Baldíos
¡Qué viacrucis!
Mientras el Gobierno trata de resolver los problemas del sector agrario, los campesinos siguen sin poder legalizar miles de predios que les corresponden por derechos ancestrales. Consecuencias sociales y económicas de este fenómeno.
18 de octubre de 2013
Revestida entre una larga ruana que llega hasta sus pies y apenas deja entrever asomos de unas alpargatas tejidas en fibra natural, Fideligna Farfán de Castro dice que tras la muerte de su marido nunca imaginó vivir de nuevo una situación tan dolorosa. Por desventura estaba equivocada: al poco tiempo de enviudar, un nuevo viacrucis se interpuso en el camino.
Esta vez fue su fallido empeño por obtener los títulos que la acreditan como propietaria de la finca Piedra Caliente, enclavada en la vereda Tibita, municipio de Villapinzón. Desde 2002, según cuenta, no ha hecho otra cosa que tratar de demostrarle al Estado –con documentos en mano– que sus derechos sobre ese predio son inalienables. Batalla que, no obstante, hasta hoy solo le ha dejado amarguras.
Similar a este caso podría ser el que se entreteje alrededor de la hacienda Cejalito. Una vasta porción de tierra –41.105 hectáreas– extendida en pleno corazón de la vereda La Cristalina, municipio de San Martín, Meta, donde 43 familias campesinas dedican sus días al levante de ganado bovino y porcino. Su dolor de cabeza, sin embargo, es que a pesar de ser poseedoras ancestrales del terreno, aún no han podido titularlo oficialmente por problemas jurídicos. Para mayores señas, una demanda interpuesta –en 2006– ante el Consejo de Estado contra la resolución 00665 que extinguía el derecho de dominio privado, de inmediato convirtió a Cejalito en un baldío reservado de la nación.
Estos dos episodios son tan solo un abrebocas de la situación por la que atraviesan los miles de campesinos del país que luchan infructuosamente por formalizar sus predios. Humildes lugareños que durante años han labrado las tierras donde nacieron y que, entre otras, cosas recibieron como herencia de sus ancestros, pero las cuales permanecen en la informalidad porque nunca fueron tituladas por el Estado.
Lo más preocupante para ellos es saber que la Ley de Restitución de Tierras de poco o nada les sirve, pues se trata de una política encaminada a devolver exclusivamente los territorios que alguna vez pertenecieron a víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado de grupos guerrilleros o paramilitares.
Así las cosas, el panorama de los campesinos cuyos dominios no pueden ser formalizados parece dormir sobre un lecho de espinas. Pero, verdaderamente, ¿qué es lo que está en juego con esta problemática? A la luz del abogado Freddy Ricardo Argüello, director de la organización Tierra y Paz, lo primero para tener en cuenta es que se trata de una situación que toca de frente buena parte de la geografía nacional: fundamentalmente a los municipios de la Sabana, el altiplano Cundiboyacense, Boyacá, Tolima, Antioquia, Córdoba, Sucre, los Santanderes y la Orinoquia.
El segundo aspecto es que de los 14 millones de predios que hoy no están titulados en Colombia, tal y como aparece en los registros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 26% pertenecen a los colonos que se asientan sobre las regiones mencionadas. Y, finalmente, no sobra recordar que ese porcentaje de tierra campesina está avaluada en unos $70 billones.
Ese panorama pone de manifiesto el enorme desafío que tiene por delante el Estado a la hora de definir el futuro que correrán estos extensos predios de vocación agraria. Pero, ¿cuáles son exactamente las trabas con las que se están encontrando los campesinos al momento de legalizar sus territorios y cuáles las consecuencias que acarrea este fenómeno al país?
Un botón de muestra
Desde temas jurídicos hasta engorrosos e interminables trámites medioambientales son esos pesados lastres con los que hoy cargan a cuestas los colonos.
Un ejemplo que ilustra como ninguno esta coyuntura se da en los Llanos Orientales, Meta. Allí, los 13 municipios que surcan los anillos de protección del Parque de la Macarena no pueden ser objeto de adjudicación vía resoluciones administrativas por una razón inadmisible: porque después de haber expedido –hace 24 años– el decreto 1989 mediante el cual se creó el Distrito de Manejo Integral del Guayabero Alto y el Parque de la Macarena, el Estado aún no lo ha reglamentado.
“Eso significa que, mientras no se reglamente allí el uso del suelo, no será posible realizar adjudicación de predios baldíos a sus ocupantes actuales y colonos que han alimentado a este país durante los últimos 30 años –explica Argüello–. Sin embargo, en contraste con esta situación, se siguen expidiendo licencias de exploración y explotación minera en el mismo corazón del Parque de la Macarena y en las zonas periféricas, pues a lo largo de 5,8 millones de hectáreas –más de lo que hay sembrado en comida– han sido otorgados 9.000 títulos mineros”.
A juicio de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena, para reglamentar aquel decreto son necesarios $14.000 millones. Pero lo más inquietante es que, según reposa en sus libros contables, en este momento la entidad solo tiene $1.400 millones disponibles para atender esa situación, es decir que luego de dos décadas y media aún falta 90% de los recursos por gestionar.
Por lo pronto, mientras se define este caso puntual, parece que las medidas políticas y económicas que viene tomado últimamente el Gobierno para frenar la crisis agraria –que por años ha azotado al país– no parecen suficientes. A tal punto que, tal y como advierten en la Organización Tierra y Paz, si no se adoptan medidas claras para legalizar las tierras campesinas, tarde o temprano el país volverá a ser escenario de revueltas y movilizaciones, incluso más violentas que las vividas en meses pasados.
Consultado sobre el tema, en un intercambio de mensajes escritos con periodistas de Dinero, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, se abstuvo de responder. Así pues, en el aire queda un interrogante: ¿terminará algún día ese letargo que por cinco décadas le ha impedido al campo colombiano aprovechar su verdadero potencial?
Esta vez fue su fallido empeño por obtener los títulos que la acreditan como propietaria de la finca Piedra Caliente, enclavada en la vereda Tibita, municipio de Villapinzón. Desde 2002, según cuenta, no ha hecho otra cosa que tratar de demostrarle al Estado –con documentos en mano– que sus derechos sobre ese predio son inalienables. Batalla que, no obstante, hasta hoy solo le ha dejado amarguras.
Similar a este caso podría ser el que se entreteje alrededor de la hacienda Cejalito. Una vasta porción de tierra –41.105 hectáreas– extendida en pleno corazón de la vereda La Cristalina, municipio de San Martín, Meta, donde 43 familias campesinas dedican sus días al levante de ganado bovino y porcino. Su dolor de cabeza, sin embargo, es que a pesar de ser poseedoras ancestrales del terreno, aún no han podido titularlo oficialmente por problemas jurídicos. Para mayores señas, una demanda interpuesta –en 2006– ante el Consejo de Estado contra la resolución 00665 que extinguía el derecho de dominio privado, de inmediato convirtió a Cejalito en un baldío reservado de la nación.
Estos dos episodios son tan solo un abrebocas de la situación por la que atraviesan los miles de campesinos del país que luchan infructuosamente por formalizar sus predios. Humildes lugareños que durante años han labrado las tierras donde nacieron y que, entre otras, cosas recibieron como herencia de sus ancestros, pero las cuales permanecen en la informalidad porque nunca fueron tituladas por el Estado.
Lo más preocupante para ellos es saber que la Ley de Restitución de Tierras de poco o nada les sirve, pues se trata de una política encaminada a devolver exclusivamente los territorios que alguna vez pertenecieron a víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado de grupos guerrilleros o paramilitares.
Así las cosas, el panorama de los campesinos cuyos dominios no pueden ser formalizados parece dormir sobre un lecho de espinas. Pero, verdaderamente, ¿qué es lo que está en juego con esta problemática? A la luz del abogado Freddy Ricardo Argüello, director de la organización Tierra y Paz, lo primero para tener en cuenta es que se trata de una situación que toca de frente buena parte de la geografía nacional: fundamentalmente a los municipios de la Sabana, el altiplano Cundiboyacense, Boyacá, Tolima, Antioquia, Córdoba, Sucre, los Santanderes y la Orinoquia.
El segundo aspecto es que de los 14 millones de predios que hoy no están titulados en Colombia, tal y como aparece en los registros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 26% pertenecen a los colonos que se asientan sobre las regiones mencionadas. Y, finalmente, no sobra recordar que ese porcentaje de tierra campesina está avaluada en unos $70 billones.
Ese panorama pone de manifiesto el enorme desafío que tiene por delante el Estado a la hora de definir el futuro que correrán estos extensos predios de vocación agraria. Pero, ¿cuáles son exactamente las trabas con las que se están encontrando los campesinos al momento de legalizar sus territorios y cuáles las consecuencias que acarrea este fenómeno al país?
Un botón de muestra
Desde temas jurídicos hasta engorrosos e interminables trámites medioambientales son esos pesados lastres con los que hoy cargan a cuestas los colonos.
Un ejemplo que ilustra como ninguno esta coyuntura se da en los Llanos Orientales, Meta. Allí, los 13 municipios que surcan los anillos de protección del Parque de la Macarena no pueden ser objeto de adjudicación vía resoluciones administrativas por una razón inadmisible: porque después de haber expedido –hace 24 años– el decreto 1989 mediante el cual se creó el Distrito de Manejo Integral del Guayabero Alto y el Parque de la Macarena, el Estado aún no lo ha reglamentado.
“Eso significa que, mientras no se reglamente allí el uso del suelo, no será posible realizar adjudicación de predios baldíos a sus ocupantes actuales y colonos que han alimentado a este país durante los últimos 30 años –explica Argüello–. Sin embargo, en contraste con esta situación, se siguen expidiendo licencias de exploración y explotación minera en el mismo corazón del Parque de la Macarena y en las zonas periféricas, pues a lo largo de 5,8 millones de hectáreas –más de lo que hay sembrado en comida– han sido otorgados 9.000 títulos mineros”.
A juicio de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena, para reglamentar aquel decreto son necesarios $14.000 millones. Pero lo más inquietante es que, según reposa en sus libros contables, en este momento la entidad solo tiene $1.400 millones disponibles para atender esa situación, es decir que luego de dos décadas y media aún falta 90% de los recursos por gestionar.
Por lo pronto, mientras se define este caso puntual, parece que las medidas políticas y económicas que viene tomado últimamente el Gobierno para frenar la crisis agraria –que por años ha azotado al país– no parecen suficientes. A tal punto que, tal y como advierten en la Organización Tierra y Paz, si no se adoptan medidas claras para legalizar las tierras campesinas, tarde o temprano el país volverá a ser escenario de revueltas y movilizaciones, incluso más violentas que las vividas en meses pasados.
Consultado sobre el tema, en un intercambio de mensajes escritos con periodistas de Dinero, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, se abstuvo de responder. Así pues, en el aire queda un interrogante: ¿terminará algún día ese letargo que por cinco décadas le ha impedido al campo colombiano aprovechar su verdadero potencial?
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