El Grupo Polar confirma lo díficil que es ser profeta en su propia tierra

Hasta marzo de 2013 era considerado el principal enemigo del presidente Hugo Chávez.

Pero, como si se tratara de rencillas heredadas, desde abril de ese año Lorenzo Mendoza se convirtió en el mayor adversario del presidente Nicolás Maduro y así quedó confirmado el pasado 21 de octubre, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el apoyo de 100 legisladores oficialistas, radicó una demanda ante la fiscalía acusándolo de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir.

De ser hallado culpable, pagaría desde dos meses de prisión, por el delito de usurpación, hasta 20 años de cárcel por traición a la patria.

Lorenzo Mendoza es el tercer hombre más rico de Venezuela y presidente del Grupo Polar, la mayor compañía de alimentos y bebidas de Venezuela que genera 35.000 empleos directos y cuenta con 29 plantas que producen cerca de 500 referencias de productos bajo 40 marcas, entre ellas desde las famosas cervezas Polar hasta la tradicional Harina PAN, con la que se fabrican las arepas, el alimento más popular en la cultura gastronómica venezolana.

La revista Forbes lo clasificó este año en el puesto 690 en su lista de los más ricos del mundo, con una fortuna que estima en US$2.700 millones. Pero justamente su éxito empresarial le ha acarreado un enfrentamiento permanente con el gobierno en los últimos tres lustros.

El ‘graduarse’ de enemigo del gobierno y ser acusado por Maduro de instigar la “guerra económica” contra su gobierno le ha representado a Mendoza más de un dolor de cabeza. No solo ha implicado que sus empresas trabajen en condiciones adversas por la permanente persecución, sino que también Cencoex –el regulador cambiario– mantiene una deuda de US$463 millones a enero de 2014, que le ha dificultado a Polar comprar materias primas, maquinaria, equipo y repuestos, entre otros.

Los cargos formulados el 21 de octubre tienen a Mendoza al borde de la prisión, luego de que la Fiscalía aceptara una demanda cuya principal prueba es la grabación de una conversación entre Mendoza y el economista venezolano Ricardo Hausmann, sobre las alternativas para sacar al país del bache económico en que se encuentra y obtener la posible ayuda por parte del Fondo Monetario Internacional.

La tenaza comenzó en 2008, cuando arreciaron las acusaciones y operativos contra el Grupo Polar que generaron 899 fiscalizaciones por parte de distintos organismos del Estado, según el diario venezolano La Verdad. Este año, hasta agosto, la empresa había reportado 293 fiscalizaciones.

En 2012, las autoridades pasaron de los reportes e investigaciones a la expropiación, pues el entonces presidente Chávez ordenó que se ocuparan lotes de Polar en Barquisimeto, para construir vivienda social.

Las hostilidades no han cesado, al punto que en la oposición afirman que Mendoza es quizás el empresario que ha padecido el mayor acoso  del gobierno, aunque no el único. Según el candidato a diputado del Movimiento de Integridad Nacional, Víctor Moreno, en la última década se han cerrado cerca de 56% de las empresas en el país.

Aunque Mendoza ha salido avante de las acusaciones y matoneo, los nuevos cargos formulados desde el legislativo tienen en alerta al sector empresarial, que temen que esta nueva jugada preelectoral termine siendo un verdadero ‘abrazo del oso’ para una de las empresas más emblemáticas de Venezuela.