Bogotá
¿El carrusel de Petro?
Una ola de nuevas denuncias sobre aparentes irregularidades en la contratación de Bogotá, planteadas desde diversos sectores, apuntan hacia una posible evasión de procesos licitatorios dentro del Distrito.
18 de octubre de 2013
Algo está pasando con la contratación de Bogotá. No es fortuito que durante los últimos días hayan salido a relucir, desde varios flancos, aparentes irregularidades en esa materia. La Veeduría, por ejemplo, aseguró en un reciente informe que el Distrito está evadiendo licitaciones bajo el escudo del decreto 777 de 1992, el cual permite contratar directamente con ONG y organizaciones sin ánimo de lucro.
Días antes de salir a la luz aquella advertencia, los concejales Antonio Sanguino y Juan Carlos Flórez, por su parte, revelaron sendas anomalías en una licitación mediante la cual la Secretaría de Integración Social pretendía reformular la seguridad alimentaria de Bogotá.
En su momento, los dos cabildantes descubrieron que la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa ganadora del proceso, estaba vinculada al carrusel de contratos de la Administración Samuel Moreno. El hallazgo precipitó la renuncia de Teresa Muñoz, entonces secretaria de Integración y –hasta el momento– una de las bajas más sensibles que ha sufrido Gustavo Petro.
Pero ahí no se detienen las cosas. A finales de septiembre, el concejal Javier Palacio llegó a una conclusión preocupante: según él, 96% de los contratos firmados por las 12 secretarías de la capital –durante el primer semestre de 2013– pasó por alto los procesos licitatorios obligados por la Ley 80. “De los 15.019 contratos celebrados por esta docena de entidades, 14.521 fueron a dedo. Esto es una clara violación del estatuto anticorrupción”, señalaba entonces Palacio.
Y, para rematar, el Consejo de Estado emitió hace poco un fallo según el cual la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) deberá asistir a los debates de control que considere necesario llevar a cabo el Cabildo capitalino. Amparada en ese concepto, la concejal María Victoria Vargas piensa citar en días venideros a Saúl Kattan, presidente de la ETB, para revisar con lupa los contratos que, a su juicio, ha suscrito esa entidad sin tener en cuenta los procesos de concurso público establecidos por ley.
Esta inusitada coyuntura, más allá de prender las alarmas dentro de los bogotanos, está planteando una abierta contradicción de las tesis que llevaron a Gustavo Petro al Palacio Liévano. Básicamente porque en calidad de candidato, el hoy Alcalde se mostró como el más férreo enemigo de la corrupción y, dentro de su campaña, no hizo otra cosa que enarbolar las banderas de la transparencia.
Es más, fue el mismo Petro quien develó la génisis y el modus operandi de lo que a la postre se convertiría en el tristemente célebre carrusel de contratos.
En aquella época, luego de analizar el comportamiento contractual de la pasada Administración, Petro se encontró con algo categórico: “(Samuel Moreno) concentraba la contratación mediante prácticas que eludían la licitación pública y transparente; auspiciaba las adjudicaciones cerradas o a dedo y abusaba de los convenios interadministrativos”.
Así las cosas, con todo lo que está pasando últimamente en Bogotá, ¿se estará repitiendo la historia escrita durante la era Moreno Rojas? Con el ánimo de responder ese interrogante, periodistas de esta Revista llegaron hasta los más de 15.000 contratos y convenios que, a la luz del Concejal Javier Palacio, violaron los estatutos contractuales. Al sumar sus montos, los dineros en juego superarían los $100.000 millones.
Dinero revela a continuación algunos de esos polémicos documentos firmados en lo que va corrido del año. No sobra advertir que todos ellos ya están en manos de la Procuraduría, la Fiscalía y la Personería de Bogotá.
Un asunto ‘dedocrático’
Contenido dentro de ese abanico de discutidos contratos, quizás el más llamativo es el 1100100-065 de 2013, un convenio interadministrativo suscrito entre la Secretaría General y la ETB por $40.000 millones. Su objeto es dejar en cabeza de la ETB el manejo de las inversiones publicitarias y de comunicación del Distrito; o, en palabras más simples, convertir a esa empresa en una especie de central de medios.
Una decisión que tiene tanto de largo como de ancho. Juristas especializados en contratación pública señalan que la primera irregularidad es que, a pesar de no tener experiencia en asuntos de publicidad, se hubiera escogido directamente a la ETB para asumir esa misión. Pero habría que sumar allí un agravante: nunca fue abierto proceso licitatorio alguno encaminado a buscar una mejor opción dentro del mercado.
La segunda duda es igual de inquietante. Meses antes de confiar los dineros de la publicidad a la ETB, la junta directiva de la compañía decidió ampliar su objeto social para incluir, precisamente, temas publicitarios. Esa disposición, según los concejales Javier Palacio y María Victoria Vargas, no solo fue ilegal sino que se adoptó sin hacer los análisis comerciales que exige la ley.
Este convenio, sin embargo, no es el único que esconde misterios. También siembra interrogantes otro suscrito durante el primer semestre de este año entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Para la Economía Social (IPES) por $7.000 millones. En el documento quedó claro que con recursos públicos, el IPES desarrollará “un mecanismo que permita (…) ofrecer líneas de financiamiento y productos, dando prioridad a la población (…) que más dificultades tiene para acceder a los servicios financieros y (…) facilitando su acceso al crédito”.
Lo allí planteado, según palabras del cabildante Palacio, no es más “que disfrazar el banco Muisca que en su momento quiso hacer el Alcalde para prestarles plata a los integrantes de la economía informal, pero que el Concejo echó para atrás”. Y agrega: “esto es ilegal por dos razones: primero, porque no se pueden celebrar convenios interadministrativos cuando una de las partes no está cumpliendo con su objeto social –como en este caso el IPES–. Y, segundo, porque la ley prohíbe crear figuras de bancos como la acá planteada”.
Por último, no está demás mencionar el contrato 20131627 de 2013. Un convenio celebrado entre la Secretaría de Movilidad y la Universidad Distrital por $1.609 millones para que esta última se encargara de hacer la interventoría del sistema semafórico de Bogotá.
Lo curioso acá es que sobre los hombros de esa misma institución educativa recayó –en 2008– la responsabilidad de auditar la compra de 26.625 bombillas Led para modernizar los semáforos de la ciudad. Pese a su participación en aquel proceso, 8.000 luces resultaron dañadas. Al parecer este preocupante antecedente poco importó en dicha ocasión para elegir de nuevo y directamente a la U. Distrital.
Dinero buscó, en repetidas oportunidades, a Gustavo Petro para oír su versión. No obstante, su jefe de prensa, Rodrigo Silva, aseguró que una apretada agenda le impedía responder esta catarata de aparentes irregularidades.
El listado de contratos dudosos es de nunca acabar. Por ello desde varios sectores la pregunta que surge parece ser la misma: ¿se estará gestando un nuevo carrusel de contratos en las entrañas de la Administración Petro? De boca de los órganos de control llegará la respuesta.
Días antes de salir a la luz aquella advertencia, los concejales Antonio Sanguino y Juan Carlos Flórez, por su parte, revelaron sendas anomalías en una licitación mediante la cual la Secretaría de Integración Social pretendía reformular la seguridad alimentaria de Bogotá.
En su momento, los dos cabildantes descubrieron que la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa ganadora del proceso, estaba vinculada al carrusel de contratos de la Administración Samuel Moreno. El hallazgo precipitó la renuncia de Teresa Muñoz, entonces secretaria de Integración y –hasta el momento– una de las bajas más sensibles que ha sufrido Gustavo Petro.
Pero ahí no se detienen las cosas. A finales de septiembre, el concejal Javier Palacio llegó a una conclusión preocupante: según él, 96% de los contratos firmados por las 12 secretarías de la capital –durante el primer semestre de 2013– pasó por alto los procesos licitatorios obligados por la Ley 80. “De los 15.019 contratos celebrados por esta docena de entidades, 14.521 fueron a dedo. Esto es una clara violación del estatuto anticorrupción”, señalaba entonces Palacio.
Y, para rematar, el Consejo de Estado emitió hace poco un fallo según el cual la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) deberá asistir a los debates de control que considere necesario llevar a cabo el Cabildo capitalino. Amparada en ese concepto, la concejal María Victoria Vargas piensa citar en días venideros a Saúl Kattan, presidente de la ETB, para revisar con lupa los contratos que, a su juicio, ha suscrito esa entidad sin tener en cuenta los procesos de concurso público establecidos por ley.
Esta inusitada coyuntura, más allá de prender las alarmas dentro de los bogotanos, está planteando una abierta contradicción de las tesis que llevaron a Gustavo Petro al Palacio Liévano. Básicamente porque en calidad de candidato, el hoy Alcalde se mostró como el más férreo enemigo de la corrupción y, dentro de su campaña, no hizo otra cosa que enarbolar las banderas de la transparencia.
Es más, fue el mismo Petro quien develó la génisis y el modus operandi de lo que a la postre se convertiría en el tristemente célebre carrusel de contratos.
En aquella época, luego de analizar el comportamiento contractual de la pasada Administración, Petro se encontró con algo categórico: “(Samuel Moreno) concentraba la contratación mediante prácticas que eludían la licitación pública y transparente; auspiciaba las adjudicaciones cerradas o a dedo y abusaba de los convenios interadministrativos”.
Así las cosas, con todo lo que está pasando últimamente en Bogotá, ¿se estará repitiendo la historia escrita durante la era Moreno Rojas? Con el ánimo de responder ese interrogante, periodistas de esta Revista llegaron hasta los más de 15.000 contratos y convenios que, a la luz del Concejal Javier Palacio, violaron los estatutos contractuales. Al sumar sus montos, los dineros en juego superarían los $100.000 millones.
Dinero revela a continuación algunos de esos polémicos documentos firmados en lo que va corrido del año. No sobra advertir que todos ellos ya están en manos de la Procuraduría, la Fiscalía y la Personería de Bogotá.
Un asunto ‘dedocrático’
Contenido dentro de ese abanico de discutidos contratos, quizás el más llamativo es el 1100100-065 de 2013, un convenio interadministrativo suscrito entre la Secretaría General y la ETB por $40.000 millones. Su objeto es dejar en cabeza de la ETB el manejo de las inversiones publicitarias y de comunicación del Distrito; o, en palabras más simples, convertir a esa empresa en una especie de central de medios.
Una decisión que tiene tanto de largo como de ancho. Juristas especializados en contratación pública señalan que la primera irregularidad es que, a pesar de no tener experiencia en asuntos de publicidad, se hubiera escogido directamente a la ETB para asumir esa misión. Pero habría que sumar allí un agravante: nunca fue abierto proceso licitatorio alguno encaminado a buscar una mejor opción dentro del mercado.
La segunda duda es igual de inquietante. Meses antes de confiar los dineros de la publicidad a la ETB, la junta directiva de la compañía decidió ampliar su objeto social para incluir, precisamente, temas publicitarios. Esa disposición, según los concejales Javier Palacio y María Victoria Vargas, no solo fue ilegal sino que se adoptó sin hacer los análisis comerciales que exige la ley.
Este convenio, sin embargo, no es el único que esconde misterios. También siembra interrogantes otro suscrito durante el primer semestre de este año entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Para la Economía Social (IPES) por $7.000 millones. En el documento quedó claro que con recursos públicos, el IPES desarrollará “un mecanismo que permita (…) ofrecer líneas de financiamiento y productos, dando prioridad a la población (…) que más dificultades tiene para acceder a los servicios financieros y (…) facilitando su acceso al crédito”.
Lo allí planteado, según palabras del cabildante Palacio, no es más “que disfrazar el banco Muisca que en su momento quiso hacer el Alcalde para prestarles plata a los integrantes de la economía informal, pero que el Concejo echó para atrás”. Y agrega: “esto es ilegal por dos razones: primero, porque no se pueden celebrar convenios interadministrativos cuando una de las partes no está cumpliendo con su objeto social –como en este caso el IPES–. Y, segundo, porque la ley prohíbe crear figuras de bancos como la acá planteada”.
Por último, no está demás mencionar el contrato 20131627 de 2013. Un convenio celebrado entre la Secretaría de Movilidad y la Universidad Distrital por $1.609 millones para que esta última se encargara de hacer la interventoría del sistema semafórico de Bogotá.
Lo curioso acá es que sobre los hombros de esa misma institución educativa recayó –en 2008– la responsabilidad de auditar la compra de 26.625 bombillas Led para modernizar los semáforos de la ciudad. Pese a su participación en aquel proceso, 8.000 luces resultaron dañadas. Al parecer este preocupante antecedente poco importó en dicha ocasión para elegir de nuevo y directamente a la U. Distrital.
Dinero buscó, en repetidas oportunidades, a Gustavo Petro para oír su versión. No obstante, su jefe de prensa, Rodrigo Silva, aseguró que una apretada agenda le impedía responder esta catarata de aparentes irregularidades.
El listado de contratos dudosos es de nunca acabar. Por ello desde varios sectores la pregunta que surge parece ser la misma: ¿se estará gestando un nuevo carrusel de contratos en las entrañas de la Administración Petro? De boca de los órganos de control llegará la respuesta.
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