¿Cómo se financiará el posconflicto?

Después del huracán que dejó la votación del plebiscito en el proceso de paz con las Farc y de las discusiones en el Congreso para la implementación de los acuerdos, viene la definición del costo que tendrá el posconflicto y de dónde deben salir los recursos. Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, explica los alcances. Entrevista.

¿Qué aproximaciones tiene Fedesarrollo sobre los costos del posconflicto?

Hemos estado mirado desde distintas ópticas a los llamados costos del posconflicto, que yo los interpreto de una manera distinta porque en muchas oportunidades son los costos de la inversión que uno quisiera hacer en desarrollo rural y que posiblemente sea una buena oportunidad para hacerlos.

Hay dos tipos de cálculos que coinciden más o menos. Uno que lideró Juan Mauricio Ramírez para la misión rural y trató de cuantificar ese costo. Lo que le daba era que el costo neto, que no correspondía a cosas programadas o a cosas que no pudieran reasignarse desde otros rubros, era del orden de 0,6% del PIB anual. Y más recientemente hay un trabajo, cuya última versión se está terminando, y que es elaborado por Roberto Junguito, Juan José Perfetti y Marta Delgado. Este se refiere a los costos de los puntos uno y cuatro del acuerdo.

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La mayor parte del documento se refiere a las implicaciones que tiene la participación comunitaria. Pero allí hay una parte fiscal y coincide en que el costo puede estar en el rango de 0,5% a 0,6% del PIB anual.

¿Cómo se financia eso?

Esa es la gran pregunta y hasta qué punto van a ser reasignaciones presupuestales, que es lo que entiendo ha planteado el Ministerio de Hacienda y que comparto. Lo tenemos que pagar los colombianos con impuestos o reduciendo gastos en otros frentes.

¿Hay espacio para esos recortes?

El problema es qué tanto espacio hay para recortar y hacer el ajuste necesario en otros frentes para financiarlo. Ese va a ser un reto enorme y muy importante en ese proceso: no solo dónde se corta presupuesto en otros frentes, sino cómo se priorizan los gastos del posconflicto, cómo se hace de una manera gradual y de la manera más eficaz posible.

La posibilidad de una nueva reforma tributaria el año entrante está latente…

Lo que vemos es que las necesidades de contracción de gasto serán muy fuertes a partir de 2019. Por ahora, con el aumento del IVA y la parte del impuesto de renta de las empresas, realmente no hay una reducción sustancial, porque se mantuvo una sobretasa –en 6% este año y 4% para el año siguiente– de las empresas con ventas de más de $800.000 millones. Pero después desaparecen y no se reemplaza con nada. Esa desaparición hace que se diluya el impacto fiscal del aumento del IVA y nos vuelve a dejar con un recaudo parecido al que teníamos el año pasado y solo marginalmente mayor, pero el año pasado teníamos un déficit grande y la perspectiva hacia futuro es que tiene que caer. En 2019 y 2020 vamos a estar en dificultades para financiar un gasto razonable, como el que se necesita para todos los procesos de desarrollo rural del posconflicto.

¿Ve una eventual flexibilización de la regla fiscal?

Me parece muy difícil una discusión en ese sentido. Cualquier cosa que se haga en esa dirección tiene que justificarse de una manera fuerte y discutir sobre el déficit estructural. En este momento me parece inoportuno. Es posible que sea una discusión que surja en el gobierno entrante y durante el periodo 2018-2022 está previsto en la Ley que el proceso de reducción del déficit estructural sea más rápido de lo que venía antes y ahí podría caber una discusión de si es o no excesivo. Pero hacerla ahora creo que es una discusión inoportuna y apresurada.

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