SALUDCOOP
Los secretos del informante
Esta es la historia de la manera como fueron descubiertos los nexos de Carlos Alberto Palacino, cabeza de Saludcoop, con Holger Díaz, uno de sus alfiles en el Congreso.
11 de julio de 2014
Los visitadores de la Contraloría que aquel 5 de mayo de 2011 llegaron por sorpresa a la sede de Saludcoop, en el norte de Bogotá, no olvidan la reacción de Darío Mejía Villegas, secretario general de la EPS. El funcionario palideció y reaccionó indignado cuando los comisionados le pidieron que entregara su ordenador personal, donde serían hallados documentos que hoy permiten calcular la dimensión del desbarajuste de la entidad.
“En este equipo hay información personal privada, mía y de mi esposa, incluso archivos fotográficos de consultas médicas”, les dijo Mejía, según consta en el acta de visita 010 levantada aquel día (ver facsímile). Enseguida hizo llamar al abogado Hernán Gonzalo Jiménez, un exdirector del CTI de la Fiscalía que fungía como asesor jurídico de Carlos Alberto Palacino.
En medio de la discusión que se armó, Jiménez –y más tarde el también abogado asesor José Joaquín Bernal– les reprocharon airadamente a los comisionados de la Contraloría una supuesta extralimitación de funciones y les pedían detener el “allanamiento” por no tener el aval de un control de garantías.
Simón Guzmán, uno de los investigadores, no consiguió atemperar los ánimos pero sí imponer el criterio según el cual las facultades de policía judicial de la Contraloría respaldaban la práctica de la diligencia.
Los comisionados terminaron llevándose ese y otros computadores. Si no hubiera sido así, el órgano de control fiscal no habría descubierto los tentáculos de los negocios hechos por Saludcoop a expensas de los recursos de la salud pública. Tampoco habría resultado posible saber que el congresista Holger Horacio Díaz Hernández era uno de los peones de brega que tenía Palacino en las comisiones séptimas del Congreso, donde en otras épocas las reformas al régimen de salud se hacían a la medida de sus intereses.
Sin reservas
La exploración del disco duro del computador permitió sacar de las criptas de la confidencialidad el correo en el que Díaz, actual representante a la Cámara por Santander, le pedía a Palacino que le consignara el dinero que le debía por sus servicios. El tema recobra actualidad porque el correo fue revelado recientemente en su columna de la revista Semana por el periodista Daniel Coronell y porque el abogado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, lo utilizó, dentro de un amplio acerbo de pruebas, para promover ante el Consejo de Estado una acción de pérdida de investidura contra el parlamentario.
“Buenas noches –reza su texto–, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas te quiero molestar porque hace dos meses no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias, Holger”. El NIT corresponde a la empresa Salud con Calidad, donde el ahora congresista trabajó como gerente general. Por lo demás, la esposa del congresista, Martha Lucía Quiroz, se desempeñó primero como empleada y luego como contratista de Saludcoop, asunto que debió haber llevado a Díaz a declararse impedido para intervenir en cualquier trámite legislativo relacionado con la EPS (ver recuadro).
El mensaje le llegó en primera instancia a Darío Mejía y luego le fue copiado por el mismo Díaz a Palacino.
Lejos de ser extemporáneas por el tiempo transcurrido desde su hallazgo, las pruebas resultan relevantes, no solo para el Consejo de Estado sino para la propia Corte Suprema de Justicia, algunos de cuyos magistrados anuncian la apertura de una indagación sobre los contactos de Palacino en las comisiones séptimas.
El ordenador de Darío Mejía promete abrir una caja de pandora sobre los nexos del expresidente de la entidad –condenado fiscalmente por un monto cercano a los $2 billones–, no solo con el Congreso, sino con los órganos de control. Su revisión también ha servido para comprobar que Mejía se encargaba de redactar las decisiones de la Contraloría favorables a Saludcoop en tiempos en que el organismo fiscalizador era dirigido por Julio César Turbay Quintero.
Dinero reveló en mayo de 2011 que la relación entre Palacino y Mejía data desde los tiempos en que este último se desempeñó como Defensor del Pueblo Delegado para la Salud y como Secretario General de la Defensoría.
En esa época, la Dirección de Policía Judicial (Dijin) descubrió que Mejía obtenía para Palacino información privilegiada y que en 2004, cuando se enteró de que venían acciones administrativas para meter en cintura a Saludcoop –relacionadas con denuncias sobre abusos en la prestación de los servicios y desvío de recursos lo alertó.
Mejía, que actuaba como informante de Palacino, le escribió al entonces ministro de Protección, Diego Palacio, para indagarle acerca de una posible intervención. El requerimiento estaba dentro de una “acción defensorial” encaminada a proteger a los usuarios del servicio. Hasta entonces nadie sospechaba de su rol.
**
Esguince a la Constitución
En el proceso de pérdida de investidura que se inicia por estos días, el Consejo de Estado investigará especialmente una posible violación por parte de Holger Díaz del artículo 180 de la Constitución relativo al régimen de incompatibilidades para los congresistas.
La norma dice, en esencia, que los parlamentarios no podrán gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno.
Dispone también que el funcionario que, en contravención de dicho artículo, nombre a un Congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta.
“En este equipo hay información personal privada, mía y de mi esposa, incluso archivos fotográficos de consultas médicas”, les dijo Mejía, según consta en el acta de visita 010 levantada aquel día (ver facsímile). Enseguida hizo llamar al abogado Hernán Gonzalo Jiménez, un exdirector del CTI de la Fiscalía que fungía como asesor jurídico de Carlos Alberto Palacino.
En medio de la discusión que se armó, Jiménez –y más tarde el también abogado asesor José Joaquín Bernal– les reprocharon airadamente a los comisionados de la Contraloría una supuesta extralimitación de funciones y les pedían detener el “allanamiento” por no tener el aval de un control de garantías.
Simón Guzmán, uno de los investigadores, no consiguió atemperar los ánimos pero sí imponer el criterio según el cual las facultades de policía judicial de la Contraloría respaldaban la práctica de la diligencia.
Los comisionados terminaron llevándose ese y otros computadores. Si no hubiera sido así, el órgano de control fiscal no habría descubierto los tentáculos de los negocios hechos por Saludcoop a expensas de los recursos de la salud pública. Tampoco habría resultado posible saber que el congresista Holger Horacio Díaz Hernández era uno de los peones de brega que tenía Palacino en las comisiones séptimas del Congreso, donde en otras épocas las reformas al régimen de salud se hacían a la medida de sus intereses.
Sin reservas
La exploración del disco duro del computador permitió sacar de las criptas de la confidencialidad el correo en el que Díaz, actual representante a la Cámara por Santander, le pedía a Palacino que le consignara el dinero que le debía por sus servicios. El tema recobra actualidad porque el correo fue revelado recientemente en su columna de la revista Semana por el periodista Daniel Coronell y porque el abogado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, lo utilizó, dentro de un amplio acerbo de pruebas, para promover ante el Consejo de Estado una acción de pérdida de investidura contra el parlamentario.
“Buenas noches –reza su texto–, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas te quiero molestar porque hace dos meses no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias, Holger”. El NIT corresponde a la empresa Salud con Calidad, donde el ahora congresista trabajó como gerente general. Por lo demás, la esposa del congresista, Martha Lucía Quiroz, se desempeñó primero como empleada y luego como contratista de Saludcoop, asunto que debió haber llevado a Díaz a declararse impedido para intervenir en cualquier trámite legislativo relacionado con la EPS (ver recuadro).
El mensaje le llegó en primera instancia a Darío Mejía y luego le fue copiado por el mismo Díaz a Palacino.
Lejos de ser extemporáneas por el tiempo transcurrido desde su hallazgo, las pruebas resultan relevantes, no solo para el Consejo de Estado sino para la propia Corte Suprema de Justicia, algunos de cuyos magistrados anuncian la apertura de una indagación sobre los contactos de Palacino en las comisiones séptimas.
El ordenador de Darío Mejía promete abrir una caja de pandora sobre los nexos del expresidente de la entidad –condenado fiscalmente por un monto cercano a los $2 billones–, no solo con el Congreso, sino con los órganos de control. Su revisión también ha servido para comprobar que Mejía se encargaba de redactar las decisiones de la Contraloría favorables a Saludcoop en tiempos en que el organismo fiscalizador era dirigido por Julio César Turbay Quintero.
Dinero reveló en mayo de 2011 que la relación entre Palacino y Mejía data desde los tiempos en que este último se desempeñó como Defensor del Pueblo Delegado para la Salud y como Secretario General de la Defensoría.
En esa época, la Dirección de Policía Judicial (Dijin) descubrió que Mejía obtenía para Palacino información privilegiada y que en 2004, cuando se enteró de que venían acciones administrativas para meter en cintura a Saludcoop –relacionadas con denuncias sobre abusos en la prestación de los servicios y desvío de recursos lo alertó.
Mejía, que actuaba como informante de Palacino, le escribió al entonces ministro de Protección, Diego Palacio, para indagarle acerca de una posible intervención. El requerimiento estaba dentro de una “acción defensorial” encaminada a proteger a los usuarios del servicio. Hasta entonces nadie sospechaba de su rol.
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Esguince a la Constitución
En el proceso de pérdida de investidura que se inicia por estos días, el Consejo de Estado investigará especialmente una posible violación por parte de Holger Díaz del artículo 180 de la Constitución relativo al régimen de incompatibilidades para los congresistas.
La norma dice, en esencia, que los parlamentarios no podrán gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno.
Dispone también que el funcionario que, en contravención de dicho artículo, nombre a un Congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta.
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