El engañoso encanto de gravar a las empresas

Cada dos años es necesaria una reforma tributaria para prevenir la próxima crisis fiscal. Aunque empaquetadas en formas distintas, las propuestas de reforma suelen ser muy parecidas. Siempre se busca combatir la evasión, buscar ingresos tributarios que no castiguen la actividad productiva, aumentar el recaudo de renta de las personas de ingresos medios y altos, y extender el IVA a la mayor cantidad posible de bienes y servicios de consumo. No es sorprendente que sea así, pues esas son las mayores deficiencias de nuestro sistema tributario. Desafortunadamente, las propuestas son diluídas en el Congreso, los problemas fundamentales nunca se corrigen y hay necesidad de una nueva reforma dos años después.

Esto no ocurriría si los congresistas y los líderes de opinión entendieran mejor la “incidencia” de los impuestos, o sea quién es el que realmente termina gravado. Esto es fundamental porque la carga de un impuesto no recae necesariamente en quien hace el pago. Por ejemplo, se sabe muy bien que el IVA recae en últimas sobre los consumidores, aunque los pagos los hacen las empresas productoras en cada etapa del proceso productivo.

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¿En quién recaen los impuestos a la renta de las empresas? Ingenuamente, la opinión más corriente es que recaen sobre los dueños de las empresas. Se cree que, de esta manera, se corrige el problema del bajo recaudo del impuesto de renta sobre las personas de más altos ingresos, que se debe sobre todo a la evasión y las rentas exentas. Se considera por consiguiente que el impuesto a las utilidades de las empresas –cuya tasa en el año gravable 2018 es 37%– es un impuesto redistributivo.

La realidad es muy diferente. Dejando de lado por un momento a los sectores exportadores o que compiten con importaciones (denominados “transables”), el impuesto a las utilidades en los demás sectores recae en últimas sobre los consumidores. ¿Por qué? Pues porque si todas las empresas tienen que pagar el mismo impuesto, ninguna pierde mercado: sencillamente todas cobran más caro por sus productos y mantienen su tasa efectiva de ganancias.

Sin embargo, con los bienes transables ocurre algo muy distinto: como tienen que competir con bienes producidos en otras partes del mundo donde los impuestos son más bajos, en este caso las empresas nacionales sí pierden mercado, es decir hay más importaciones y menos exportaciones. Esto perjudica seriamente la competitividad nacional y retrasa el desarrollo de los sectores que más podrían contribuir al cambio tecnológico, a la productividad, a la generación de empleo y, en últimas, al crecimiento de largo plazo. En efecto, es lo que ocurre en Colombia, como lo confirman diversos indicadores comparativos con otros países.

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El escaso desarrollo de los sectores transables refuerza otro problema muy colombiano: la dependencia de las exportaciones de petróleo y minerales, lo que explica en gran medida la inestabilidad de la tasa de cambio, que también perjudica las posibilidades de los sectores transables.

Por consiguiente, bajar el impuesto de renta a las empresas aliviaría la carga que en últimas recae sobre los consumidores y ayudaría a la generación de empleos e ingresos sobre todo, aunque no exclusivamente, en los sectores transables. Según la Ley 1819 de 2016 está previsto que el impuesto a la renta de las empresas baje a 33% en el año gravable 2019 y el Gobierno está proponiendo que además se reduzca un punto cada uno de los tres años siguientes hasta llegar a 30% en 2022. Pero para que esto sea fiscalmente viable es necesario compensar la reducción del recaudo con otras medidas que seguramente enfrentarán la oposición del Congreso, con el argumento de que hay que defender a las clases medias, y con la connivencia de los evasores y elusores del impuesto a la renta personal.

Lo más grave sería que se reduzca la tasa como está proponiendo el Gobierno pero no se recupere el recaudo sacrificado. Eso agudizaría los riesgos macroeconómicos, que ya son preocupantes, y en menos de dos años estaríamos otra vez discutiendo una reforma para resolver los problemas fundamentales del régimen tributario.

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