La movilidad en Bogotá
Sin desconocer que el anuncio del trazado de la primera línea del Metro y el decreto que da vida al Sistema Integrado de Transporte representan avances, lo cierto es que la inmovilidad en la capital va para rato.
A comienzos del año, el secretario Distrital de la Movilidad, Fernando Álvarez, se comprometió a entregar en el primer semestre los resultados de sus grandes temas estratégicos de largo plazo para solucionar los problemas de movilidad de la ciudad. En marzo tendría listo el estudio para la reestructuración del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y contratadas las bancas de inversión que estructurarán la incorporación de nueva tecnología para el control del tránsito y el diseño para la construcción del primer corredor logístico. Por su parte, en junio presentaría los estudios de la primera línea del Metro y de la primera autopista urbana (ver Dinero No. 319, página 76). No obstante, aún no hay avances tangibles en casi ninguno de estos frentes.
El mayor avance se dio con el anuncio del trazado de la primera línea del Metro, efectuado por la consultora Senner Transporte Metropolitano de Barcelona, que definió que esta se extendería desde el Portal de las Américas en el suroccidente de la ciudad, hasta el norte en la carrera 11 con calle 100. El camino para iniciar su construcción en 2012 aún tiene grandes obstáculos. Para expertos, como Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá, el Metro no solo no solucionará los problemas de movilidad de la ciudad, pues transportaría menos del 3% de los pasajeros totales, sino que dejaría endeudada a Bogotá por los próximos veinte años. Aunque el gobierno nacional se ha comprometido a aportar, a partir de 2017, $250.000 millones anuales, cálculos iniciales indican que los 14,9 kilómetros en subterráneo y los 9 kilómetros en superficie, para un total aproximado de 24 kilómetros, podrían valer entre los US$1.700 y US$2.500 millones. Realizar el mismo recorrido con Trasmilenio costaría alrededor de US$300 millones y tendría menores costos de operación.
En otros temas de largo plazo, se suscribió un convenio de cooperación técnica no reembolsable con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para la definición del sistema de autopistas urbanas por concesión; es decir, los corredores viales posibles de ser concesionados, identificar el corredor vial que servirá de proyecto piloto, las tecnologías de control y cobro y determinar la viabilidad legal, técnica, financiera y económica del proyecto. Por su parte, el primer corredor logístico por la calle 13, la principal vía de entrada y salida de mercancías de la capital, clave para aumentar la competitividad de la ciudad, ya no figura en las prioridades del Secretario.
Dentro de los proyectos a más corto plazo, el pasado 23 de marzo se firmó el decreto que le da nacimiento oficial al proceso de implantación del SITP, el más grande reto que tiene la actual Administración con la ciudad, pues busca crear un nuevo modelo de organización empresarial para el sector. Sin embargo, aún no se conoce cuántas rutas van a quedar, cuánta flota se necesita y, por tanto, cuántos buses tienen que salir, cómo será la integración con Transmilenio y el cronograma de implementación, entre otras. Además, el fracaso de la gerencia en vía sobre la carrera 7 hace ver que las negociaciones con el gremio transportador son muy complicadas. Por ahora, la Secretaría ha iniciado un plan estratégico de divulgación, sensibilización y fortalecimiento entre los diferentes actores del SITP para lograr la participación del mayor número de propietarios en los procesos licitatorios de la operación de las zonas. Por último, en la adopción de un sistema de detección electrónica de infractores, así como la modernización del sistema semafórico haciéndolo inteligente y reportando a un centro de control maestro, la Secretaría no ha fijado la fecha para la licitación del sistema.
Si bien es claro que estos temas estratégicos son procesos graduales, también es cierto que marchan más lento de lo previsto y que en la ciudad no se vislumbra el fin de las congestiones ni del pico y placa ampliado.