CAPTACIÓN ILEGAL
Cantata y fuga
Mientras David Wigoda, expresidente de Factor Group, se reúne con su familia en Israel y no está dispuesto a regresar, el Estado intenta sacar adelante el plan de desmonte para responderles a las víctimas.
10 de julio de 2014
En la mañana del martes 1º de julio, Marcela Jaramillo y sus hijas Nicole y Monique llegaron al aeropuerto Ben-Gurión de Tel Aviv en un vuelo comercial procedente de Madrid. Allí, en la capital israelí, se reunirían con su esposo y padre, David Wigoda, investigado en Colombia por cinco delitos relacionados con la quiebra de su compañía Factor Group.
Su reencuentro, según testigos colombianos, fue más que cordial para una pareja que, poco antes de iniciarse el proceso de desmonte de los negocios de la compañía intervenida por captación ilegal, disolvió su sociedad conyugal y dejó de presentarse en reuniones sociales y de asistir a las asambleas de su sinagoga en Bogotá.
Como lo reveló Dinero en su edición 447 (ver el artículo Refugio en Tel Aviv), Wigoda se encuentra en Israel hace más de dos meses y gestiona su nacionalidad al amparo de la Ley del Retorno, que desde 1950 le permite optar por ella a cualquier persona nacida de madre judía que reúna los requisitos para radicarse allí.
Según amigos comunes en Bogotá, el reencuentro de la familia Wigoda Jaramillo podría significar, en ese contexto, que no van a regresar a Colombia, asunto que carecería de interés si no fuera porque ese hecho pondría al empresario fuera de la acción de las autoridades jurisdiccionales que lo han llamado a responder por los delitos de captación ilegal de recursos del público, estafa y falsedad.
Su refugio definitivo allí constituiría también una burla a la legislación que obliga a los responsables de descalabros –como el que le costó a Factor Group la salida del mercado– a responder a los inversionistas afectados hasta con sus propios bienes.
En este escenario, la disolución de la sociedad conyugal, registrada en la Notaría 30 de Bogotá, mediante escritura 2453 del 26 de agosto de 2011, se revela como parte de una maniobra para eludir esas responsabilidades legales. “David –dice un amigo suyo– tendría que haber estado loco para entregarle a Marcela, sin más, la mayor parte de su patrimonio, incluidas sus inversiones en el condominio La Padrera Potosí, en La Calera, todos sus carros y hasta más de $1.000 millones en efectivo”.
Es cierto que con la ausencia de Wigoda el plan de desmonte de las inversiones de Factor Group puede seguir adelante sin más tropiezos, pero lo es también que si él no le pone la cara a la Justicia, será más difícil rastrear su patrimonio real, incluido un fondo off shore radicado en Islas Vírgenes. El Fondo especial se denomina High Yield Plus y a él fueron a parar captaciones por US$26 millones.
El fondo era administrado por Beatriz Wigoda, hermana del empresario colombiano. Ella vive actualmente en Miami y tampoco ha respondido los requerimientos de los inversionistas. Los hermanos Wigoda han sostenido que esos recursos se perdieron por completo porque fueron invertidos en empresas estadounidenses y canadienses que resultaron hacer parte de un cartel internacional de estafadores.
Lo extraño de este caso específico es que no se tienen noticias sobre el desarrollo legal que Wigoda dice haber emprendido en Estados Unidos para recuperar el dinero. Averiguarlo, ahora que se refugia en Israel, país con el que no existe tratado de extradición, será una tarea más compleja.
**
Pleitos: Falsa expectativa
Factor Group aceptó –al menos en teoría– una exigencia de la Superintendencia de Sociedades para que aportara cerca de $15.000 millones que hacían falta para terminar una de las fases del plan de desmonte. La empresa prometió cubrirlo con el dinero que recibiría al ser fallados pleitos pendientes con Ecopetrol, Minera Encol y Aeromedellín.
El abogado José Luis Giraldo, representante de las víctimas, recordó que, desde el punto de vista jurídico, un pleito es una contingencia, pero jamás representa una garantía. Tenía razón. Al final, uno de los procesos fue fallado en primera instancia a favor de Ecopetrol. El pleito contra Minera Encol fue fallado en contra de esta, pero lo único que esta firma tenía para pagar era un lote situado a cincuenta minutos de Cúcuta y que hoy está embargado.
Los predios Matarredonda, Machín, Berlín y Los Mangos, ofrecidos en dación de pago por el ganadero Luis José Botero, quien concentraba buena parte de los dineros captados, tienen también medidas cautelares conseguidas por el BBVA como consecuencia de una deuda por $5.500 millones.
Botero entregó entonces un lote en Las Palmas (Medellín), que simultáneamente había reservado para pagar una deuda con una sociedad panameña de nombre Canalais, cuyos accionistas se desconocen. Ante estos problemas, la venta del lote no se pudo hacer efectiva.
**
Así va el desmonte
Cinco fideicomisos relacionados en su mayor parte con inversiones en el sector ganadero hacen parte del plan de desmonte de Factor Group. Su valor nominal total es de $171.117. millones. Sin embargo, el valor de los giros aprobados a los inversionistas apenas superan los $143.000 millones. Esto significa que se han perdido más de $27.000 millones, ya que la legislación vigente autoriza a que en estos casos sea pagado solo el capital sin intereses.
El mayor de los fideicomisos es Inmuebles Ganaderos y en él estuvieron comprometidos algo más de $147.000 millones. Los demás, Ceba de Ganado, Monarca S.A. Salamanca y Monarca-La Selva, son más pequeños, y en ellos las inversiones oscilaron entre Los $1.500 millones y los $7.000 millones.
El número total de inversionistas reclamantes es de 1.557 personas, la mayoría de ellas de Bogotá y Medellín.
Su reencuentro, según testigos colombianos, fue más que cordial para una pareja que, poco antes de iniciarse el proceso de desmonte de los negocios de la compañía intervenida por captación ilegal, disolvió su sociedad conyugal y dejó de presentarse en reuniones sociales y de asistir a las asambleas de su sinagoga en Bogotá.
Como lo reveló Dinero en su edición 447 (ver el artículo Refugio en Tel Aviv), Wigoda se encuentra en Israel hace más de dos meses y gestiona su nacionalidad al amparo de la Ley del Retorno, que desde 1950 le permite optar por ella a cualquier persona nacida de madre judía que reúna los requisitos para radicarse allí.
Según amigos comunes en Bogotá, el reencuentro de la familia Wigoda Jaramillo podría significar, en ese contexto, que no van a regresar a Colombia, asunto que carecería de interés si no fuera porque ese hecho pondría al empresario fuera de la acción de las autoridades jurisdiccionales que lo han llamado a responder por los delitos de captación ilegal de recursos del público, estafa y falsedad.
Su refugio definitivo allí constituiría también una burla a la legislación que obliga a los responsables de descalabros –como el que le costó a Factor Group la salida del mercado– a responder a los inversionistas afectados hasta con sus propios bienes.
En este escenario, la disolución de la sociedad conyugal, registrada en la Notaría 30 de Bogotá, mediante escritura 2453 del 26 de agosto de 2011, se revela como parte de una maniobra para eludir esas responsabilidades legales. “David –dice un amigo suyo– tendría que haber estado loco para entregarle a Marcela, sin más, la mayor parte de su patrimonio, incluidas sus inversiones en el condominio La Padrera Potosí, en La Calera, todos sus carros y hasta más de $1.000 millones en efectivo”.
Es cierto que con la ausencia de Wigoda el plan de desmonte de las inversiones de Factor Group puede seguir adelante sin más tropiezos, pero lo es también que si él no le pone la cara a la Justicia, será más difícil rastrear su patrimonio real, incluido un fondo off shore radicado en Islas Vírgenes. El Fondo especial se denomina High Yield Plus y a él fueron a parar captaciones por US$26 millones.
El fondo era administrado por Beatriz Wigoda, hermana del empresario colombiano. Ella vive actualmente en Miami y tampoco ha respondido los requerimientos de los inversionistas. Los hermanos Wigoda han sostenido que esos recursos se perdieron por completo porque fueron invertidos en empresas estadounidenses y canadienses que resultaron hacer parte de un cartel internacional de estafadores.
Lo extraño de este caso específico es que no se tienen noticias sobre el desarrollo legal que Wigoda dice haber emprendido en Estados Unidos para recuperar el dinero. Averiguarlo, ahora que se refugia en Israel, país con el que no existe tratado de extradición, será una tarea más compleja.
**
Pleitos: Falsa expectativa
Factor Group aceptó –al menos en teoría– una exigencia de la Superintendencia de Sociedades para que aportara cerca de $15.000 millones que hacían falta para terminar una de las fases del plan de desmonte. La empresa prometió cubrirlo con el dinero que recibiría al ser fallados pleitos pendientes con Ecopetrol, Minera Encol y Aeromedellín.
El abogado José Luis Giraldo, representante de las víctimas, recordó que, desde el punto de vista jurídico, un pleito es una contingencia, pero jamás representa una garantía. Tenía razón. Al final, uno de los procesos fue fallado en primera instancia a favor de Ecopetrol. El pleito contra Minera Encol fue fallado en contra de esta, pero lo único que esta firma tenía para pagar era un lote situado a cincuenta minutos de Cúcuta y que hoy está embargado.
Los predios Matarredonda, Machín, Berlín y Los Mangos, ofrecidos en dación de pago por el ganadero Luis José Botero, quien concentraba buena parte de los dineros captados, tienen también medidas cautelares conseguidas por el BBVA como consecuencia de una deuda por $5.500 millones.
Botero entregó entonces un lote en Las Palmas (Medellín), que simultáneamente había reservado para pagar una deuda con una sociedad panameña de nombre Canalais, cuyos accionistas se desconocen. Ante estos problemas, la venta del lote no se pudo hacer efectiva.
**
Así va el desmonte
Cinco fideicomisos relacionados en su mayor parte con inversiones en el sector ganadero hacen parte del plan de desmonte de Factor Group. Su valor nominal total es de $171.117. millones. Sin embargo, el valor de los giros aprobados a los inversionistas apenas superan los $143.000 millones. Esto significa que se han perdido más de $27.000 millones, ya que la legislación vigente autoriza a que en estos casos sea pagado solo el capital sin intereses.
El mayor de los fideicomisos es Inmuebles Ganaderos y en él estuvieron comprometidos algo más de $147.000 millones. Los demás, Ceba de Ganado, Monarca S.A. Salamanca y Monarca-La Selva, son más pequeños, y en ellos las inversiones oscilaron entre Los $1.500 millones y los $7.000 millones.
El número total de inversionistas reclamantes es de 1.557 personas, la mayoría de ellas de Bogotá y Medellín.
Encuentra aquí lo último en Semana
LEER MENOS
