Estos son los sectores que hacen más inversión social

Un grupo de 72 empresas de varias actividades económicas se le midió a evaluar el impacto de su inversión social privada. Esta sumó, en 2018, un total de  en el desarrollo de iniciativas tendientes a ayudar a diversas comunidades.

La cifra no es despreciable, pues equivale a 25% del presupuesto anual del Sena, 27% de los recursos del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), 2,4 veces mayor que el presupuesto anual de Colciencias y 2,6 veces más grande que el del Ministerio de Ambiente, tomando como referencia el Presupuesto General de la Nación para 2019.

Alpina, Natura, Cementos Argos, Postobón, ISA, Bavaria, Telefónica-Movistar, Corona, Grupo Nutresa y Grupo Éxito lideraron el Índice de Inversión Social Privada (IISP). Realizaron el ranking Jaime Arteaga & Asociados (JA&A), en alianza con Semana Sostenible, y participaron más de 1.000 empresas.

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Jaime Arteaga, presidente de JA&A, asegura que cada día hay mayor compromiso de las compañías del sector privado con el desarrollo. No solo en las grandes ciudades, sino en las regiones y, particularmente, en aquellas afectadas por la violencia.

Los sectores de hidrocarburos, financiero y alimentos y bebidas participaron en las inversiones de $857.000 millones registradas el año pasado, con aportes de 20%, 17% y 17%, respectivamente. La minería puso 12%, el sector energético, 10%; telecomunicaciones 7% y construcción 5%.

La inversión social privada corresponde a aquella que destinan las empresas en ejercicio de su ciudadanía, más allá del mínimo requerido. Su retorno está en la sostenibilidad del mercado y en el desarrollo de la sociedad en la que se mueve cada organización.

De las compañías que hicieron parte del ranking, 82% cuenta con un comité de reputación o ética en su junta directiva. 96% afirma tener estrategias definidas para dirigir su contribución a la comunidad y 44% tiene mecanismos para evaluar el retorno de la inversión social. En 2018 este indicador era de 37%.

Grandes retos

El trabajo realizado les permitió, según Arteaga, identificar tres retos del sector privado para el desarrollo de sus estrategias sociales. El primero es la migración, pues según una encuesta de Semana Rural y Usaid, 39% de los venezolanos no planea volver a su país; otro 40% prevé regresar cuando la situación allá mejore, 25% dice que ya no le queda ningún familiar allá y 54% planea traer a sus parientes en menos de 12 meses. Ante esta problemática, 18% de las grandes empresas ya cuenta con programas de inclusión laboral para venezolanos.

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El segundo reto tiene que ver con la diversidad e inclusión. Es necesario tener en cuenta la creciente población LGBTI, que ya supera los 3,3 millones; los grupos étnicos y las mujeres, poblaciones que aún no ganan la suficiente representatividad en las compañías.

Un último desafío es la transición del conflicto. En efecto, más allá de la filantropía, el sector privado trabaja en un compromiso estratégico para lograr la estabilidad del mercado y de la democracia, precisa Arteaga.

Aquí resulta clave el trabajo realizado en territorios afectados por la violencia. De acuerdo con el índice IISP, de las empresas medidas 39,4% ha hecho inversiones en municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y reportan acciones en 117 de los mismos.

El sector minero-energético es el que más desarrolla actividades en este tipo de territorios, y también el que mayores acciones implementa en los mismos. Lo siguen el sector de alimentos y bebidas y el financiero.

Las empresas que desarrollan proyectos en municipios PDET tienden a ejecutar muchas de sus iniciativas por medio de alianzas. Las celebran con otros privados, con el Gobierno o con cooperantes internacionales.

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“Los tiempos han cambiado y hay que aprovechar estas ventanas que se abren para la sociedad, pues la respuesta a las causas de la violencia tienen que ser innovadoras”, dice Ximena Ortiz, gerente general de JA&A.

El IISP evalúa 5 dimensiones, todas con igual peso. La primera busca determinar qué tan alineada está la inversión social con el modelo de negocios.

La segunda tiene que ver con la gestión, es decir, los planes internos de las empresas para llevar a cabo los proyectos sociales.

También evalúan otras dimensiones como la sinapsis, o sea la articulación de las empresas con terceros, y la focalización sobre poblaciones vulnerables. Por último, está el reconocimiento que obtienen de sus pares, según explica Anamaría Martínez, subdirectora de reputación corporativa de JA&A.

Ojalá cada día más empresas decidan seguir el ejemplo y ayudar a las comunidades que lo requieren. Porque todos los actores salen beneficiados.