SEGUROS Y ARLS

El ajuste de las ARL

Con la COVID-19 las Administradoras de Riesgos Laborales tuvieron que asumir nuevas responsabilidades. ¿Cómo ha sido su capacidad de respuesta ante el riesgo que implica la pandemia?

24 de julio de 2020

El nuevo coronavirus o COVID-19 ha significado un gran desafío para las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), que han tenido que destinar recursos importantes -que antes del pasado 27 de marzo no estaban dentro de su presupuesto- para el suministro de elementos de protección personal para los profesionales de la salud.

Estos recursos, según datos de Fasecolda, llegaron a $50.637 millones, con corte al 5 de julio pasado, dinero que se invirtió para más de 30 millones de elementos de protección, aporte que equivale, aproximadamente, al 5% de los elementos que requiere el Sistema General de Salud mensualmente, ya que el otro 95% está a cargo del empleador.

Esto ha sido, sin duda, un gran reto para estas compañías, que antes de la emergencia sanitaria no estaban obligadas, por ley, a comprar y distribuir este tipo de elementos de protección.

Estas nuevas responsabilidades, derivadas de la necesidad de cubrir -valga la redundancia- un nuevo riesgo como país por la contingencia, se dan en un escenario marcado por los altos índices de desempleo, lo que ha generado una disminución significativa del número de personas que cotizan al Sistema General de Riesgos Laborales durante el primer semestre del año. Así lo afirma el director de ARL Axa Colpatria, Juan Guillermo Zuloaga, quien agrega que las empresas que hoy están afiliadas presentan una disminución de 14,3% en el número de trabajadores versus el año anterior, lo cual se ve directamente reflejado en el recaudo percibido por las ARL en el país.

Esta ARL ha destinado más de $12.000 millones para elementos de protección personal, que se han distribuido a cerca de 1.300 empresas que cobijan a alrededor de 110.000 trabajadores con exposición directa al virus.

Así mismo, la compañía ha asesorado y acompañado a las empresas en la implementación de los protocolos y guías para el retorno laboral paulatino y en la puesta en marcha de pruebas preventivas diagnósticas y sistemas de vigilancia epidemiológica.

Otra de las empresas que se ha ajustado a este año atípico es ARL Sura, que, según su gerente general, Iván Zuluaga, ha comprendido la importancia de acompañar a las personas en el día a día, promoviendo hábitos de autocuidado y mitigando los riesgos de contagio.

La ARL ha entregado, a la fecha, más de 12 millones de elementos de protección personal, para trabajadores del sector salud. De igual forma, ha implementado el modelo de oxigenoterapia, enfocado en la intervención temprana, con buenos resultados en variables como la hospitalización y la mortalidad por COVID-19. Así mismo, ha asesorado y asistido técnicamente a más de 107.000 empresas de diversos sectores productivos en temas asociados al virus. 

Enfermedad laboral

De acuerdo con Fasecolda, el gremio propuso incluir la COVID-19 como enfermedad laboral, lo que contempla, además de los temas de promoción y prevención, el reconocimiento y pago de las incapacidades laborales y otras prestaciones asistenciales y económicas del sistema para el personal de la salud que resulte afectado por el virus.

El gremio explicó que la prestación asistencial es la que corresponde a la atención en salud de los trabajadores, mientras que la incapacidad temporal es el subsidio económico que reemplaza al salario mientras el trabajador recupera su salud.

En materia de cifras, a la fecha las ARL han otorgado 33.917 prestaciones a los trabajadores afectados por la pandemia, así como 16.852 incapacidades temporales y 30 pensiones de sobrevivencia.

Al corte del 5 de julio pasado, las ARL brindaron prestación asistencial a 10.577 trabajadores de la salud, lo que significa que el 62% de las prestaciones reconocidas han sido otorgadas a trabajadores de la salud y de apoyo. 

Precisamente, la industria aseguradora creó para este tipo de trabajadores la cobertura: “La fuerza que nos cuida”, un aporte voluntario de $10 millones para cada familia del personal de salud que fallezca por COVID-19 en el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Ahí están incluidos 585.000 trabajadores asistenciales de la salud, entre los que se destacan el personal profesional, técnico y tecnológico encargado de la prestación de servicios de salud, el personal encargado de la limpieza y desinfección de la infraestructura sanitaria y de los servicios de alimentación y transporte de pacientes. También incluye a estudiantes residentes de medicina y a aquellos que se encuentran prestando su servicio social obligatorio. Esta cobertura, explicó el gremio, no tiene costo. A la fecha ya se encuentran en trámite ocho solicitudes de familias que han sufrido la pérdida de un ser querido trabajador de la salud.

Transformación tecnológica

En el contexto de la pandemia, uno de los grandes retos que tienen sobre la mesa no solamente las ARL, sino todas las empresas del país, es la transformación tecnológica. Para el experto en seguros y banca, Wilson Triana, la revolución digital era hasta hace poco una estrategia nueva que avanzaba en los diferentes sectores de la economía incluyendo por supuesto las aseguradoras, pero con la llegada inesperada de la COVID -19, la exigencia del aislamiento preventivo y los cambios en los hábitos de las personas, se evidenció que el camino recorrido estaba muy “crudo” para atender de forma inmediata y diferente al cliente externo e interno.

Esta situación, explica, exige una sólida inversión en tecnología, canales digitales para la atención y servicios dirigidos al empleador y al empleado; así como una mayor calidad en la atención virtual y servicios como telemedicina.