La hora de la verdad

El Congreso de Infraestructura se viene consolidando como el máximo evento empresarial en el país y el realizado desde el pasado 23 de noviembre en Cartagena no fue la excepción. Es un evento que refleja la actualidad de la construcción de infraestructura, como sector líder en el crecimiento económico y determinante para su sostenibilidad en los años siguientes. Felicitaciones a Juan Martín.

Esta coyuntura del sector es, en efecto, de gran éxito y optimismo. Es evidente que ya se produjo el despegue del sector, pero hoy por hoy se vuelve más importante velar porque no haya problemas que lo puedan poner en riesgo.

Lo que está en marcha de proyectos 4G es de un tamaño impresionante, conformado ya no de futuras iniciativas, sino por 33 proyectos adjudicados y arrancando. El campanazo de alerta de este prometedor panorama proviene del nivel de avance de la financiación de estos proyectos. Como se sabe, todos los proyectos tienen que ejecutarse íntegramente con financiación y capital privado hasta que concluyan y se den al servicio. El Gobierno solamente comenzará a entregar recursos cuando se entreguen cumplidamente las obras. En 4G no va a pasar lo del Túnel de La Línea. Y para que se hagan todas las obras se necesita no solo que los concesionarios pongan capital, sino que consigan la financiación para cubrir el costo total del proyecto. Normalmente esa financiación representa al menos 70% del costo del proyecto. Los montos involucrados los mostró en este Congreso Clemente del Valle, presidente de la FDN, en una presentación muy completa. Indicó que los proyectos ya adjudicados entre iniciativas públicas y privadas involucran unas necesidades de financiación cercana a los $43 billones; siete de estos proyectos, ya tienen el cierre financiero definitivo, con lo cual ya se consiguieron $13,2 billones de distintas fuentes. 

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Para concluir los proyectos falta conseguir la bobadita de $30,1 billones de financiación. La magnitud de esta cifra se observa al compararla con otros números: equivale a las necesidades totales de endeudamiento neto del Gobierno para el año entrante; representa más de 13% del total de emisiones de TES y es superior a todo el incremento de la deuda total del sistema financiero colombiano en el último año. Es decir, es una cifra grande. De hecho, los $12 billones que ya han levantado son de por sí un éxito. Por lo tanto, lo que falta por tener cierre financiero es más del doble de lo logrado.

En consecuencia, esta es la parte más dura de la cuesta y, para que los concesionarios consigan los fondos es muy importante que puedan presentar un caso muy fuerte de credibilidad financiera y seguridad jurídica. Para hacerlo podría no ser suficiente con mostrar su capacidad como constructores, o los enjundiosos y voluminosos contratos o sus profundos modelos financieros. 

La coyuntura financiera es difícil, pues la oferta de fondos es limitada. La participación de los bancos extranjeros es reducida, las multilaterales solo participan excepcionalmente, los fondos de deuda apenas financian complementariamente los proyectos y, de la banca local, apenas un número reducido está abierto a estas financiaciones. Además, los bancos locales que han prestado para estos proyectos ya tienen aprobados cada uno montos importantes. En estas circunstancias, para llegar a la meta que se requiere va a ser necesario mostrar un caso de negocio muy fuerte para que participen nuevos financiadores.

Es fundamental para que así ocurra que los financiadores logren suficiente certeza de que, si prestan toda esa plata para hacer las obras, el Gobierno luego no va a sacar excusas para pagar su parte, o que se van a comprometer los ingresos de peaje con que se pagará el faltante. Va a ser indispensable también demostrar la calidad de la gestión contractual de la ANI en los temas sustantivos de impacto financiero. 

Para cumplir entonces con la necesidad de dar confianza a los prestamistas en nada contribuyen ciertos comportamientos de las agencias del Gobierno. De hecho, no es bueno que, sin haber arrancado todavía y sin que el Gobierno haya gastado un solo peso en esto, existan ya controversias legales con los concesionarios, procesos de multas muy numerosos y situaciones que han dado lugar a la convocatoria de tribunales de arbitramento. Tampoco ayuda que se esté debilitando el cobro de los peajes, modificando los que estaban previstos para los proyectos, cuando más adelante se deberán aplicar incrementos de tarifa para financiar varios de ellos. En este momento hay que ir con pies de plomo en este tema pues, por actitudes innecesarias, se puede frustrar esta gran esperanza del fortalecimiento de la infraestructura nacional.

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