La verdad sobre el IVA

El caso de los ‘bonos de agua’ y el ministro Carrasquilla puede ser ilustrativo: el tema debería haberse reducido a si el entonces ya exministro estaba impedido para participar en ese proceso o no; y esto lo define lo que dice la Ley. Si ya estaba vigente la reforma que prohibía en forma permanente a los funcionarios que hubieran tenido cargo de responsabilidad respecto a una actividad determinada el participar en cualquier operación relacionada con ello, es claro que el Dr. Carrasquilla caería bajo esa condición.

El traslado del debate hacia si la negociación era conveniente, si los intereses eran altos o no, si su trabajo fue solo como asesor, como intermediario o como socio, etc., son simples cortinas de humo.

Pero quien mejor lo sabía o la ‘prueba reina’ de que esta acción era indebida es el hecho de que hubiera sido montada para ser clandestina.

Tuvo todos los pasos para ello: el usar una Sociedad Panameña (ajena al control de las autoridades colombianas) comprando una ya constituida (para no quedar vinculados en el registro de su origen) con acciones al portador (para que no se supiera quiénes eran sus dueños). Solo hechos accidentales permitieron saber la relación del exministro con dicha operación: el escándalo en Perú alrededor de algún negocio anterior de la compañía y el cambio de la legislación de Panamá –que acabó con la posibilidad de mantener la propiedad en acciones al portador–, obligaron a poner los nombres de los interesados en este negocio; y fue el escándalo de los ‘Panamá Papers’ lo que permitió saber que parte de esos interesados eran el exministro y sus allegados o cercanos asociados.

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Pero lo que probó el trámite de la moción de censura en el Congreso es la eficiencia de esos mecanismos de cortina de humo cuando de confundir a la opinión pública se trata.

Es lo que se repite con el intento de sacar el impuesto del IVA a las buenas o las malas.

Se miente al plantear que la propuesta ‘Ley de Financiamiento’ sirve a la ‘equidad’, a cubrir necesidades sociales, ya que el faltante puede asignarse a cualquier rubro. Lo claro es que el único propósito y la única razón es ‘cuadrar caja’. Eso porque la verdadera necesidad es conseguir recursos inmediatamente para subsanar los faltantes de hoy y de 2019, lo que no se lograría con una reforma ‘estructural’ que diferiría cualquier ingreso, condicionándolo a la presentación de declaraciones que, por no tener efecto retroactivo, solo aplican al año siguiente.

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Se pretende engañar con el cuento de que el impuesto indirecto del IVA puede ser ‘progresivo’, que no afectará a los sectores más pobres por las condiciones que se proponen; como es la población más numerosa y de más consumo de los productos de la canasta familiar, si fuera verdad no habría mayor aumento en el recaudo; pero es doble engaño porque se sabe que los mecanismos para una supuesta ‘devolución’ tienen más que altísimas probabilidades de no funcionar.

Lo que aportarían las clases altas sería mínimo ya que representan una porción muy marginal de la población y es la de menor consumo en los productos que se pretenden gravar.

Y respecto a la clase media que se supone defender, se convierte en un gravamen sin ninguna compensación. Es una forma de empobrecimiento, y, lejos de fomentar su expansión, propicia la movilidad hacia abajo y la impide hacia arriba al gravar bienes como la vivienda de segunda o de cierto valor.

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