Riesgo país: La prevención de desastres no da espera

Más de 10.300 familias afectadas, 360 muertos y 100 desaparecidos son el doloroso balance que dejan las tragedias de Mocoa y Manizales, producto del crudo invierno que por estos días azota al país.

Pero las afectaciones no solo son resultado de la furia de la naturaleza. También de la improvisación y la falta de planeación en el desarrollo y el crecimiento de los municipios colombianos.

En un ejercicio que hizo el año pasado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ante la posibilidad de que el país reviviera un Fenómeno de La Niña, quedó en evidencia la vulnerabilidad de algunas regiones frente a las fuertes lluvias y al mapa de riesgos que se está generando: 40% del territorio nacional podría verse ampliamente afectado por anomalías de precipitación y 21 de los 32 departamentos del país tendrían las mayores repercusiones.

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Además, en Colombia 28% de la población se encuentra localizada en áreas susceptibles a inundarse –que corresponden a 12% del territorio nacional, principalmente en zonas de los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, Cauca y Meta– y de esta población expuesta a inundaciones, 48% tiene condiciones críticas de vulnerabilidad por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Por si fuera poco, 29% de la población del país se encuentra localizada en áreas de amenaza alta y muy alta a movimientos en masa, como deslizamientos de tierra y derrumbes, equivalente a 18% del territorio. Los departamentos con mayor área expuesta a este tipo de movimientos son Boyacá 74%, Cundinamarca 65%, Risaralda 61% y Caldas 59%.

Muchos de estos indicadores muestran que las regiones han adelantado su desarrollo sin planificación: viviendas e infraestructura construidas en zonas de ladera o relleno, inadecuadas prácticas en los procesos de urbanización, sistemas productivos desarticulados con el territorio y hasta deficiencias en técnicas de construcción por la informalidad.

Desde hace cinco años, con la ley 1523 de 2012, quedó estipulado que cada municipio y departamento debe construir su plan de gestión de riesgo, el cual debe incorporar las amenazas y vulnerabilidades de los lugares que tienen condiciones especiales, como crecientes o quebradas, entre otros. Esto es estratégico porque quien conoce su riesgo sabe su vulnerabilidad y su amenaza, y con cualquier detonante que active esa condición se debe actuar.

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Sin embargo, uno de los mayores agravantes es que 97% de los municipios del país no contempla la gestión de riesgo en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), entre ellos, 11 de 32 capitales; es decir, prima la estrategia de crecimiento de las ciudades y municipios, con intereses sectoriales, económicos o individuales, por encima de la valoración del riesgo y de la evaluación de factores climáticos y su impacto en el desarrollo.

El documento Conpes 3870 de octubre del año pasado sobre el Programa Nacional para la Formulación y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial: POT Modernos, hace un balance de la situación general de deficiencias y desequilibrios entre las ciudades y sus regiones. “Por ejemplo, el espacio público efectivo en las ciudades es inferior en 77% a los estándares internacionales sugeridos, la subutilización del suelo con vocación agrícola alcanza 50% del total y la sobreutilización del suelo con vocación ganadera supera en más de 3 veces el área adecuada. Así mismo, 52,5% de la población está localizada en áreas con escasez de recurso hídrico, 33% en zonas en riesgo de deslizamiento y 48% en áreas sujetas a inundaciones”.

Pero el dato más apremiante del documento Conpes, y que se puede convertir en una ventana de oportunidad, es que en la actualidad 81% de los municipios del país –886– requiere actualizar sus POT, pues estos ya superaron su vigencia y requieren actualización.

La importancia y necesidad de actualizar la hoja de ruta más indicativa de un territorio es su plan básico de ordenamiento territorial. Pero allí se debe recoger inexorablemente la variable de riesgo como un determinante de sus procesos de desarrollo, porque el riesgo no conoce fronteras.

Es fundamental incorporar aspectos de clima y de cambio climático en la actualización de los POT, así como evaluar las connotaciones regionales y aplicar con mayor rigor el concepto de Plan Departamental de Ordenamiento Territorial.

Aunque Colombia no es un país de estaciones, no podemos seguir siendo sorprendidos por los cambios en el clima y tampoco podemos darnos el lujo de que pasen tragedias para luego planificar. El clima y los efectos del cambio climático son determinantes para tomar decisiones de mediano y largo plazo en el desarrollo de los territorios. Una tarea que no da espera.

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