Marica corrupción

Toda esta avalancha mediática sobre los asuntos de género no tiene la carne suficiente como para tanto escándalo. ¿Qué podría haber detrás de todo esto como para que padres, maestros, redes sociales, adalides de la moral pública y poderosos barones electorales se unan en contra de la Ministra de Educación?

Para mí es evidente que este no es un debate sobre los problemas de fondo. Si hay algo por qué marchar en Colombia son la corrupción en la contratación de los millonarios recursos del sistema educativo o de salud, en particular los fraudes detrás de los almuerzos escolares, la dotación de colegios, construcción de aulas, etc.; o que no se haya implementado totalmente la doble jornada escolar que deja sin oficio ni orientación alguna a cientos de miles de jóvenes, en un entorno donde el embarazo adolescente y las pandillas truncan sus futuros; o un sistema universitario resquebrajado por la mala calidad y escasa formación de muchos de los programas que venden.

Por esto es interesante que el debate del género y la homosexualidad se erija como el estandarte bajo el cual se alinean las fuerzas en contra de la Ministra y de paso barren bajo la alfombra los asuntos importantes que se estaban destapando. El país se está dejando enfrascar en debates ideológicos primarios: la familia como el pilar de la sociedad y los padres como únicos actores con potestad para intervenir en la formación y orientación sexual de los hijos; versus un Estado que protege libertades individuales, particularmente si son minoría, como las transgénero. ¡Brillante! Volvemos a caer en la dualidad decimonónica religión / Estado; volvemos a los lenguajes irreconciliables que enceguecen y que tantas violencias han alimentado.

Lea también: Reformar los programas de licenciatura para una mejor educación en Colombia

Por el momento parecería que los Adiel Calderón Vaca o Ivis Rosado, o las Katia Elena Rosado y María Angélicas van a quedar impunes y libres de cualquier presión para revelar qué y quiénes están detrás de los millonarios desfalcos en los contratos de alimentación escolar o de hospitales públicos.

Por Dios, no nos dejemos distraer, lo que pasa en el Ministerio de Educación es grave. El país no puede seguir impávido ante la proliferación de entes sin ánimo de lucro usados como frentes para delinquir. Nada de esto es nuevo, el carrusel de la contratación de Bogotá está plagado de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones de Julio Gómez o las cooperativas con las que complotaba Tapia. La hoy Senadora vociferante era la fiscal que nos dejó sin conocer a donde había ido a parar toda esa platica y cómo la red de corrupción se extendía a lo largo del país, hasta Cúcuta y Sahagún entre otros. Una investigación básica le debería haber mostrado al país cómo son los movimientos financieros de estos grupos criminales y todos los involucrados; en algún momento debería hacerse público a quiénes se les hicieron los pagos. Además, los medios de comunicación fácilmente podrían averiguar a quiénes reconoce la comunidad como los padrinos políticos de estos bienhechores de lo público (¿o malhechores?).

Si el Gobierno, con la colaboración del Fiscal, le ponen un torniquete a este desangre, la reforma tributaria no tendría que gravar tanto a los que sí cumplimos. Ya es hora de que la Fiscalía, que dice que va a investigar en profundidad los hechos detrás del colapso de Saludcoop, aproveche de una vez por todas y desentrañe los vínculos entre las entidades sin ánimo de lucro, los carruseles de contratación en todo el país, la corrupción y el financiamiento de campañas políticas. Lo que está en juego no es solo la calidad y efectividad del gasto público social en educación y salud; entre corporaciones, fundaciones y cooperativas se están gastando –o feriando– $35 billones y $40 billones al año; toditos libres de impuestos.

Lea también: El gran dilema de la política económica y fiscal colombiana

El otro tema trascendental es la precaria calidad y comercialización de la educación universitaria. La evidencia de la crisis del sistema universitario chileno debería servirnos de ejemplo. En Colombia, al igual que en Chile, abundan las universidades que son negocio (estafa), cuyo objetivo principal es enriquecer a quienes las controlan. Los contratos de arrendamientos de inmuebles, pagos por licencias de supuestos sistemas pedagógicos, o pagos por servicios informáticos, son algunos de los mecanismos típicos usados para ordeñar el centro educativo. Universidades de políticos, como la de Moreno de Caro o la Universidad Cooperativa de César Pérez, abundan en las regiones, al igual que colegios, la devoción por la educación y el conocimiento de sus consejeros deja mucho que desear. La universidad como negocio o como fuente para financiar campañas solo es factible violando la ley. La Fiscalía debería investigar cómo es que operan las ventas en Panamá de los puestos en los consejos directivos de universidades.

¿Será que alguien investigó las denuncias de la Sillavacia sobre posibles vínculos y colaboración política de Néstor Hincapié, rector y probable beneficiario controlante de la Universidad de Medellín? No nos olvidemos que ella es quien selecciona los apetecidos gerentes de hospitales. Sin un sistema universitario bien depurado no hay meritocracia y mucho menos un Servicio Civil.

Lea también: Ranking de las universidades con mayor número de quejas en Colombia