¡Golazo!

El miércoles 24 de noviembre, el fútbol colombiano jugaba cotejos cruciales en dos escenarios de alta decisión en Bogotá: la Casa de Nariño y la Embajada de Estados Unidos. Ese día, mientras el presidente Juan Manuel Santos recibía a los dueños de los clubes más importantes y se comprometía a trabajar hombro a hombro con ellos para sanear un deporte aquejado de males como la influencia de la mafia y la evasión fiscal, un grupo de funcionarios de la DEA se interesaba en la sede diplomática en saber cómo funciona la estructura de propiedad de los equipos y en conocer quiénes están detrás de las transferencia de los jugadores.

"¡Le vamos a poner 'tate-quieto' a cualquier tipo de asociación macabra entre delincuentes y clubes deportivos!", dijo Santos poco después del encuentro con los 'cacaos'. Los agentes de la embajada no hicieron anuncios públicos, pero lo que trascendió de su encuentro con algunos expertos colombianos es que van a impulsar la inclusión en la Lista Clinton de corporaciones deportivas contaminadas por recursos oscuros.

Segundo tiempo

Los dos encuentros coincidieron con una jugada con la que el Estado colombiano espera meterles un gol a quienes han convertido a un sector de ese espectáculo de masas en fuente de lavado de activos y transacciones mafiosas. Se trataba de la aprobación, en primer debate, de un proyecto de ley que busca redefinir las reglas del juego administrativo del deporte.

¿Cómo blindar los equipos de fútbol contra la filtración de dineros calientes y permitirles montarse en la ola del crecimiento no solo deportivo sino económico? Desde el gobierno anterior se ha venido analizando la posibilidad de darles mayor transparencia a los clubes deportivos, no solo al fútbol, a través de su transformación en sociedades anónimas y llegar, incluso, a la Bolsa de Valores de Colombia, como ya sucede en otros países.

El proyecto que se tramitó en la pasada legislatura estuvo a punto de convertirse en ley de la República, pero al no surtirse el proceso de conciliación, se hundió.

Ahora, con un nuevo impulso, la ley en ciernes les permitirá a los equipos que quieran jugar limpio transformarse en sociedades anónimas y quedar sujetos a controles más expeditos, especialmente en el terreno fiscal. Los que se animen a incursionar por ese flanco abandonarán su condición de fundaciones sin ánimo de lucro, convertidas en mampara, en diferentes casos, para sus frecuentes jugadas en fuera de lugar.

El tema provoca mayor interés que las propias finales del rentado colombiano. La coyuntura no solo fue determinada por el trámite legal sino por los reveladores informes de Semana sobre el nivel de filtración alcanzado por paramilitares y mafiosos de distinto pelambre.

El pasado proyecto de ley no obligaba a los equipos a convertirse en sociedades anónimas y les permitía, a quienes lo quisieran, mantenerse bajo el modelo de club deportivo. Sin embargo, el presente proyecto, si bien no los obliga a transformarse, si los condiciona, pues en caso de que incumplan obligaciones como el pago de la nómina del equipo o pierdan activos o sus utilidades caigan, pasarán inmediatamente a ser sociedades anónimas.

Pero no todos en la gradería gritan "¡gol!" para celebrar el avance de la reforma. El empresario Germán Casas, un hombre que combina su actividad como inversionista en el campo energético con su calidad de veedor natural del fútbol, luce moderadamente pesimista. Casas, socio minoritario de Millonarios y convertido hace años en la piedra en el guayo de nuestro fútbol, cree que el proyecto representa un avance importante pero insuficiente.

A su juicio, la mala fe ha llevado a algunos de los llamados dueños de los equipos a exigir que sus derechos como miembros de corporaciones sin ánimo de lucro se conviertan automáticamente en acciones cuando se haga el tránsito a sociedades anónimas. De esa manera, se asegurarán la mayoría en las asambleas y harán insulso el proceso de democratización de los clubes.

Lo malo, según él, es que el origen de esos derechos -que en condiciones normales otorgan solo derechos políticos de voz y voto en las asambleas, pero no tendrían por qué asegurar el control económico de las fundaciones- es espurio. "No nos digamos mentiras: cerros de esos derechos han sido comprados por los 'mágicos' por interpuestas personas", dice Casas.

Para este veedor del fútbol por vocación, las nuevas reglas deberían exigir que los inversionistas que se dicen "dueños" de corporaciones sin ánimo de lucro expongan sus libros de contabilidad, enseñen los montos de sus inversiones y demuestren los efectos que sobre sus finanzas personales ha tenido la proclamada "quiebra" de los equipos. "Otra regla de oro sería que los jugadores explicaran qué hacen con los pagos en efectivo, muchas veces en dólares, y que ellos y los que se dicen propietarios de los equipos expliquen cómo están cumpliendo sus obligaciones con la administración de impuestos".

El fútbol, que en Colombia movió entre 2008 y 2009 ingresos por $350.000 millones, pero con grandes pérdidas, tiene una oportunidad de oro para dar el salto y convertirse en una máquina de hacer negocios, basada en la transparencia del mercado. ¿Logrará aprovechar esta posibilidad o preferirá seguir con un modelo obsoleto y al amparo, en gran parte de los casos, de recursos non sanctos y en fuera de lugar?