Fracking: el dilema de Colombia

A mediados de febrero, el país conoció el pronunciamiento de la comisión de expertos convocada por el Gobierno para determinar la viabilidad de explorar los yacimientos no convencionales (fracking) en Colombia. El grupo de 13 expertos sugirió al Ministerio de Minas ejecutar proyectos piloto de investigación y reconoció que el país tiene una regulación sólida en este campo. Pero también advirtió acerca de temas clave como las líneas base para aguas subterráneas, los estudios sobre impacto en la sismicidad, los riesgos de contaminación, el golpe a los sistemas de salud pública, la falta de acceso a la información y la necesidad de consolidar los procesos de ‘licencia social‘.

Sin duda esta será la discusión más importante en el país para los próximos meses, pues las posiciones son divergentes. Por un lado están quienes tienen preocupaciones ambientales y sociales y rechazan esta práctica por el impacto en los recursos hídricos. También advierten sobre el eventual aumento de la sismicidad en las zonas vecinas, lo que pone en riesgo el equilibrio del entorno.

En la otra parte están quienes consideran necesario desarrollar proyectos de fracking para que el país pueda quintuplicar sus reservas y garantizar la autosuficiencia en hidrocarburos. Además, creen importante asegurar nuevas inversiones por cerca de US$5.000 millones anuales y recursos por impuestos y regalías que, en promedio, representarían por cada pozo unos $1,5 billones.

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Es claro que el desarrollo de esta técnica en Colombia puede abrir una gran ventana de oportunidad para el país. Los recursos provenientes de su aplicación permitirían aliviar las cargas fiscales y apalancar proyectos futuros de mayor competitividad para Colombia. Y ayudarían a ajustar las cifras en materia de déficit de cuenta corriente, una de las principales preocupaciones de las autoridades económicas. Incluso, el fracking fortalecería la valoración de Ecopetrol en el proceso de venta que anunció el Gobierno, que todavía puede enajenar 8,5% de su participación en la compañía. Las empresas afirman que los riesgos son identificables, pueden prevenirlos y por eso no deben generar traumatismos ni tensiones.

Sin embargo, las críticas ambientales y sociales suenan cada vez más duro, y lograr un punto intermedio no será una tarea fácil. Para muchos ambientalistas, el concepto de la comisión de expertos tiene reparos porque valida las exploraciones sin tener en cuenta las advertencias en torno a los riesgos sociales, ambientales y de salud. Además, consideran que no hay garantías ni información suficiente en el país ni, en especial, en la región del Magdalena Medio, donde ya avanzan dos proyectos.

En el corto plazo, el Gobierno se enfrentará a temas jurídicos y legislativos que enrarecerán el clima de opinión. Por un lado está a la espera del fallo definitivo del Consejo de Estado que suspendió algunas normas que establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Y, por otro, en el Congreso cursan tres proyectos de ley, dos de los cuales buscan prohibir el fracking y un tercero que plantea una moratoria, mientras los expertos realizan los estudios necesarios para determinar sus impactos. Además, la controversia sobre el concepto de la comisión de expertos llega justo antes del debate electoral de este año.

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Sin duda, este es un tema álgido y complejo que exige mirar más allá del corto plazo. Colombia está en deuda para definir una nueva política de crecimiento económico: ¿seguiremos apostando al petróleo y a la minería o decidimos empezar a construir un nuevo escenario productivo y competitivo?

Cualquiera que sea la respuesta, es imposible no considerar el papel del petróleo. En el primer caso resulta clave incorporar nuevas reservas y asegurar inversiones. La crisis de Venezuela –el país con mayor volumen de reservas en el mundo– no será eterna y cuando pase la página de la dictadura de Maduro, el petróleo será su mayor atractivo. Por eso seguramente allá llegará gran parte de las inversiones del mundo. Paradójicamente, Colombia podría perder oportunidades si no se pone las pilas a tiempo.

En el segundo caso, el país debe avanzar en un proceso de transición: es imposible decirle adiós al petróleo de la noche a la mañana. La actividad debe proveer los recursos suficientes para apalancar la educación y la tecnología, al igual que nuevos sectores productivos. No puede pasar lo mismo con la bonanza del periodo 2005-2015 que significó casi $200 billones, que hoy no se ven en mejores índices de competitividad o desarrollo. Esa historia no se puede repetir.

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