Ingenieros de petróleos arremeten contra consultas populares

Atacar a la industria minero-petrolera es tal vez una de las actividades más rentables hoy en Colombia. Criticar la explotación de petróleo, oro o cualquier otro recurso natural no renovable genera aplausos y hasta votos.

Así lo ve el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, quien se ha convertido en uno de los defensores de las actividades extractivas en el país y quien señala que detrás de la ola de consultas y acciones populares contra la industria petrolera hay mucha desinformación y una alta dosis de intereses políticos.

“La situación es realmente crítica”, dice, al advertir que actualmente hay acciones jurídicas contra la actividad petrolera en por lo menos 38 municipios de 8 departamentos. Se destacan los casos de Arauca, Casanare y Meta. El otro caso preponderante es el de San Martín, en Cesar, municipio que es el piloto en materia de explotación de no convencionales, léase fracking.

“Con estas decisiones ya pueden estar en juego cerca de 200.000 barriles de producción de crudo diarios”, explicó. Dice que las consultas tienen un efecto nefasto, pues aunque la jurisprudencia señala que no se afectan derechos adquiridos –esto es, los de empresas que ya hacen explotación de crudos hoy– las firmas consideran un “imposible fáctico” continuar con sus actividades de exploración y explotación en municipios donde los electores le han dicho no a la minería y al petróleo a través de consultas.

“Las inversiones de muchas empresas se han ralentizado, pues hacer gestión en un ambiente tan tenso resulta muy difícil”, explica este ingeniero de petróleos que fue director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y es un experto en los temas del sector.

Ahora como presidente de Acipet ha asumido la defensa del sector frente al boom de acciones jurídicas que se están dando. Con esto está yendo a contracorriente, pues hoy resulta mucho más fácil atacar a la que es, sin duda, una importante generadora de divisas para el país.

La pelea ha sido peleando, pues además de estar presente en distintos debates, él y otros dirigentes gremiales han asumido una estrategia legal para reivindicar lo que consideran son también los derechos de muchos colombianos.

Ya plantearon ante la Corte Constitucional que analice un estado de “cosas inconstitucional”, por la vulneración masiva de los derechos económicos, al trabajo, a la sostenibilidad fiscal, al debido proceso y electorales de una buena parte de la población colombiana, por cuenta de la ola de consultas populares contra esta actividad.

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El argumento es que las consultas populares se están convirtiendo en un mecanismo para decidir qué hacer con el subsuelo, una decisión de Estado que no puede recaer solo en los que piensan algunos habitantes de ciertos municipios en el país.

Para él es claro que las consultas populares son un mecanismo legítimo de participación ciudadana, pero que se debe límitar a la administración del uso del suelo y no extenderse para definir las condiciones de uso de los recursos del subsuelo, gestión que es un asunto de Estado. El trabajo de Vera ha ido de la mano con otros gremios como la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Campetrol, Aciem y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), entre otros.

¿Industria sostenible?

La defensa de la industria supone la idea de que realmente la explotación de hidrocarburos y otras materias primas se puede hacer de buena forma y mitigando los impactos al ambiente y las comunidades.

“Es posible desarrollar la explotación sostenible de los recursos del país”, dice Vera. “Ello es así a través de estándares técnicos, una buena relación con las comunidades y estableciendo procesos de mejoramiento continuo”, señaló.

Dijo inclusive que está comprobado que es posible realizar la actividad de fracking sin tener impactos ni en los acuíferos, ni en las aguas superficiales y sin efectos secundarios por sismicidad.

“En materia de no convencionales llevamos un desarrollo de 12 años en el país, buscando la mejor regulación para que se implementen estándares, inclusive por encima de los internacionales”, comentó el dirigente gremial.

Como ejemplo señaló la regulación que hay en otros países sobre la distancia mínima que debe haber entre actividades de fracturación de roca y los acuíferos.

“En Argentina no se puede fracturar roca a menos de 300 metros de un acuífero –dijo–; en Estados Unidos, a menos de 100 metros y en Colombia no se puede a menos de 500 metros. Es lo mismo que ocurre con las regulaciones sobre la fractura de roca cerca de fallas geológicas; en Colombia el estándar es más estricto que en otros países”.

Asegura, de otra parte, que Colombia ha obtenido mucha información sobre sus suelos y sistema geológicos, pues solo en la zona del Magdalena Medio se han perforado más de 5.000 pozos y sobre todos ellos hay información disponible. Además, destacó que las empresas siguen invirtiendo en obtener más información geológica de las zonas donde operan.

Para este año, la Asociación tiene proyectado iniciar una estrategia de divulgación con el objetivo de que al menos los habitantes de las zonas donde se desarrollan las consultas tomen una decisión informada.

Con ese fin se realizarán –en conjunto con Ecopetrol, Cenit y el Instituto Von Humboldt– 3.600 actividades pedagógicas regionales en 240 municipios durantes los próximos tres años.

De otra parte, mantendrán la acción decidida ante los jueces, pues Vera considera que aún es necesario que los encargados de impartir justicia escuchen los argumentos de quienes consideran que la industria extractiva es una fuente de desarrollo para las regiones y para el país en general.

El principal reto es demostrar que los ingenieros de petróleos, a los que Acipet agremia, tienen el legítimo derecho de participar como actores principales en los procesos jurídicos con los que se busca prohibir las actividades petroleras. Puso como ejemplo varios fallos de jueces que han desestimado las aciones de Acipet, por considerar que el gremio no tiene legitimación para actuar en procesos jurídicos como las consultas populares.

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En un ambiente caldeado contra la actividad, las opiniones de Vera, junto con las de otros representantes gremiales que defienden esta industria, son un punto de vista importante que no se puede ignorar. Lo que ocurra con este sector es clave para el futuro del país; un asunto de Estado.

Ola de consultas

En los últimos años, los mecanismos de participación popular han sido usados para definir si una población específica quiere aceptar actividades de exploración y explotación de recursos naturales como el petróleo o el oro.

Para Julio César Vera, presidente de Acipet, el mecanismo es legítimo ya está a disposición de la ciudadanía. Sin embargo, considera que la tendencia se explica por dos razones: primero, porque en las zonas productoras hay descontento por cuenta de los menores niveles de regalías que vienen recibiendo. Así que se ha buscado presionar a la industria y al Gobierno a través de este mecanismo.

La otra causa, según Vera, es que este es un año electoral y ya se están viendo casos de personas que han liderado desde las regiones estas iniciativas, para buscar apoyo en su aspiración al Congreso de la República.

Según él, se desinforma mucho sobre el impacto de la industria minera y petrolera. Hasta el momento las poblaciones de Cumaral y Arbeláez han votado ‘no’ a la actividad petrolera. Además, se están adelantando consultas en Macarena, Granada, Yopal y otros municipios.