Concesiones en serio riesgo por parálisis y pánico de los viajeros

A mediados de febrero el sector de la infraestructura soñaba con uno de los mejores años de la historia. Por fin se había reactivado buena parte de las 29 autopistas de la cuarta generación de concesiones (4G) y la dinámica en ventas de cemento y acero comenzaba a marcar una tendencia creciente, luego de varios años grises. Ahora el mundo se detuvo. Miles de ingenieros, obreros y distribuidores de materiales e insumos no volvieron a las obras para contribuir a frenar la expansión del nuevo coronavirus.

Las empresas constructoras entraron en pánico al advertir que algunas obras no pueden parar abruptamente, por el riesgo de afectar la estabilidad de alguna de las estructuras. Un ejemplo claro de esto lo tiene la concesión Autopista Río Magdalena que, a la fecha, sigue construyendo un imponente puente sobre el principal afluente de Colombia.

La estructura tiene un avance de 88% y parar en este momento sería muy riesgoso debido a que no han empatado las partes del tablero principal. El concesionario mantiene activo este frente de obra y tomó acciones para minimizar el riesgo de contagio entre los trabajadores.

Se trata de una excepción, pues casi todas las obras en el país están paralizadas.

Las empresas especializadas en consultoría tienen un margen más amplio. Algunos proyectos, como Regiotram y Metro están en la fase de diseños definitivos. “Sin embargo, en algún momento un ingeniero o especialista deberá viajar a terreno a tomar muestras, medidas o cálculos, ahí se frenaría todo”, comenta un consultor que por el momento trabaja en casa.

¿Qué viene ahora?

No parece viable reactivar en este momento la ejecución de las obras para, de esta manera, salvar el sector, las empresas y la economía. La prioridad es clara: salvar vidas y evitar más contagios. Queda pendiente entonces qué hacer con los contratos, los plazos, los créditos bancarios, las nóminas de los trabajadores, el despacho de materiales, las pólizas y hasta los contratos con los proveedores.

El Ministerio de Transporte expidió varias normas para mitigar el impacto. Una de ellas, la resolución 471 del 22 de marzo, establece medidas como suspender los términos en las actuaciones administrativas y contractuales suscritas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Esa bocanada de aire resulta insuficiente. Los constructores afirman que lo más grave será actualizar el tráfico, proyecciones y movimiento de carga con que calcularon cada proyecto. “Esas proyecciones hicieron viable cada carretera, puerto y aeropuerto”, comenta un ingeniero vinculado a una concesión.

Además, son los mismos datos que cada mes tiene en cuenta un banco o entidad crediticia para girar los recursos para continuar una obra. Si esas condiciones cambian, el banco puede cerrar el grifo.

El gobierno nacional responde que ha establecido líneas de crédito para mejorar la liquidez de las empresas. Pero no está muy claro en qué condiciones y por cuánto tiempo mantendrá irrigado el sistema.

Lo peor que podría pasar es que los actuales concesionarios y constructores de obra pública alegaran motivos de fuerza mayor, que obviamente los hay, para parar proyectos unilateralmente.

Es previsible que por esa vía haya muchos pleitos en el sistema de conciliación administrativa o judicial, no tanto por el reconocimiento de los daños y perjuicios, que parece evidente, sino por el valor de eventuales indemnizaciones o compensaciones en dinero o tiempo. El Gobierno, concesionarios y constructores deben ser más pragmáticos, pues a ningún país le sirve tener el sector parado o lleno de demandas y tribunales en una etapa de posCovid-19.

Todo lo contrario, ahora hay que ejecutar y contratar obras como mecanismo anticíclico que permita generar empleo y optimizar la conectividad del país.

Gran acuerdo nacional

A nadie le conviene entrar en demandas y tribunales por contratos paralizados. La prioridad es reactivar las obras lo más pronto posible, para obtener los desembolsos de las vigencias futuras, devolverles liquidez a las firmas y reactivar el empleo. En solo 4G se dice que en 2019 se crearon unos 100.000 puestos de trabajo y antes de la pandemia para este año había una proyección incluso superior. Algunos afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura proponen un gran acuerdo nacional que permita tomar acciones rápidas para reactivar el sector y al mismo tiempo proteger la salud de los trabajadores con nuevos protocolos que reduzcan la posibilidad de contagio. El acuerdo debe incluir a los bancos, aseguradoras, proveedores de materiales, gremios y comunidades afectadas con la parálisis de las obras. Una demora en la toma de decisiones en este frente puede afectar lo ejecutado a la fecha, lo que resultaría aún peor.