El novelón del tercer canal

Un final poco feliz podría tener el 'culebrón' en que se ha convertido el proceso de adjudicación del tercer canal de televisión abierta en Colombia. Luego de un año y medio de anuncios, estudios, discusiones, foros, diseño de pre-pliegos y una verdadera batalla jurídica -por los reparos sobre la forma como debe entregarse la operación del nuevo canal-, el proceso quedó suspendido el pasado martes 25 de agosto y su futuro es incierto.

Tras conocer los cuestionamientos planteados ese día por la Procuraduría General de la Nación, que conminó a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) a adoptar la subasta pública para escoger al tercer operador, contrario al mecanismo de sobre cerrado que se había aprobado, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María del Rosario Guerra, elevó una consulta al Consejo de Estado que demorará aún más el ya largo proceso.

La Ministra prefiere decir que la adjudicación del tercer canal está 'congelada'. Sin embargo, otros, como el comisionado de televisión, Ricardo Galán, que se retira de la entidad el próximo 20 de septiembre, aseguran que el proceso quedó prácticamente muerto pues la consulta tomará más de tres meses, lo que obligará a que el trámite pase al próximo año, cuando el proceso electoral y los nuevos cambios de los comisionados de televisión terminarán por hundir la iniciativa.

Pero, aunque en estos momentos la discusión se concentra en si debe ser por subasta o por sobre cerrado, que se entregue la concesión del nuevo canal, el problema de fondo son las presiones e intereses que se han generado alrededor de un negocio que mueve cerca de $1billón al año y que podría verse afectado por el ingreso de un nuevo competidor. Estas guerras de poder han llevado a que un proceso que debía tomar seis meses ya complete un año y medio sin resolverse y tenga cada vez más enredos jurídicos.

Jaime Lombana, abogado que representa al Canal Caracol, uno de los actuales concesionarios, reconoce que es muy difícil que el tercer canal salga este mismo año, pero no comparte que esto ocurra porque se hayan generado presiones. "Lo cierto es que son muy tercos", dice refiriéndose a la CNTV, "creen que pueden hacer lo que les dé la gana y que no tienen que respetar las leyes", asegura. En su opinión, la Comisión ha sido reacia a aplicar el modelo de subasta, que jurídicamente es la figura más apropiada para este caso, y está siendo temeraria al tratar de desafiar los conceptos del Ministerio Público, llevando el tema a consulta ante el Consejo de Estado.

Pero otra visión tiene la CNTV, que en un comunicado publicado el domingo 30 de agosto expresó su rechazo por las "acusaciones temerarias formuladas por personas vinculadas a los actuales canales privados, Caracol y RCN" y denunció que estas actuaciones "representan una presión indebida contra la entidad, en momentos en que se discute la concesión de un nuevo operador, porque tienen como objeto manipular de alguna manera las determinaciones que están por definirse".

El comisionado Galán señala que, tanto los canales privados como los grupos que se quieren quedar con el tercer canal, se han dedicado a desprestigiar el proceso y presionar ante las instancias de control para buscar decisiones que los favorezcan, provocando de paso las demoras.

De acuerdo con Galán, las presiones de los actuales concesionarios han apuntado a que las condiciones económicas no sean las mismas para el tercer canal -como por ejemplo que no vaya por VHF sino por UHF, lo que hace más costosa la transmisión; que los proponentes actuales presenten a los 300 socios que se pide en las condiciones y que concesionarios como CityTV y CM& devuelvan los espacios antes de la adjudicación-.

Pero, por el lado de los proponentes también se mueven intereses. Por ejemplo, el año pasado, cuando se habló del sistema de subasta para entregar la concesión, algunos se mostraron en contra porque temían que les resultara excesivamente costoso. Sin embargo, cuando en diciembre de 2008, tras la renegociación con los actuales canales privados se llegó a un acuerdo de extender la concesión por diez años más con el pago de $69.000 millones, mostraron su preferencia por la subasta.

La Comisión, sin embargo, pensó que por tratarse de un tema que involucra formación, opinión, recreación y cultura para el país, las consideraciones no podían ser solo económicas sino también de contenido. Así, se llegó a un acuerdo de entregar la concesión por sobre cerrado, en una fórmula en la que precio y contenido tuvieran igual puntaje -cada uno 50%-. Esta fórmula ha recibido críticas por parte de dos proponentes: Promotora Audiovisual de Colombia, Pacsa, liderada por el grupo español Prisa e Inversiones Rendiles, del grupo Cisneros, que consideran que es desventajosa frente a los actuales concesionarios.

Cambiar el modelo a estas alturas implica dar una reversa de por lo menos seis meses, según lo ha confirmado el presidente de la CNTV, Juan Andrés Carreño. "Si hoy resolviéramos aplicar únicamente el criterio de la subasta económica, habría que volver a arrancar todo el proceso y devolvernos seis meses. Y, si eso pasa, el tema político muy seguramente termina hundiendo el proyecto y el país se queda sin tercer canal", dijo en una reciente entrevista al diario El Tiempo.

El tema no es de poca monta para los colombianos, que podrían preguntarse ¿quién gana y quién pierde con este entierro anticipado del proceso? Para algunos, como Galán, el final no será feliz y todos serán perdedores. Los actuales operadores, porque tendrán que pagar más por la concesión de los próximos diez años, ya que la renegociación de diciembre daba por sentado que un tercer canal pagaría como mínimo $69.000 millones y en su ausencia, los actuales operadores tendrán que aumentar sus aportes. Los grupos proponentes perderán el esfuerzo, tiempo e inversiones que han hecho hasta el momento para lograr la concesión. Los televidentes se quedarán sin una opción adicional de entretenimiento, información y cultura y, finalmente, la CNTV perderá prestigio y credibilidad.