.

Sin embargo, el proyecto fue suspendido por un concepto técnico de Parques Nacionales, quienes advirtieron que se podrán ver afectadas 470 especies de animales y 220 variedades de aves que habitan en el Tayrona.

CSS vs. ANI

Un tribunal de arbitramento de la CCB rechazó hace tres meses las pretensiones de Constructores CSS, que exigía a la ANI más de $34.000 millones por obras adicionales en varios puentes del corredor vial Neiva-Espinal-Girardot.

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El laudo que dirimió la controversia consideró que los términos con los que contaba el concesionario de la vía para reclamar el pago de esos recursos habían vencido. Además, condenó a CSS Constructores a pagar $600 millones por los gastos originados durante el proceso jurídico que se venía desarrollando desde diciembre de 2007.

Constructores CSS hace parte del consorcio Promesa de Sociedad Futura Autovía Neiva-Girardot, en asocio con la Controladora de Operaciones de Infraestructura y Alca Ingeniería y participa en cinco proyectos más del programa de Cuarta Generación (4G).