La proactividad en la información

Nadie niega la importancia estratégica para el país, las regiones y los municipios, de contar con un portafolio robusto de proyectos de infraestructura que le permita a Colombia continuar impulsando su economía, generando empleos y conectado a las principales ciudades y a los centros de producción con los puertos del Pacífico o el Atlántico. 

Sin embargo, en la medida en que aumentan los contratos de infraestructura, también han venido creciendo las denuncias y manifestaciones, por parte de las comunidades beneficiadas, contra los proyectos. 

¿Por qué ocurre este fenómeno, si son ellos los primeros beneficiados? 

Diariamente vemos en los medios de comunicación, las redes sociales e incluso en las plazas públicas diferentes inconformidades que visibilizan el sentir de algunos habitantes del área de influencia frente a los proyectos. Las más frecuentes son las altas tarifas de los peajes, la contratación de mano de obra externa y escaso compromiso en materia de adquisición de bienes y servicios con las empresas del área de influencia. Pocas veces estas críticas son reales y tienen algún tipo de justificación. 

Por mi trabajo, diariamente debo experimentar y atender este tipo de manifestaciones, por lo que considero que la causa, en gran medida, se centra en dos razones: primero, en que nunca se establece un objetivo y/o un propósito compartido entre las comunidades y los proyectos, y segundo, porque lastimosamente estas megaobras se han convertido en vehículos políticos que son aprovechados por personas que, sin ningún interés por el bienestar general, los utilizan como un mecanismo para impulsar sus beneficios personales.

Por ejemplo, cuando señalo que no hay propósito compartido entre la comunidad y los proyectos, me refiero a que durante la estructuración y diseño, pero también en la etapa de preconstrucción, no se vinculan adecuadamente a los municipios, no se establece un propósito que agrupe los intereses de las partes y tampoco se hace un esfuerzo real por socializar una obra que, sin duda alguna, cambiará la dinámica y el funcionamiento de las zonas por las que atraviesa. 

Usualmente las comunidades son vistas como una audiencia y no como una parte interesada del proyecto, un cambio de enfoque no solo mejoraría el entorno de opinión pública de los proyectos, sino que permitiría consolidar como aliados y validadores a estos grupos de interés. 

Ahora bien, con respecto a la politización de los proyectos, no hay mucho que explicar ni que contextualizar, lastimosamente es una práctica normal y común en lugares donde se ejecutan proyectos a gran escala. Esta realidad representa una oportunidad para que los concesionarios o contratistas tengan mayores iniciativas y construyan una agenda proactiva y no reactiva sobre las múltiples oportunidades y beneficios que representan los grandes proyectos. Actualmente la agenda de los proyectos es controlada por estos líderes y eso es indispensable cambiarlo. 

Como pueden ver, ambas razones están directamente relacionadas con la importancia de desarrollar un proceso efectivo y estratégico de comunicaciones. Vivimos en el siglo XXI y la necesidad de información es mayor, la gente controla y consume solo lo que le interesa y las nuevas plataformas digitales generan enormes posibilidades que están siendo desaprovechadas.

Las entidades contratantes (ANI, Invías, etc.) tienen una enorme oportunidad para tratar de corregir las exigencias contractuales que definen los parámetros en materia de socializaciones y comunicaciones que deben tener los proyectos. Logrando un ajuste profundo y definiendo unas reglas de juego modernas, se podrán diseñar estrategias exitosas que involucren a las comunidades y generen una agenda proactiva en materia de comunicaciones. Todo esto, al final de cuentas, con el objetivo de visibilizar correctamente los beneficios de las inversiones que realiza el Estado en materia de infraestructura y construir un entorno favorable para el normal desarrollo de los proyectos.