Presupuesto de la Rama Judicial estará a cargo de un economista

Uno de los retos más grandes que ha tenido en toda su vida José Mauricio Cuestas Gómez, director ejecutivo de Administración Judicial, es precisamente ese: haber asumido hace nueve meses este cargo, que para muchos es todo un “chicharrón”, ya que se trata nada más y nada menos que de ejecutar el presupuesto que destina el Gobierno Nacional a la Rama Judicial colombiana, que para 2018 fue de $4 billones.

Se presentó al cargo “por cosas de la vida”, pero no pensó que lo fueran a elegir, cuenta este economista cundinamarqués, que llegó a la rama después de trabajar durante casi seis años en el Departamento de Planeación Nacional y 29 años en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde inició su carrera profesional.

Allí arrancó como técnico y después fue ascendiendo hasta llegar a ser subdirector de presupuesto nacional de esta cartera durante 17 años, siendo en muchas oportunidades director encargado del área. Posteriormente, Hernando José Gómez, siendo director de Planeación Nacional, le ofreció la dirección de inversiones y finanzas públicas de la entidad. Estos cargos le permitieron participar activamente en toda la normativa que hoy rige el presupuesto público en Colombia, tema que lo apasiona.

Ahora, después de casi un año de estar trabajando con la Rama Judicial, dice que la experiencia “ha sido bonita” y que hay muchas cosas por hacer. El tema no es nuevo para él, ya que cuando trabajaba en el Minhacienda y lo nombraron profesional en el manejo técnico del presupuesto, la primera rama que le asignaron fue precisamente la judicial. De hecho, fue quien lideró el proceso de nivelación de esta, que se dio en 1993, producto de la Ley 4 de 1992, que estableció las normas, objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales.

Así las cosas, hoy –a la par de la docencia– se la juega por ejecutar el presupuesto que el Gobierno destina a la rama, para lo cual, sostiene el funcionario, se ha venido haciendo un gran esfuerzo en materia de eficiencia.

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2017 fue el año más alto en cuanto a ejecución del presupuesto en materia de inversión pública, gracias, entre otros, a un trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura. Mientras en 2012 se contrataba 54%, el año pasado se contrató 98% y la ejecución pasó de 22% a 74%.

Del total del presupuesto asignado para este año por el Gobierno a la Rama Judicial, es decir $4 billones, alrededor de 94% ($3,8 billones) corresponden a gastos de funcionamiento y de personal, mientras que $282.000 millones a gastos de inversión.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, los recursos asignados no son suficientes, sostiene Cuestas, quien dice que se requieren alrededor de $4,6 billones para las necesidades de la rama, que cuenta con 31.500 empleados.

Por esto, para 2019 se solicitó un presupuesto total de alrededor de $5 billones, básicamente por las deudas que tiene la rama en materia de sentencias (fallos judiciales en términos salariales y prestacionales), que llegan a casi $300.000 millones.

Para el funcionario, es indispensable revisar y buscar una salida a este tema, por lo cual propuso al Ministerio de Hacienda mirar alguna norma que le permita a la entidad expedir bonos con el fin de solventar dicha deuda.

Proyectos ambiciosos

Cuestas dice que la gran apuesta de la entidad es sistematizar todos los procesos y que en este sentido el gran sueño es apuntar a tener el expediente en línea. Por esto, viene trabajando en el tema de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura para “cambiarle la cara a la Rama Judicial desde el punto de vista administrativo”.

Para esto, la rama diseñó en 2012 el denominado “Plan Estratégico de Tecnología” y avanzó con algunos proyectos en materia de oralidad, pero en ese momento no contaba con recursos suficientes para su financiamiento.

Fue después, con el incremento en el recaudo y la asignación de los recursos propios, cuando el Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión de adelantar el proceso necesario para el desarrollo e implementación de la plataforma integrada para la Rama, proyecto que contará con el acompañamiento del Banco Mundial. “La entidad multilateral vendrá a hacernos toda la asesoría. En este orden de ideas, esperamos abrir el próximo año el proceso licitatorio para desarrollar la plataforma”, explica.

El costo del proyecto –sostiene– sería de alrededor de $80.000 millones, plata que saldría de los recursos que tiene la Rama en inversión. El objetivo es sistematizar todos los procesos. “En la medida en que se tecnifique y aproveche la tecnología y los desarrollos informáticos, se agiliza todo el tema procedimental y se brinda al sistema judicial todos los mecanismos necesarios en materia de seguridad”.

Agrega que, en líneas generales, si se sistematiza todo se beneficia no solamente el que administra justicia, sino también el que demanda justicia.

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Ciudadela judicial para Bogotá

Uno de los grandes proyectos que tiene la Rama Judicial en materia de infraestructura es la construcción de una ciudadela judicial en Bogotá, para lo cual el Consejo Superior de la Judicatura realizó la gestión con el fin de constituir la “APP- Proyecto Ciudadela Judicial para Bogotá”, con lo cual se logró que en 2017 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) apoyará la consultoría para la estructuración técnica, legal y económica y financiera del proyecto.

Los resultados de esta consultoría se presentaron a finales del año pasado, determinándose que el área requerida para todo el proyecto es de 222.642 metros cuadrados, que incluyen los lotes del Complejo Judicial de Paloquemao y el lote del Ministerio de Transporte en el cual se proyecta construir un área de 52.834 metros cuadrados y se encuentra en proceso de adquisición en el primer semestre de 2018.

En el segundo semestre del año se adelantarán los trámites de autorización de vigencias futuras ante el DNP y Minhacienda, para continuar con el proceso de contratación de la APP con el acompañamiento de Planeación y de los órganos de control.“Si todo sale como esperamos, la ciudadela, que cuesta más de $2 billones, estaría lista en unos cuatro años”, concluye José Mauricio Cuestas Gómez, director ejecutivo de Administración Judicial.