Otra mirada al nuevo gabinete

Ha cumplido el nuevo Primer Mandatario con su ofrecimiento de organizar un gabinete en el cual el promedio de edad fuera menos de 50 años y la mitad de los escogidos fueran mujeres.

También cumplió en cuanto a que los nombramientos no corresponderían a cuotas políticas ni de regiones sino que serían las capacidades profesionales o técnicas las que determinarían su escogencia, preservando su autonomía al evitar buscar reciprocidades pasadas o futuras.

Entendiendo que la actividad política también debe ser una profesión, la objeción de que sí hay representantes del Centro Democrático no parece cuestionamiento válido, pues es lógico e inevitable que nombre parte de su equipo político, y siendo el mismo del expresidente Álvaro Uribe, en nada contradice lo prometido, ni demuestra –como algunos quieren ver– que por eso es un ‘títere de Uribe’.

Mucho se ha analizado el origen y la calidad de los nombramientos y mucho énfasis se ha hecho en lo esperanzador que significa esto en cuanto a una nueva manera de gobernar.

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Pero, siguiendo lo mencionado en mi columna de la anterior edición (Ya estamos advertidos), no solo eso caracteriza la selección de los nuevos ministros, sino responde también a una de las características del modelo neoliberal, como es su protagonismo o relevancia en el sector privado con poca trayectoria protagónica en el sector público.

Porque también mucho se ha repetido que hace falta una carrera de administradores públicos que tengan como punto de partida la visión de funcionarios del Estado como sucede por ejemplo en Francia.

Lo de destacar aquí sin embargo no es la ausencia de esa formación, puesto que toda la burocracia sufriría de esta falencia. Lo que sucede es que los escogidos son importantes como personajes dentro de sus actividades como particulares, en las cuales han ejercido como contraparte del Estado desde sus cargos anteriores, algunos como destacados directores de entidades privadas, otros como miembros, funcionarios, o incluso dirigentes de gremios acostumbrados a ver el interés de sus sectores y no el interés público.

Es la esencia misma del modelo neoliberal el asumir como natural y funcional lo que llamamos ‘la puerta giratoria’, o sea el entrar y salir del sector privado al público y viceversa. No se tiene en cuenta que la visión desde la actividad privada supone ser contraparte de la del responsable del manejo de la cosa pública. Sí debe el Estado promover reglas que estimulen la competencia entre los intereses particulares para fomentar el desarrollo económico, pero debe sobre todo ejercer los controles para que los sectores más poderosos no abusen de los más vulnerables. Pero el que sean las mismas personas las que ocupan indiferentemente cargos en uno u otro sector hace que se borren los linderos entre la representación del interés privado y la defensa del bien común. Es como si en un partido de fútbol un jugador estuviera con su equipo el primer tiempo y después ejerciera como árbitro durante el segundo.

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El peligro es que ese modelo neoliberal –ya fracasado por no haber producido los resultados económicos esperados y por haber relegado al segundo plano las perversas consecuencias sociales que lo acompañaron– es también en buena parte promotor de la multiplicación de la corrupción en prácticamente todos los países, pues los incentivos y las costumbres que llevan al éxito en el mundo privado generan lo que desde el Estado es indeseable.

Mientras que la promoción de la solidaridad y la búsqueda de la igualdad entre los ciudadanos debe ser uno de los objetivos del Estado, la libre competencia necesariamente divide la sociedad entre perdedores y ganadores, y como privado uno solo aspira a estar entre los primeros. Por ejemplo, en los negocios entre privados la eficiencia consiste en compartir con los diferentes actores las ganancias de un posible negocio; el buscar socios y el pagar comisiones es lo que permite adelantar proyectos, pues siempre hay etapas en que se depende de otros. Esto en los funcionarios públicos es delito.

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